- Diputaciones respaldan la propuesta de evitar aumentos desproporcionados en rentas de vivienda, dotando de certeza jurídica tanto a arrendadores como arrendatarios.
La Comisión de Justicia del Congreso del Estado aprobó una reforma al Código Civil de Baja California orientada a regular los incrementos en las rentas de vivienda, durante una sesión encabezada por la diputada Norma Angélica Peñaloza Escobedo, con opinión de la Consultoría Legislativa.
Por unanimidad, con siete votos a favor, se avaló el dictamen relativo a la iniciativa presentada por el diputado Jaime Cantón Rocha, que establece que los aumentos al monto de renta de inmuebles habitacionales deberán ajustarse al índice inflacionario del Banco de México.
La propuesta incluye una adenda que reafirma su intención de evitar incrementos desproporcionados y brindar certeza jurídica tanto a arrendadores como arrendatarios, manteniendo la regulación dentro del ámbito civil.
El diputado Cantón señaló que el objetivo es apoyar a las familias que viven en casas rentadas, ante el aumento constante de precios que dificulta construir, comprar o incluso arrendar una vivienda en Baja California.
El legislador explicó que se busca replicar modelos como el de la Ciudad de México (CDMX), donde existen topes para evitar alzas excesivas.
Entre los beneficios planteados se encuentra el pago en moneda cierta, la protección frente a incrementos arbitrarios al evitar los aumentos por encima de la inflación; evita que la renta crezca por encima de la capacidad real de la compra de las familias y fortalece la equidad territorial, con especial atención a grupos vulnerables.
Durante la sesión también se discutió el proyecto del Dictamen 21, relacionado con una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado, presentada por la diputada Daylín García Ruvalcaba.
No obstante, debido a observaciones técnicas de la Consultoría Legislativa y comentarios de diputaciones, se determinó retirarlo del orden del día y reagendarlo en la primera semana de diciembre, con la participación de los ayuntamientos.
En el caso del Dictamen 22, correspondiente a una iniciativa del diputado Jorge Ramos para adicionar una hipótesis normativa que actualice el delito de secuestro animal, las diputaciones también decidieron retirarlo para su análisis conjunto con el proyecto anterior.
En la reunión virtual participaron las diputaciones Humberto Valle, Araceli Geraldo, Diego Echevarría, Jaime Cantón y Juan Manuel Molina, así como la diputada inicialista Daylín García Ruvalcaba.
También estuvieron presentes Israel Ceseña, director de Consultoría Legislativa; Fernando Velardez, del Poder Ejecutivo; y Luis Alonso López, de la Secretaría General de Gobierno.
