- Estarán integrados mayoritariamente por ciudadanos y serán presididos indelegablemente por alcaldes.
- “Lo que ahora estamos haciendo es institucionalizar la participación ciudadana y el control del pueblo sobre la política de seguridad más allá de trienios y sexenios”, dijo el diputado inicialista Jorge Ramos.
El Congreso del Estado aprobó por unanimidad el conjunto de reformas impulsadas por el diputado Jorge Ramos Hernández, orientadas a fortalecer la prevención social del delito desde el ámbito municipal mediante la creación de un Consejo Municipal para la Paz y la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia en cada ayuntamiento de Baja California.
Estos Consejos serán órganos colegiados encargados de formular programas, diseñar estrategias integrales, dar seguimiento a resultados y fomentar la participación ciudadana en las políticas de prevención.
“El alcance de esta reforma trasciende la manera tradicional de atender la política pública de seguridad; estamos institucionalizando la participación ciudadana y el control del pueblo sobre la política de seguridad más allá de trienios y sexenios”, subrayó el legislador.
Las nuevas instancias municipales estarán integradas mayoritariamente por ciudadanos de reconocida solvencia moral, así como representantes vecinales, de la sociedad civil, del sector académico y autoridades municipales y estatales. Serán presididas de manera indelegable por las y los presidentes municipales, quienes asumirán la responsabilidad política directa de conducir las estrategias de prevención en sus demarcaciones.
Jorge Ramos enfatizó que los alcaldes no podrán delegar su presencia ni participación cuando se trate de actividades relacionadas con el Consejo y las políticas de prevención del delito y de las violencias en sus ayuntamientos.
Entre las atribuciones de los Consejos Municipales de Paz destacan la aprobación de Programas Municipales de Prevención; el diseño de estrategias con metas e indicadores de reducción de violencia; la evaluación de la inversión pública en prevención; la coordinación entre dependencias municipales y estatales; el fomento de comités comunitarios y campañas educativas; y la emisión de recomendaciones a autoridades locales.
Asimismo, se contempla la coordinación con el Consejo Estatal de Seguridad Pública y el Centro Estatal de Prevención Social, alineando esfuerzos con la Estrategia Nacional de Pacificación en materia de seguridad pública.
Durante la votación del Dictamen No. 3 de Fortalecimiento Municipal, la diputada Yohana Gilvaja presentó una reserva para establecer un catálogo de espacios públicos donde puedan desarrollarse actividades deportivas, culturales, laborales y de prevención social del delito, reportando al Consejo Municipal las condiciones de utilidad y mantenimiento.
La reforma también garantiza la participación de habitantes de colonias y poblados rurales en las acciones impulsadas, así como la planeación, instrumentación y evaluación de programas de administración del tiempo libre dirigidos a niñas, niños y adolescentes, con invitación a madres y padres de familia.
Con esta aprobación se reformaron diversos artículos de la Ley para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana y la Ley del Régimen Municipal del Estado de Baja California, fortaleciendo el marco jurídico para una política de seguridad con enfoque preventivo y participación ciudadana.
