• Con ello se asegura que estos reciban atención y respuesta por parte de quienes tienen la obligación pública de actuar en beneficio de la sociedad
• Plantea que todo exhorto aprobado por el Pleno del Congreso estatal deberá ser respondido en un plazo no mayor a treinta días naturales

Con el objetivo de atender una problemática persistente en la práctica legislativa, el diputado Fidel Mogollón Pérez presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Baja California, con la cual busca establecer un plazo legal para la atención o respuesta de los exhortos emitidos por el Congreso del Estado.

El legislador señaló que, con esta propuesta, se avanza hacia la construcción de un Congreso más eficiente, transparente y responsable, que no se limite a emitir exhortos como manifestaciones simbólicas, sino que garantice su atención por parte de las autoridades competentes.

La iniciativa propone adicionar el artículo 124 Bis, estableciendo de manera clara que todo exhorto aprobado por el Pleno del Congreso estatal deberá ser respondido en un plazo no mayor a treinta días naturales, contados a partir de su notificación oficial.

En caso de existir imposibilidad material o legal para cumplir con el exhorto en dicho plazo, la autoridad deberá enviar una justificación fundada, proponiendo un nuevo término razonable.

El diputado Fidel Mogollón aclaró que esta propuesta no convierte los exhortos en mandatos vinculantes, ni transgrede la autonomía de los otros poderes públicos o niveles de gobierno. Por el contrario, fortalece el diálogo institucional, promueve la rendición de cuentas, permite el seguimiento legislativo y da mayor certeza ciudadanasobre el funcionamiento del Congreso.

Actualmente, la Ley Orgánica del Poder Legislativo no contempla disposición alguna que obligue a las autoridades exhortadas a contestar en un plazo determinado, ni mecanismos de seguimiento en caso de incumplimiento.

Por ello, el legislador subrayó que esta laguna normativa debe ser atendida con urgencia si se busca fortalecer la eficacia de las herramientas parlamentarias y consolidar un sistema legislativo más funcional, con el fin de reforzar el papel del Congreso del Estado en su función de control político e institucional.