• La medida aprobada por el Pleno garantiza la aplicación obligatoria de las Política Empresarial en las acciones del Ejecutivo y los Ayuntamientos.

El Congreso del Estado de Baja California aprobó en sesión ordinaria una iniciativa de reforma a los artículos 2, 22 y 36 de la Ley de Fomento a la Competitividad y Desarrollo Económico de Baja California, presentada por la diputada Daylín García Ruvalcaba, con el objetivo de fortalecer el crecimiento económico y la competitividad en la entidad.

La legisladora explicó que la reforma busca integrar de manera activa la participación de la sociedad, particularmente de organismos y cámaras empresariales, cuyas aportaciones se basan en la experiencia directa dentro de la actividad económica.

Durante la exposición del proyecto, destacó que la Política de Desarrollo Empresarial 2021‑2040 de Baja California, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California en octubre de 2021, representa una visión estratégica de largo plazo que debe ser respetada y aplicada por las dependencias estatales y municipales.

De acuerdo con la diputada, esta política surgió del trabajo conjunto entre el sector público y privado. Señaló que un antecedente elaborado en 2007 no fue implementado conforme a lo establecido en la ley, lo que limitó su impacto en el desarrollo económico del estado.

Indicó además que la política actual incorpora vocaciones regionales, criterios de selectividad y prioridades de inversión, con el objetivo de aprovechar las capacidades productivas presentes y futuras en las distintas regiones de Baja California.

Con la aprobación unánime del Pleno, se establece que todas las acciones derivadas de la ley, tanto del Poder Ejecutivo como de los ayuntamientos, deberán alinearse obligatoriamente con la Política de Desarrollo Empresarial, garantizando coherencia y continuidad en la planeación económica.

Asimismo, la reforma determina que el Comité Consultivo de Fomento a la Competitividad y Desarrollo Económico de Baja California deberá celebrar sesiones ordinarias mensuales, además de las extraordinarias que convoque su presidencia o la mayoría de sus integrantes, con el propósito de fortalecer el seguimiento y la eficacia de las decisiones relacionadas con el desarrollo económico y la competitividad del estado.