Una penalidad de 5 a 15 años de prisión, es lo que propone el Diputado Luis Moreno ante el Congreso del Estado de Baja California, para todo aquel delincuente que comete el delito de robo de vehículo en Baja California.
Además, si el agravante se ejecuta con violencia, a la pena impuesta se le agregarán de 6 a 9 años de cárcel, precisó
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Ana Yajhaira García | Veraz
El diputado Fausto Gallardo García propuso ante el Pleno de la Asamblea Legislativa, la creación de la Ley de Responsabilidad Ambiental para el Estado de Baja California, la cual tiene el propósito de ampliar los instrumentos jurídicos para la solución de los conflictos ambientales, con posibilidades jurídicas y procesales, hasta ahora inexistentes en el sistema jurídico de la Entidad, que resuelvan lo que la responsabilidad administrativa, civil o penal no ha podido atender.
El presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (Cmads) de la XXIII Legislatura local argumentó que no obstante se encuentran diversos instrumentos jurídicos que tutelan y regulan el derecho al medio ambiente, no se garantiza en los hechos los principios reconocidos por el derecho ambiental.
“De ahí que resulta necesario legitimar a los ciudadanos para posibilitar su acceso a los tribunales; luego, es impostergable construir un sistema de justicia que posibilite la acción corresponsable del gobierno y la sociedad en la protección del ambiente, que garantice la efectiva reparación de los daños, la atención a las víctimas de la contaminación y que, al mismo tiempo, incentive a quienes no han optado por el cumplimiento de la normatividad que tutela el ambiente”, subrayó Gallardo García.
Agregó que, en congruencia con los principios internacionales sobre la reparación, su iniciativa propone que el daño ocasionado al ambiente sea primero reparado materialmente, antes de ser compensado. Consideró que no debe omitirse que el daño no solo tiene una naturaleza patrimonial y que trae consigo, simultáneamente, una afectación a los servicios ambientales de interés de la sociedad en su conjunto.
“En consecuencia, se propone la figura de compensación ambiental, que no requiere de cuantificación del daño en términos económicos, lo que muchas veces resulta imposible. Únicamente cuando resulte material o técnicamente imposible el restablecimiento o restauración total o parcial, será procedente la compensación ambiental regulada en la presente ley, así como el pago de daños patrimoniales derivados de la pérdida, deterioro, menoscabo, afectación o modificación de los elementos naturales”.
En ese sentido, el presidente de la Cmads explicó que la compensación ambiental se define como una inversión o pago en dinero, para lograr generar un efecto ambientalmente positivo, sustitutivo de la reparación total o parcial del daño ocasionado al ambiente, según resulte posible, y equivalente a los efectos adversos ocasionados al hábitat y a los ecosistemas.
Indicó, además, que mediante su propuesta legislativa busca privilegiar la solución de los conflictos ambientales a través del acuerdo de las partes, tales como la mediación, la conciliación, el proceso restaurativo y los demás que permitan la prevención y solución de controversias sin necesidad de intervención de los órganos jurisdiccionales, salvo para garantizar la legalidad y eficacia del convenio adoptado por los participantes y el cumplimiento del mismo.
“Finalmente, se propone la creación de un fondo de responsabilidad ambiental, que tendrá por objeto el pago de la reparación de los daños que sean ocasionados al ambiente, en los casos que por razones de urgencia o importancia determine la administración pública estatal”, concluyó el diputado Fausto Gallardo.
La Comisión de Salud, que preside la diputada Monserrat Caballero Ramírez, recibió al Secretario de Salud, doctor Alonso Oscar Pérez Rico, para que expusiera la situación que prevalece en la dependencia a su cargo.
También hicieron acto de presencia el presidente y la directora de la asociación civil Pro Oncología y Calidad de Vida (Proncavi), Homero Fuentes de la Peña y Edith Pérez Velázquez, respectivamente.
En la sesión ordinaria de la citada Comisión, la diputada Monserrat Caballero dio la bienvenida a los galenos invitados y manifestó que para la XXIII Legislatura reviste especial importancia la información que aporten los responsables del sector salud en torno a este tema, razón por la cual invitaron a los responsables del área.
Por su parte, en presencia de los diputados integrantes de esta Comisión, diputada Eva Griselda Rodríguez y María Trinidad Vaca Chacón, así como el diputado Elí Topete Robles, el invitado dio un breve resumen de la situación que priva en los hospitales del Estado.
“En Baja California no existe desabasto de medicamentos”, afirmó tajante el titular de Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), al ser cuestionado por la diputada Trinidad Vaca, respecto a la cadena de suministro que maneja la institución, en este momento.
Sin embargo, el tema giró especialmente en torno al cáncer de próstata, que es la función del Proncavi, respecto a lo cual su presidente, el médico oncólogo, Homero Fuentes, advirtió que el cáncer de próstata constituye una seria amenaza para la población masculina.
Precisó que, en los últimos tres años, en Baja California se han registrado 438 muertes a causa de esta enfermedad y recalcó que esta cifra podría incrementarse, especialmente en hombres de 65 años de edad en adelante.
Aseveró que la causa más frecuente de mortandad es el diagnóstico tardío, pues no existe la cultura entre los hombres de la auscultación para explorar si el paciente comienza a desarrollar este tipo de cáncer, cuando aún se puede curar.
El especialista en oncología dijo que, indebidamente, existe en la población la idea equívoca de que la exploración tiene alguna connotación sexual e informó que se puede hacer el examen en sangre, pero esto da resultados con 70 por ciento de certeza, en tanto que por medio del tacto la efectividad alcanza el 98 por ciento.
Por su parte, el titular del Insabi aseguró que luego del índice de fallecimientos a causa del corazón, las muertes por cáncer de próstata ocupan el segundo lugar.
Finalmente, el doctor Pérez Rico aseguró que, en la actualidad, el instituto a su cargo ha superado la escasez de medicamentos, en especial los de tratamiento para los niños con cáncer, gracias al esfuerzo que ha realizado el gobernador Jaime Bonilla Valdez, para atender este tema tan sensible.
Después del análisis y discusión en el seno de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales (Cglpc), que preside el diputado Juan Manuel Molina García, no se aprobó el proyecto de dictamen que contenía una iniciativa de reforma al artículo 8 de la Constitución local, la cual propone dar el carácter de organismos paraestatales, con personalidad jurídica y patrimonio propios, a los cuerpos de bomberos municipales.
Durante el debate de dicha iniciativa, presentada por la diputada del Partido del Trabajo, Claudia Josefina Agatón Muñiz, se apreció que su planteamiento de trasladar del Municipio al Estado las corporaciones de bomberos y, por lo tanto, convertirlos en entes paraestatales, afectaría a los mismos, pues de inicio la seguridad social que tienen dejarían de recibirla de Issstecali para pasar al IMSS.
Asimismo, se llegó a la conclusión de que dejarían de ser trabajadores de base para pasar a ser trabajadores de planta, con lo cual se afectarían sus derechos sindicales, ya que al pasarlos al Estado cambiaría su régimen laboral y podrían perder su compensación.
Por otro lado, durante el análisis de la referida propuesta legislativa, se discutió que en ella no se establece un artículo en donde se salvaguarden sus derechos laborales adquiridos, de ahí que se haya considerado que la reforma, lejos de beneficiarlos, los perjudicaría, siendo un hecho que de ninguna manera se les quitó su seguridad social o derecho alguno.
Al término de la sesión se precisó, inclusive, que por lo pronto los derechos de los bomberos quedan intocados.
En la sesión de este órgano de trabajo dictaminador de la Vigésima Tercera Legislatura, realizada ayer en la sala “Francisco Dueñas Montes” del Poder Legislativo, estuvieron presentes, aparte de su presidente Molina García, los y las legisladoras Eva Gricelda Rodríguez, Julia Andrea González Quiroz, Gerardo López Montes y Víctor Hugo Navarro Gutiérrez. Además, se contó con la presencia de la diputada Eva María Vásquez Hernández.
Después de que la diputada Claudia Agatón del Partido del Trabajo (PT) propusiera crear un Cuerpo de Bomberos como una entidad paraestatal (que apoye al Estado pero no forme parte de su administración), y se le sumarán 18 legisladores más, el Congreso de Baja California rechazó esta iniciativa.
Las autoridades argumentaron que no se optará por modificar la Constitución para brindarles seguridad social, puesto que su labor “no tiene una función estratégica o prioritaria en el desarrollo del Estado”.
Por su parte, Juan Manuel Molina del partido Morena y quien dirige esta cámara, mencionó que los bomberos son auxiliares en las funciones de protección civil pero no forman parte de los sistemas nacional, de acuerdo a InfoBaja.
La propuesta de Agatón al artículo 8 de la Constitución local, especificaba la regulación de “la organización, facultades, remuneraciones y prestaciones sociales de los servidores públicos de las Heroicas Corporaciones Estatales de Bomberos de los Municipios del Estado, así como las figuras de Patronato, Órgano Interno de Control y Academia de Bomberos para cada una de ellas”.
El rechazo de esta reforma presentada por Agatón, dio a conocer información relevante sobre la situación actual del equipo de Bomberos del estado, quienes no cuentan con seguro social, prestaciones laborales, y ganan entre 2 mil 500 y 2 mil 800 pesos a la quincena, causando que en su mayoría sean voluntarios, pues tampoco generan antigüedad al contar con un contrato de tres o seis meses.
El Pleno del Congreso de Baja California aprobó por unanimidad el punto de acuerdo presentado por el diputado Juan Manuel Molina García, mediante el cual solicita formalmente a la Asamblea Legislativa dar inicio a los trabajos de municipalización de San Felipe.
Para ello pidió al presidente de la Mesa Directiva, “tenga a bien remitir la presente solicitud a la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, para que ésta a su vez resuelva lo que por derecho corresponda”.
Asimismo, mediante el exhorto solicita que se instruya a la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, proceder al análisis y, en caso de ser procedente, llevar a cabo los pasos establecidos en la ley para convertir a San Felipe en municipio de Baja California.
“En Morena entendemos y asumimos con profunda convicción que los gobiernos, cualquiera que sea su espacio y ámbito de competencia, tienen un denominador común: nos debemos al pueblo que nos eligió para representarlos y velar por los derechos e intereses de la comunidad y el bien público colectivo”, señaló en su exposición de motivos Molina García.
Agregó que no se puede representar al pueblo, si se le da la espalda. Tampoco se representa a la ciudadanía, si no se escuchan y atienden sus reclamos más sentidos y si no se resuelven las necesidades de la comunidad, afirmó.
“Desde el primero de agosto cuando iniciamos esta XXIII Legislatura, Morena ha venido realizando una serie de trabajos legislativos para cumplir con el compromiso social que hicimos en campaña: Transformar positivamente a Baja California y sacarlo del estancamiento y rezago en el que se encontraba”, subrayó el presidente de la Comisión de Gobernación del Poder Legislativo.
Para ello, precisó que los primeros pasos que se dieron fue realizar reformas muy sensibles en distintos ordenamientos jurídicos, a fin de romper con los bloques o muros de contención que administraciones públicas del pasado hicieron para mantener a Baja California cautiva a cuestiones meramente electorales.
Por otro lado, el diputado Juan Manuel Molina recordó a sus compañeros legisladores que el pasado 28 de noviembre de 2019 y el 15 de enero de 2020, en sesión plenaria se aprobaron importantes reformas a la Ley del Régimen Municipal y a la Constitución Política del Estado, con el propósito de establecer nuevas fórmulas y procedimientos en la creación y supresión de municipios, las cuales se materializaron en los decretos 17 y 41, respectivamente.
En ese sentido, expresó que “acorde a lo establecido en la nueva redacción del artículo 27 de la Ley del Régimen Municipal para el Estado de Baja California, para proceder a la creación o supresión de un municipio, puede ser a solitud expresa de los ciudadanos vecinos de la demarcación territorial o bien, por los Diputados, el Gobernador o los Ayuntamientos”, concluyó.
Cabe mencionar que legisladores de las diversas fuerzas políticas que conforman la Vigésima Tercera Legislatura local, pidieron al inicialista del punto de acuerdo, sumarse al mismo.
Con un total de más de 300 asistentes, la subsecretaría del Sistema Estatal de Seguridad Pública, María Elena Rodríguez Ramos fue la encargada de darles la bienvenida al evento realizado en el World Trade Center .
Durante su mensaje dejó en claro que la seguridad pública y la seguridad privada tienen un tema en común, que es trabajar de manera coordinada por el bienestar y la tranquilidad de todos los bajacalifornianos.
Este tipo de congresos tienen como prioridad presentar escenarios que están relacionados con la respuesta a la atención de incidentes, sistemas de Justicia Penal acusatorio, acciones preventivas y estrategias que ayuden al manejo de los recursos humanos.
No dudo en reconocer el avance tecnológico, profesionalizado y regulación de aproximadamente 285 empresas y alrededor de 7 mil 500 guardias de seguridad privada que prestan su servicio de una manera legal al Estado.
Asistieron al evento el Secretario de Seguridad Pública Municipal de Tijuana, Marco Antonio Sotomayor Amezcua; el Subprocurador de Justicia Zona Tijuana, Jorge Alberto Álvarez Mendoza y el presidente de la Alianza Civil; el Consejero del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, Jesús Sandoval Franco y la Directora de Servicios de Seguridad Privada, Libertad Lamarque Castro, entre otras autoridades de gobierno.
Una peculiar herencia la que le dejo esta mujer a su marido en la política.
En el cambio de Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) a Congreso de la Ciudad de México, la titularidad de la Subcontraloría de Legalidad y Responsabilidades quedó en familia.
Pablo Montes de Oca fue subcontralor de la extinta ALDF desde 2016 y hasta principios de 2018, cuando salió para contender por una diputación local por el PAN, la cual consiguió a través de la Lista B.
Sin embargo, heredó el puesto a su esposa Ilse Ruth Ramírez Elizalde, quien concluyó la Legislatura anterior y se mantiene en la actual, con un salario bruto de 108 mil pesos y neto de 78 mil.
Según el directorio de empleados del Congreso, Ramírez Elizalde fue dada de alta como subcontralora el 16 de marzo de 2018, luego de que el propio Montes de Oca solicitó a la Contraloría General hacer la sustitución.
Empleados confirmaron que sigue laborando ahí, lo mismo que indica el último informe del Congreso.
Es licenciada en Administración de Empresas y fue directora de Situación Patrimonial en la Sexta Legislatura de la ALDF.
En redes sociales, el matrimonio publica y comenta fotografías juntos en el recinto de Donceles, él ya como diputado y ella como subcontralora.
Montes de Oca fue el principal opositor en el proceso a la nueva convocatoria del InfoDF y su argumento fue el riesgo de que Morena dejara cuotas en el organismo de transparencia.
Fuente: Debate
A fin de garantizar el derecho humano de acceso a la información, el Congreso de Baja California avaló un dictamen para que las sesiones del Pleno del Poder Legislativo, sean interpretadas con apoyo en Lengua de Señas Mexicanas, lo que reforma al artículo 109 de la Ley Orgánica de esta Soberanía.
La inicialista de esta propuesta es la diputada Mónica Hernández Álvarez (PAN), quien busca generar entornos lingüísticos inclusivos en favor de la sociedad. El documento aprobado pretende que las personas con discapacidad gocen del derecho de vivir en igualdad de condiciones al resto de la población.
Como una de las primeras acciones en esta materia, el profesor Arturo Villegas, presidente de la Asociación Civil del Programa de Orientación al Sordo (Prosor), interpretó de manera conjunta el contenido del documento durante el desarrollo de la sesión.
De acuerdo con los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y del Consejo Nacional de Población, proporcionados por la diputada Hernández Álvarez, en el documento presentado el pasado 29 de septiembre de 2017. Del total de personas con discapacidad auditiva, el 13.4 por ciento tienen entre 0 y 14 años de edad; el 18.5 entre 15 a 29 años, el 24 entre 30 y 59 años y el 46.9 lo padecen quienes tienen 60 años o más.
El presidente de Prosor manifestó que la decisión de hoy es muy relevante en cuestión del derecho a la información, ya que a partir de estos hechos, esta comunidad tendrá mayor accesibilidad y conocimiento de lo que sucede en el Estado. De igual forma la cofundadora del organismo Xiomara Morena, aseguró que esta legislatura se pone a la vanguardia y contribuye a fomentar la participación en la vida pública de estas personas.
El Diputado Federal electo por Morena, Sergio Mayer, declaró que el sueldo de legislador no le alcanza para el tipo de vida que está acostumbrado, por lo que continuará con su desempeño como actor, solamente en periodos de receso pues, dice, tiene un compromiso con la ciudadanía de dedicarse entero a sus tareas legislativas.
“No es mi idea estar trabajando en otra cosa, evidentemente tengo que buscar otro tipo de ingresos porque tengo familia, y si fuera de los periodos tengo la oportunidad de hacerlo, lo haré, pero mi compromiso hoy en día es con México”, dijo.
En entrevista, luego de concluir su credencialización como Diputado Federal, Mayer sostuvo que está de acuerdo con la austeridad republicana y el recorte de privilegios, empero, no con la reducción en el número de asesores.
“Me parece perfecto, es un tema en el que todos estamos de acuerdo, quizás haya temas que vamos a tener que discutir ya como dentro del Congreso y de nuestro grupo parlamentario, porque una cosa es la austeridad republicana y otra cosa es que te quedes sin ningún apoyo y lo digo por los asesores” puntualizó.
Añadió que él no legislará solamente en favor del gremio artístico, aunque reconoció que tiene ciertos compromisos con sus compañeros actores y que incluso se reunió con ellos.
“Yo no represento a mi gremio, represento al distrito que votó por mí, me avalan más de ciento y tantos mil votos, y tengo un gran compromiso con ese distrito que me da la oportunidad de representar a millones de mexicanos”, anotó.
Fuente: El Universal