Uno de los graves problemas que afrontan los bajacalifornianos, es el de la inseguridad pública. Aparejado con el de la violencia.
Los medios de comunicación, destilan sangre todos los días. Una nota, el pasado fin de semana, indicaba que el número de muertes, en el mes de febrero, tan solo en Tijuana, ascendía a 28. Que era el doble de lo que en el mismo período se había registrado.
“No se puede tapar el sol con un dedo”, decía en días pasados, el Alcalde Jorge Astiazarán, a manera de lamento o resignación. Pero nada dice, de retirar de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, a Alejandro Lares Valladares, mejor conocido como “El camillero”.
Podríamos decir, que Tijuana ya no debe seguir siendo “taller de aprendizaje”, para individuos improvisados y carentes de las más elementales aptitudes en materia de seguridad pública. Y esto es también a nivel estatal e incluso federal.
Decía otra nota periodística, esta semana, que el robo común, es uno de los más preocupantes y que refleja el grado de inseguridad prevaleciente en la entidad.
Durante 2015, se registraron 15 mil 574 robos sin violencia, de los cuales solamente 211 terminaron en mano de los juzgadores. De esos, solamente en 25 casos hubo sentencia condenatoria para los involucrados. Esto, en la ciudad de Mexicali.
Durante la última semana de enero, en reunión de trabajo sobre seguridad pública, que tuvo lugar en Acapulco, Guerrero, se dijo que Tijuana, se encuentra entre las ciudades mexicanas con el más elevado índice de violencia.
Los empresarios de la frontera, y los ciudadanos comúnes y corrientes, viven desesperados, pues observan que sus vidas y patrimonio, corren peligro, y que son parte de las trágicas estadísticas. Y las autoridades, no parecen hacer nada para cambiar las cosas.
Personajes que han laborado en las corporaciones policiacas estatales, cuentan que trataron de corregir vicios y desviaciones, o excesos, pero al final tuvieron que desistir, porque el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Baja California, no los dejó mover ni un solo dedo.
No obstante, el titular de la SSPE, Daniel de la Rosa, lleva más de un sexenio al frente de la institución. Seguramente en “reconocimiento” a la “eficiente” labor que ha desempeñado.
Definitivamente, el trabajo policiaco es pésimo, la tarea preventiva, prácticamente es inexistente.
La inseguridad pública. Se palpa en el ambiente y se refleja en los medios.
La ineficiencia de las autoridades policiacas, es notoria. No se puede ocultar, ni disimular.
Hay zonas de la ciudad, bastantes, que están a expensas de vagos y malvivientes. Como la mayoría de ellos no trabaja, y la vigilancia policiaca es nula, penetran a las viviendas, mientras sus habitantes acuden a sus trabajos.
Y las saquean. Los casos de pillería son constantes, aunque muchas personas no los denuncian, porque en la mayoría de los casos resultan una verdadera pérdida de tiempo.
No obstante, anuncian programas como el de ¡pónle el dedo al ratero! ¿De qué sirve ponerles el dedo, si la autoridad no hace nada para frenarlos. Mucho menos para detenerlos?
Es una burla, exhortar a los ciudadanos a denunciar a los tareros, si no se van a atender las denuncias.
Los pretextos para ello, sobran. Básicamente que no cuentan con recursos técnicos y humanos suficientes. En especial, que las denuncias llegan tarde y al no darse la flagrancia, tienen que liberarlos.
Curiosamente, en el área de seguridad pública, es en la que los recursos económicos se manejan con mayor ligereza y sin controles.
Esto lo saben quienes laboran en el Organo Superior de Fiscalización. Cuando revisan las cuentas públicas, la mayoría de las observaciones son en cuanto al manejo de recursos del Subsemun.
Se inflan precios, se adquieren productos de pésima calidad, se omiten las licitaciones y se desvían los recursos.
Los funcionarios que llegan a laborar en esa área, salen con los bolsillos retacados. Y no hay quien les haga algo.
Sabiendo esto, y ante la crisis finaciera que afronta el gobierno federal, principalmente por la baja en el precio del petróleo, este año se recortarán los recursos en las áreas de seguridad pública.
Lamentable, en tanto que la inseguridad pública y la violencia, se han generalizado. Ya tienen pretexto para tratar de justificar la ineficiencia en la materia.
Ciertamente, el Goberbador Kiko Vega ha anunciado que el gobierno estatal invertirá 334 millones de pesos, en infraestructura para seguridad.
Curiosa y extrañamente, el anuncio lo hace, a punto de arrancar las campañas políticas. En política, dicen, piensa mal y atinarás.
Que cada quien haga sus propias conjeturas.
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