- La iniciativa propone que los inmuebles públicos desincorporados del patrimonio estatal se destinen preferentemente a proyectos de vivienda social para sectores vulnerables.
La diputada María Teresa Méndez Vélez, representante del Distrito 6, presentó una iniciativa de reforma al artículo 33 de la Ley General de Bienes del Estado de Baja California, con el objetivo de que los inmuebles públicos desincorporados del patrimonio estatal se destinen preferentemente a proyectos de vivienda social.
La legisladora explicó que la propuesta busca fortalecer el derecho humano a una vivienda digna, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en la Constitución Política del Estado de Baja California, especialmente para los sectores con mayores necesidades económicas.
En ese sentido, señaló que corresponde al Estado y a los municipios asumir un papel activo como promotores en la construcción de vivienda social, con especial atención a los sectores más desprotegidos de la población.
“Toda persona tiene el derecho humano a contar con una vivienda digna y decorosa; el Estado debe promover la construcción y venta de vivienda para los sectores sociales más desprotegidos”, expresó la legisladora.
La iniciativa también se vincula con el programa federal Vivienda para el Bienestar, que tiene como objetivo reducir el rezago habitacional y brindar certeza jurídica en la tenencia del patrimonio en todo el país.
No obstante, la diputada consideró que, además de los programas federales, las autoridades estatales y municipales deben impulsar acciones propias para ampliar el acceso a vivienda social y atender las necesidades de distintos sectores de la población.
Indicó que jóvenes que inician su vida laboral, madres autónomas y familias de escasos recursos requieren apoyo prioritario para acceder a una vivienda que les brinde seguridad y certeza jurídica sobre su patrimonio.
Asimismo, destacó que las madres autónomas enfrentan mayores dificultades para obtener créditos hipotecarios, por lo que requieren mecanismos de apoyo que faciliten el acceso a una vivienda.
El proyecto de reforma establece que los inmuebles públicos desincorporados se destinen preferentemente a proyectos de vivienda social, considerando las necesidades señaladas en los planes y programas del Estado y de los municipios, con el objetivo de convertir dichos espacios en patrimonio digno para las familias que más lo requieren.
Con esta medida se busca fortalecer la justicia social y mejorar las condiciones de bienestar de la población en Baja California.
