• Canchola, maestro de primaria y entrenador con más de 25 años de servicio, podría pasar hasta tres años en prisión por un hecho que, según sus defensores, estuvo fuera de su control.

El caso del profesor Esteban Canchola, declarado culpable por omisión de auxilio tras la muerte de un alumno en 2023 en Mexicali, ha generando reacciones a nivel estatal y nacional.

Canchola, maestro de primaria y entrenador con más de 25 años de servicio, podría pasar hasta tres años en prisión por un hecho que, según sus defensores, estuvo fuera de su control.

El incidente ocurrió en octubre de 2023, cuando el alumno Martín Damián, de 10 años, presuntamente fue empujado por otro niño durante un recreo, lo que le provocó una caída y lesiones que resultaron fatales días después. Aunque el maestro notificó a los padres y gestionó atención médica, las autoridades determinaron que hubo retrasos en la atención y en el seguimiento del protocolo escolar.

El juez determinó que existieron omisiones, y programó la audiencia de individualización de la pena para el jueves 3 de julio, fecha en la que se definirá si el maestro será enviado a prisión.

En respuesta, el gremio magisterial ha cerrado filas en torno a Canchola. Este miércoles se realizaron protestas en todo Baja California, y para el 3 de julio se ha convocado un paro nacional docente, en señal de protesta por lo que consideran una criminalización del trabajo docente.

Sindicatos como el SETBC y el SNTE exigen una revisión de los protocolos escolares, mayor capacitación para el personal y garantías legales para que las y los maestros no enfrenten sanciones penales por situaciones que no generaron ni pudieron evitar.

Mientras que la familia de Damián señala que el pequeño era víctima de bullying y lamentaron la atención que brindó la clínica del seguro escolar, ya que no le realizaron estudios al menor.

La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda declaró que el caso está en manos del Poder Judicial, y que su administración no protege a nadie. Reiteró que fue el Tribunal quien encontró inconsistencias en la aplicación del protocolo de emergencia, y que el proceso debe seguir su curso legal.