• El Congreso del Estado aprobó emitir un atento exhorto al titular Síndico Procurador del Ayuntamiento de Mexicali, Oscar Vega Marín
El Congreso del Estado emitió un exhorto al titular Síndico Procurador del Ayuntamiento de Mexicali, Óscar Vega Marín, con el propósito de que, en el ámbito de sus facultades, se realice una auditoría especial a la Dirección de Bienestar Social Municipal (BISOM).
La proposición, presentada por la diputada Alejandrina Corral Quintero, se sustenta en información difundida recientemente por diversos medios, que señala que dicha dirección habría realizado transferencias bancarias por aproximadamente 400 mil pesos, las cuales posteriormente fueron justificadas como resultado de una supuesta extorsión.
La legisladora advirtió que este hecho, además de representar un daño patrimonial al Ayuntamiento de Mexicali, cuestiona la correcta administración de la dependencia municipal, por lo que consideró urgente una intervención que permita esclarecer el manejo de los recursos públicos, identificar posibles fraudes, detectar fallas en los controles internos y garantizar el cumplimiento de las normas y políticas en el ejercicio del gasto.
En este contexto, recordó que el Síndico Procurador tiene entre sus atribuciones la representación legal del Ayuntamiento, la supervisión de contratos y convenios, así como la vigilancia de los actos de los funcionarios públicos para asegurar su apego a la normatividad vigente.
“Si bien el entonces director de BISOM presentó su renuncia voluntaria, este caso no puede cerrarse con dimisiones. Es necesario realizar una investigación exhaustiva que permita esclarecer responsabilidades y prevenir que situaciones similares se repitan”, afirmó Alejandrina Corral.
Asimismo, subrayó la importancia de que el Síndico Procurador participe activamente en la auditoría especial solicitada, con el objetivo de evaluar el estado que guarda la Dirección de BISOM en el marco de la actual administración. Esta revisión deberá contemplar tanto la operación financiera como la gestión administrativa, con el fin de detectar irregularidades, omisiones, desvíos o posibles actos de corrupción, y documentar los hallazgos en un informe claro y objetivo que sea presentado ante este Poder Legislativo.
