Oficio tabú: trabajadores sexuales para discapacitadas
Dimitri Zorzos se presenta como Dyon Baco cuando ejerce su oficio como asistente sexual de mujeres en condición de discapacidad. Desde 2011 comenzó a involucrarse en este trabajo. Aparentemente es el único hombre en España que se dedica a esta labor. No tiene prejuicios ni tapujos al hablar del tema, solo el deseo de “luchar por esta causa” y normalizar la figura de los asistentes sexuales en Europa.
Su historia, narrada en un reportaje publicado por el periódico El Mundo, ha puesto la atención en un tema tabú dentro de la sociedad y los mismos sistemas de salud: el manejo de la sexualidad de personas en condición de discapacidad.
Dimitri nació en Atenas, pero decidió viajar a España para darle un vuelco a su vida. Antes, solía acompañar a sus padres en el negocio familiar: una imprenta. Pero cuando conoció la historia de una joven francesa que se dedicó al trabajo sexual con discapacitados para pagar sus estudios, comenzó a plantearse un nuevo destino. Dimitri tenía 15 años en ese entonces y el reportaje de la francesa se quedó dando vueltas en su cabeza.
“Tenía compañeras que se negaban. Les daba asco porque tenían otro aspecto, otras limitaciones. Yo desde el principio tuve relaciones con este tipo de clientes y seguiré teniéndolas”, dijo Neira en una famosa entrevista publicada en España. Según ella, la causa de que esta práctica no se vuelva común es que muchas familias no entienden que sus hijos tienen estas necesidades y “tratan el tema de la sexualidad, la masturbación y los juegos sexuales desde un punto de vista negativo, como si fuera malo descubrirse a sí mismo o tener curiosidad por saber lo que se siente”.
Junto con Neira, quien también ha liderado la defensa de los derechos sexuales de personas en condición de discapacidad, está Silvina Peirano, una argentina que en 2003 dejó su país luego de la crisis financiera, para radicarse en España. Actualmente es orientadora sexual en discapacidad y fundadora de Sex Asistent.
Para el griego, ingresar a este mundo de trabajadores sexuales, siendo hombre, fue un gran reto. Dimitri relató que “había varias chicas, pero fui el primer hombre de ese grupo, después llegaron otros que se unían y lo dejaban. No es nada sencillo”.
“Tenemos fases –contó a los periodistas–, hay un café de expectativas. Donde conversamos, nos conocemos, marcamos los límites. Es el momento en que se decide si, por ejemplo, desea una penetración. Así, el día del encuentro lo tenemos pactado. Conversamos y dejamos claro que esto no es para enamorarse. Esto se hace muy detenidamente. Buscamos que tenga la misma seriedad que con un psicólogo o con un fisioterapeuta. La idea es que podemos tratar su sexualidad. Lo que en la práctica les da la libertad. Ellas, la mayoría de las veces, sólo quieren que las traten como adultos”.
Por cada servicio recibe en promedio unos 75 euros, pero por cierto tipo de experiencias más extensas pueden alcanzar los 200. Una de sus clientes incluso le pagó con un poema.
Espera poder ayudar a todas las mujeres que lleguen a necesitar de sus servicios, pues en España el 60 % de la población con discapacidad son mujeres. Según el Observatorio Estatal de la Discapacidad, se estima que son casi cuatro millones, aunque es “imposible saber cuántas pueden necesitar asistencia sexual”, afirmó una fuente del Observatorio.
A pesar de que el caso de Dimitri y Sex Asistent dan luces sobre la regulación del trabajo sexual a personas discapacitadas, todavía es un tema desconocido y, en ocasiones, rechazado. Por ejemplo, en Europa, países como Suiza, Alemania, Holanda y Bélgica consideran la asistencia sexual como un servicio del sistema sanitario, pero solo Suiza lo tiene regulado de forma oficial. Inclusive, está subvencionado. Sin embargo, en los demás países del continente el debate todavía es incipiente.
En España, la única referencia que existe sobre este tema se encuentra en el código ético elaborado por Sex Asistent y la Asociación Nacional de Salud Sexual y Discapacidad, donde se expone la necesidad de un cambio de enfoque en el trato a personas en condición de discapacidad: de un modelo asistencial a uno que las reconozca como sujetos de derechos y no como objetos de tratamiento y protección social.