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• Impulsa además reforma para prohibir el condicionamiento de servicios a la entrega de datos con fines comerciales.

El diputado Jaime Eduardo Cantón Rocha presentó ante el Pleno un punto de acuerdo para exhortar al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), César Iván Escalante Ruiz, a realizar una revisión técnica y jurídica del contrato de adhesión utilizado por Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V. (Telcel), empresa con mayor participación de mercado en telecomunicaciones en el país.

El exhorto fue acompañado por una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor, con el propósito de prohibir expresamente que cualquier empresa condicione la venta, adquisición o suministro de bienes y servicios a la aceptación del tratamiento de datos personales para finalidades secundarias o comerciales.

La acción legislativa se sustenta en una denuncia documentada por la asociación civil PRODECO (Protección de los Derechos del Consumidor), presidida por Sergio Moctezuma Martínez, en la que se identifican cláusulas dentro del aviso de privacidad de Telcel que, a juicio de la organización, condicionan la prestación del servicio a que el usuario autorice el uso comercial de sus datos personales.

Entre las disposiciones señaladas se encuentran el análisis de datos del consumidor —incluida información proveniente de redes sociales— para generar perfiles con fines publicitarios; la compartición de dichos perfiles con empresas del mismo grupo y socios comerciales; así como la posible transferencia de datos a terceros, incluyendo instituciones financieras, salvo oposición expresa del usuario.

La iniciativa establece que ningún proveedor podrá condicionar la relación comercial a la aceptación del tratamiento de datos para finalidades distintas a las estrictamente necesarias para la prestación del servicio.

Es decir, no se restringe la posibilidad de solicitar consentimiento de datos personales para usos comerciales, pero se exige que éste sea libre, informado y no condicionado.

El diputado Cantón fundamentó su propuesta también en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que en su artículo 185 reconoce la protección de datos y el derecho a no recibir comunicaciones no solicitadas, así como en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, que establece el principio de consentimiento libre y los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición (ARCO) sobre el tratamiento de datos personales.

Con esta propuesta, el legislador busca reforzar la protección de los derechos de las y los consumidores frente a prácticas que puedan resultar coercitivas, privilegiando la transparencia, la libertad de elección y el respeto a la privacidad.