Los choferes que sean sorprendidos brindando el servicio de transporte público en unidades “piratas” o “clonadas” podrían pasar hasta cinco años en la cárcel. Esto luego de que el Congreso del Estado aprobara una reforma al Código Penal de Baja California, en el que lo tipifican como delito, mismo que entró en vigor el pasado 25 de mayo.
De acuerdo con el decreto 338, a quien preste el servicio público de transporte sin permiso, concesión o autorización correspondiente, se le impondrá de uno a cinco años de prisión, de 30 a 150 días de multa, y suspensión por un año del derecho de manejar.
De esta medida, quedan exentos todos los trabajadores del volante que brinden el servicio a través de aplicaciones como Uber o Didi.
Ante dichos cambios, la Dirección Municipal de Transporte Público se encuentra trabajando con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) para determinar los operativos en conjunto que llevarán a cabo.
“Ya estamos en pláticas con la Secretaría de Seguridad Pública, estamos diseñando los dispositivos que se van a llevar a cabo muy pronto”, adelantó el director de la dependencia, Francisco Castillo Fraga. Calificó esta medida como un gran avance, al recordar que antes solamente estos vehículos eran enviados al corralón y para recuperarlos tenían que pagar una multa, mientras que el chofer quedaba libre.
Durante el presente año han sido retiradas de circulación 183 unidades “clonadas”, en su mayoría taxis libres, pero también han detectado taxis de ruta.
Por: El imparcial.