Baja California en general, y Tijuana en patricular, se están convirtiendo en área de alta inseguridad. De alto grado de violencia. Los gobiernos estatal y municipales, no pueden negar que ésta se ha convertido en una zona caliente. Igual de peligrosa e insegura como las de otras partes del país. Los informes disponibles indican que, en el caso de Tijuana, en el 2015, registró aproximadamente 700 muertes violentas. En octubre del 2015, en el informe de labores, relativo al período marzo 2014 a septiembre del 2015, el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California, aseguró que esta entidad se está convirtiendo en generador de delincuentes. Entonces, Jonathan Díaz Castro, Presidente del citado Consejo, advirtió que se requiere una estrategia integral, para enfrentar esta situación. Parece que el llamado no encontró eco. La violencia continua imparable. Cada día, aparecen muertos aquí y allá. Lo mismo que ocurren atentados a plena luz del día. Pero los jefes policiacos, no obstante las evidencias de su ineptitud, continuan en el cargo, por cuestiones de intereses políticos o por simple compadrazgo. Lógicamente tratando de explicar y justificar su ineficacia, en todos los casos los ligan con el crimen organizado. Es el camino más fácil para darle “carpetazo” a los asuntos. Cuando la situación se hace intolerable, y que surgen por doquier los señalamientos y reclamos, los dirigentes partidistas de inmediato imploran que no politicen la inseguridad pública. Y entonces, la inseguridad pública, se convierte en materia de negociaciones. Entonces, la inseguridad pública pasa a ser tema no prioritario. Así ha pasado siempre. La seguridad pública, pasa a ser el “patito feo” de la administración pública. Parece no merecer la atención de nadie. En lugar de buscar individuos idóneos para manejar las corporaciones policiacas, asignan a individuos que nada más cubren el expediente. La Policía Estatal Preventiva, ocupa todas las posiciones en el “pódium” de la corrupción pública, incluyendo salvajadas o abusos y violaciones a derechos humanos de la ciudadanía en general. Primero, segundo y tercer lugar. Inobjetable. La crítica no llega a más, porque la llamada PEP, depende de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y esta a la vez depende directamente del Gobernador Kiko Vega. ¿Alguien dijo algo? En cambio, la ineficacia del Secretario de Seguridad Pública Municipal, de Tijuana, conocido comúnmente como “El camillero”, Alejandro Lares, aunque resulta más que evidente su ineficacia, se convierte en blanco de las críticas. Cesan, hasta que surge la negociación entre las fuerzas políticas. Claro, no se puede atribuir a la ineptitud de Daniel de la Rosa Anaya o de Alejandro Lares Valladares, la causa principal del alto nivel de inseguridad pública. Esta se origina, principalmente, por la seria problemática social, en la que destaca la pobreza, el desempleo, que propician la delincuencia. Mientras no mejoren las condiciones de vida de los bajacalifornianos, la entidad seguirá siendo generadora de delincuentes. Por si fuese poco, una de las partes más defectuosas de la estructura guernamental, es la Procuraduría de Justicia. De los delitos que se cometen, pocos son los que son denunciados ante el Ministerio Público. Y de estos pocos, aún menos, son los que llegan a parar a manos de los juzgadores. De los cuales, muchos son liberados, por “falta de elementos para juzgarlos”. Lamentablemente, la justicia no da votos, según los políticos. Como lo muestra el hecho de que cuando el Presidente del Poder Judicial del Estado, Armando Vásquez, solicitó a la legislatura estatal, más recursos para atender el déficit presupuestal que arrastra y además para poder cumplir el compromiso de echar a andar en todo el Estado el Nuevo Sistema de Justicia Penal en el 2016, los diputados simplemente le metieron tijera. Para operar en este 2016, el Poder Judicial solicitó a los legisladores, le autorizaran un presupuesto de egresos por 1 mil 599 millones de pesos, que incluiría la operación del Centro de Convivencias Familar y el Nuevo Sistema de Justicia Para Adolescentes. Tan solo el gasto corriente, que implica el funcionamiento de los tribunales civiles y penales, ascendería a poco más de 950 millones de pesos. Para la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, a partir de marzo próximo en todo el Estado, requerirán casi 60 millones de pesos. Total, de más de 1 mil 559 millones de pesos, que solcitaba el Poder judicial para el 2016, la legislatura solamente le apropobó 918 millones de pesos, con lo que será sumamente difícil que pueda operar el Nuevo Sistema de Justicia Penal. Para desgracia de los bajacalifornianos la justicia no es prioridad alguna para los políticos de la entidad. Con corporaciones policiacas deficientes, juzgadores sin recursos y condiciones de pobreza y desempleo, Baja California está condenada a ser generadora de delincuentes. Aunque lo nieguen los políticos. De nada sirve que pinten un “bonito” panorama en la entidad, es deprimente. Estamos en zona caliente.
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