• El imputado enfrenta tres procesos penales por explotación sexual agravada y permanece en prisión preventiva.

La Fiscalía General del Estado de Baja California obtuvo la vinculación a proceso de Juan Francisco “N” por el delito de trata de personas, en su modalidad de explotación sexual agravada, tras diversas investigaciones realizadas por la Unidad de Investigación Especializada en Combate a la Trata de Personas, adscrita a la Fiscalía Especializada en Delitos Contra Mujeres por Razón de Género.

De acuerdo con la carpeta de investigación, el 6 de agosto de 2015, el imputado, en complicidad con otra persona y con conocimiento de que la víctima era menor de edad, se aprovechó de su situación de vulnerabilidad mientras residía en un domicilio de la ciudad de Tijuana, Baja California.

Posteriormente, la trasladaron y facilitaron para ejercer la prostitución en dos bares de la Zona Norte, donde sostuvo relaciones sexuales con hombres a cambio de dinero.

Las investigaciones establecieron que Juan Francisco “N” se apropiaba de los ingresos obtenidos por la víctima, beneficiándose económicamente de dicha actividad. Además, al negarse la víctima a seguir entregándole dinero, el imputado la amenazaba con causarle daño tanto a ella como a su familia. Estos hechos se prolongaron hasta junio de 2016.

Asimismo, el 13 de julio de 2017, el imputado trasladó mediante engaños a una segunda víctima proveniente del estado de Veracruz a Tijuana, obligándola a trabajar en un bar ubicado sobre la calle Coahuila, bajo la misma modalidad, hasta el 17 de julio de 2017.

De igual forma, el 6 de noviembre de 2017, trasladó a una tercera víctima, quien era su pareja sentimental, a esta ciudad, obligándola a ejercer la prostitución en otro bar de la misma zona, apropiándose de sus ingresos y sometiéndola mediante amenazas hasta junio de 2018.

Durante audiencias celebradas los días 27 y 30 de diciembre de 2025, Juan Francisco “N” fue vinculado a proceso por los distintos hechos delictivos. En todos los casos, el juez de control impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

La Fiscalía General del Estado reiteró su compromiso de combatir de manera permanente los delitos que atentan contra la dignidad humana, garantizando el acceso a la justicia y la protección de los derechos de las víctimas.