Hasta 6 años de cárcel a policías que simulen enfermedades en BC: Diputado Jorge Ramos
- En su iniciativa plantea prisión de seis meses a seis años a elementos que finjan incapacidades médicas
- Las falsas enfermedades afectan la seguridad ciudadana y agravan el déficit de agentes
El diputado Jorge Ramos Hernández, presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Protección Civil del Congreso del Estado, presentó una iniciativa de reforma al Código Penal de Baja California para sancionar penalmente a los elementos de instituciones policiales que simulen enfermedades con el objetivo de evadir sus responsabilidades laborales.
Ramos Hernández señaló que la seguridad pública, en los tres niveles de gobierno, ha sido uno de los servicios más cuestionados por la ciudadanía bajacaliforniana en los últimos años, y que no ha cumplido con las expectativas, lo que ha generado una exigencia social cada vez más fuerte y justificada.
Destacó que la simulación de incapacidades físicas o mentales por parte de agentes de seguridad representa una grave forma de corrupción administrativa, que tiene un impacto directo en la operatividad y eficacia de las corporaciones de seguridad.
“Creemos que estas incapacidades médicas que surgen de una enfermedad simulada deben tratarse de manera distinta, ya que el hecho de que un agente de seguridad pública finja estar enfermo para no presentarse a laborar tiene un gran impacto negativo en el servicio de seguridad ciudadana”, expresó el legislador.
La propuesta plantea adicionar los artículos 221 Bis y 273 Ter al Código Penal del Estado, para establecer penas de 6 meses a 6 años de prisión y hasta 200 días multaa quienes deliberadamente finjan una enfermedad para evitar cumplir con su deber en materia de seguridad.
Asimismo, se contempla sancionar a personal médico que, de forma consciente, expida certificados de incapacidad sin justificación médica real, colaborando en la simulación.
El diputado reveló que, tan solo en 2024, el gobierno municipal de Tijuana reportó más de 300 elementos incapacitados, algunos de los cuales presuntamente utilizan este recurso para realizar actividades ajenas o incluso contrarias a la seguridad pública, lo que merma la capacidad de respuesta institucional ante hechos delictivos.
“Si a la baja tasa de policías por cada mil habitantes que ya tiene nuestro estado, se le suma el probable uso indebido de incapacidades médicas, resulta urgente detener esta práctica y sancionar a quien abuse del sistema”, concluyó Jorge Ramos.
