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• El magistrado Alejandro Isaac Fragozo López presentó su informe anual y respondió a señalamientos sobre rezago judicial, intérpretes, perspectiva de género y procesos internos.

En sesión ampliada de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), a la que fueron convocadas todas las diputaciones de la XXV Legislatura, compareció el magistrado Alejandro Isaac Fragozo López, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado (TSJEBC), para rendir su informe de actividades correspondiente al periodo octubre de 2024 a octubre de 2025.

De acuerdo con la Jucopo, tras la exposición inicial del magistrado, legisladoras y legisladores plantearon cuestionamientos sobre la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCyF), la atención con perspectiva de género y de niñez, así como la capacitación a juzgadores en feminicidio y violencia vicaria.

También solicitaron precisiones sobre la cobertura de intérpretes en lenguas indígenas y de señas, el rezago de expedientes, el uso de nuevas tecnologías, la atención a personas con discapacidad y el avance del modelo de juzgados sin expediente físico (“cero papel”). Asimismo, señalaron inquietudes relacionadas con SEMEFO, la experiencia de algunos juzgadores y el funcionamiento de la infraestructura forense en Rosarito.

Entre quienes participaron se encuentran las diputadas y diputados Ramón Vázquez, Angélica Peñaloza, Maythé Méndez, Alejandrina Corral, Evelyn Sánchez, Diego Lara, Gloria Miramontes, Tere Ruiz, Jorge Ramos, Michelle Tejeda, Fidel Mogollón, Yohana Gilvaja, Araceli Geraldo, Adriana Padilla, Michel Sánchez, Daylín García, Dunnia Murillo y Diego Echevarría.

El diputado presidente de la Jucopo, Juan Manuel Molina García, solicitó información puntual sobre los diferimientos de audiencias, el protocolo aplicado en los Centros de Convivencia Familiar (CECOFAM) cuando una niña, niño o adolescente rechaza convivir, y el proceso de designación de espacios en el Poder Judicial, exhortando a garantizar la paridad de género.

En sus respuestas, Fragozo López afirmó que el Poder Judicial está listo para solicitar formalmente al Congreso del Estado el inicio de la implementación del CNPCyF, y destacó el fortalecimiento de la justicia familiar mediante la apertura de más juzgados y la operación de los Centro de Convivencia Familiar (CECOFAM).

Añadió que existe un convenio para contar con traductores de lenguas indígenas y afromexicanas, y que el modelo cero papel opera ya en Ensenada, con expansión prevista para Tijuana, Rosarito y Tecate. También se comprometió a gestionar la contratación de intérpretes de lengua de señas.

Respecto a SEMEFO, aclaró que no existe censura mediática, sino un protocolo para proteger la identidad de las víctimas. Informó que se supervisa de manera especial el desempeño de jueces con menor experiencia y que, en algunos casos, la actuación depende de la información aportada por la Fiscalía.

Sobre SEMEFO Rosarito, indicó que actualmente opera mediante una funeraria, pero que ya se trabaja con DIF en la instalación de un cuarto frío, con un plazo estimado de 90 días.

También señaló que todas las áreas del Poder Judicial reciben capacitaciones internas obligatorias cada viernes. En cuanto a los diferimientos, explicó que en materia penal éstos se deben principalmente a la falta de fiscales, mientras que en materia familiar cerca del 80% de las audiencias se posponen por responsabilidad de las partes. Para los casos de rechazo a convivencias familiares, dijo que fueron contratados psicólogos por honorarios.

Sobre la designación de once nuevas plazas, detalló que alrededor de 80 aspirantes fueron evaluados para verificar requisitos y calificaciones, y que un número significativo no alcanzó el puntaje mínimo, lo que deberá considerarse antes de los nombramientos.

Al cierre de la comparecencia, diversas diputaciones reconocieron la comunicación entre poderes, los avances en los Centros de Convivencia Familiar y la atención brindada a San Quintín.

Con ello, la Jucopo dio por concluida la sesión, en un ejercicio de diálogo institucional y rendición de cuentas.