• Este exhorto tiene la intención de prevenir una posible revictimización si no se atiende el caso con la debida diligencia: diputada Michel Sánchez
• Víctor Hugo “N”, exlíder dicho grupo religioso cuenta con alrededor de 13 denuncias por pederastia, abuso sexual y trata de personas

El Congreso del Estado exhortó al presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Baja California, así como a la titular de la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE), para que, en sus respectivos ámbitos de competencia, dirijan la investigación y avancen en el proceso del caso de las víctimas del líder religioso del grupo “Geshet”.

La diputada inicialista, Michel Sánchez Allende, en su exposición de motivos, indicó que en 2023 se dio a conocer la detención de Víctor Hugo “N”, ex líder del grupo religioso, por contar con alrededor de 13 denuncias por delitos como pederastia, abuso sexual y trata de personas contra niñas y adolescentes dentro de la estructura del grupo que él mismo fundó.

“Es así que este exhorto tiene la intención de prevenir una posible revictimización que, en el caso de no atenderse la investigación con debida diligencia, resultaría en el posible enfrentamiento de la víctima con la libertad de su presunto agresor”, señaló.

El exhorto está dirigido al Presidente del TSJ, Magistrado Alejandro Fragozo López, y a la titular de la FGE, Ma. Elena Andrade Ramírez, para que resuelvan el caso conforme a los principios de debida diligencia, enfoque diferenciado, no revictimización, perspectiva de infancias e interés superior de la niñez, en el caso de abuso, violación, pederastia agravada y/o trata de personas, denunciado por Aylisch Carrillo Bragal y las demás víctimas del grupo Geshet, dentro del caso NUC 0202-2023-01153 y los demás relacionados, y que garanticen una sentencia antes de la liberación del presunto agresorpor terminación de la prisión preventiva.

Agregó que las denunciantes han expresado que fueron objeto de manipulación, violencia y abuso sexual desde edades tempranas, bajo la amenaza de castigos espirituales y rechazo comunitario. Se ha documentado que, incluso después de las denuncias, algunas víctimas y sus familias han sido objeto de hostigamientos indirectos, lo que incrementa el temor ante la posible liberación del imputado.

“No podemos permitir que, ante la omisión procesal o la falta de celeridad, se facilite la libertad de un presunto agresor de esta magnitud, especialmente cuando existen múltiples carpetas abiertas y el riesgo social es alto y fundado; además, esta problemática requiere de su estudio con perspectiva de género, por lo que es necesario que el análisis del asunto se vea con gafas violetas”, subrayó.