- Las nuevas disposiciones fortalecen la justicia administrativa en Baja California, amplían la participación ciudadana y reconocen nuevas garantías en materia de derechos humanos.
- Además, se institucionalizan fechas conmemorativas contra la violencia vicaria y la manipulación coercitiva.
En sesión ordinaria de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, se aprobaron por unanimidad diversos dictámenes que reforman el marco constitucional y legal del Estado, así como nuevas disposiciones de carácter social y simbólico orientadas a fortalecer los derechos ciudadanos.
Entre los asuntos destacados se encuentra la aprobación del dictamen que crea la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Baja California, impulsada por el magistrado Alejandro Isaac Fragoso López, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, con el objetivo de consolidar un sistema especializado para la resolución de controversias entre particulares y autoridades administrativas.
De acuerdo con lo expuesto, esta nueva legislación fortalece el acceso a la justicia y la tutela efectiva de derechos, al establecer procedimientos claros y un marco jurídico específico para la atención de conflictos en materia administrativa.
Asimismo, se norman mecanismos alternativos para la solución de disputas sin necesidad de acudir a juicio, siempre que los derechos involucrados sean negociables y no se encuentren legalmente restringidos, lo que permitirá agilizar procesos y reducir cargas administrativas.
En el ámbito social, se aprobó la iniciativa de la diputada Michel Sánchez para instituir el 11 de mayo como “Día Estatal contra la Violencia Vicaria” y el 26 de julio como “Día Estatal en conmemoración a las personas sobrevivientes de Manipulación Coercitiva”, con el propósito de visibilizar formas de violencia que generan graves afectaciones emocionales, familiares y sociales.
También fue dictaminada como favorable la propuesta de la misma legisladora para remitir al Congreso de la Unión una reforma a la Ley Federal del Trabajo, a fin de que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y las autoridades laborales de las entidades federativas emitan un modelo de protocolo que establezca los elementos mínimos para la prevención, atención y búsqueda de personas en los centros de trabajo y sus alrededores.
A iniciativa de la diputada Araceli Geraldo Núñez, se aprobaron reformas al Artículo 5 de la Constitución Política del Estado y al Artículo 2 de la Ley de Participación Ciudadana, incorporando los principios de accesibilidad, inclusión, interculturalidad, no discriminación y perspectiva de género como ejes rectores de la participación ciudadana.
Por su parte, la diputada Mayola Gaona presentó la reforma al Artículo 8 de la Constitución Estatal, cuyo dictamen resultó favorable, con el objetivo de fortalecer y ampliar los derechos de niñas, niños y adolescentes en Baja California, reconociendo su derecho a la interculturalidad, inclusividad, participación, opinión e igualdad.
En materia de derechos humanos, la diputada Alejandrina Corral impulsó la reforma al Artículo 7, apartado E, de la Constitución Política del Estado, estableciendo expresamente el derecho de toda persona a ser buscada en casos de desaparición forzada, cometida por particulares u otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, imponiendo al Estado la obligación de garantizar acciones de búsqueda, localización e identificación.
Finalmente, se avaló la propuesta para declarar como Benemérita a la Escuela Secundaria Magisterio No. 18, ubicada en el municipio de Mexicali, en reconocimiento a su trayectoria educativa y su compromiso con la formación docente.
En los trabajos legislativos participaron el presidente de la Comisión, diputado Juan Manuel Molina García, junto con las diputadas Alejandra Ang, Michel Sánchez, Maythé Méndez, Daylín García y el diputado Diego Echevarría, quienes respaldaron con su voto los dictámenes aprobados.
