• Presenta Iniciativa de reforma a la Ley de Responsabilidades Administrativas con el objeto de inhabilitarlos
• Hay servidores públicos que realizan una labor honrada y transparente, pero por otro lado existen quienes desempeñan sus funciones sin apego a la Ley

La diputada Dunnia Montserrat Murillo López presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Responsabilidades Administrativas, con el objeto de inhabilitar a servidores públicospor actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales.

Esto en razón de los funcionarios que hayan sido sentenciados en un juicio político por acciones u omisiones que perjudiquen los intereses públicos o la buena administración, según la modificación que la legisladora de Morena busca adicionar.

Mencionó en su exposición de motivos que, en Baja California, el juicio político es un procedimiento mediante el cual se puede sancionar a servidores públicos por los actos señalados.

Dicho proceso, definido en la Constitución y en la Ley de Responsabilidades Administrativas de Baja California, busca garantizar la correcta actuación de los funcionarios y la protección de los intereses del Estado.

Por ello, consideró que existe una necesidad evidente de reforzar el marco normativo, ya que en la entidad se han presentado diversos oficios con la petición formal de iniciar un procedimiento administrativo contra quienes no han actuado con transparencia, causando un detrimento al erario público.

En ese sentido, indicó que es preciso fortalecer el marco legal local para permitir cambios significativos: “para que, al paso de los años, dejemos un acercamiento positivo con la ciudadanía, ya que hay servidores públicos que realizan una labor impecable, honrada y transparente con los recursos que les son asignados”.

Añadió que, por otro lado, existen personas que desempeñan sus funciones sin apego a la ley, haciendo crecer su patrimonio personal con recursos públicos.

Finalmente, puntualizó: “Debemos cerrar la puerta en las próximas administraciones a servidores públicos que buscan un enriquecimiento ilícito, realizando acciones que solo perturban las buenas prácticas”.