- La Fiscalía de Baja California confirmó que el padre de Vicente tenía dos carpetas por violencia familiar, aunque aclaró que no están relacionadas con el proceso penal contra Roxana “N”.
La fiscal general del estado, María Elena Andrade Ramírez, confirmó que el padre del niño Vicente cuenta con dos carpetas de investigación por el delito de violencia familiar, una correspondiente a 2023 y otra a 2024; sin embargo, precisó que dichos antecedentes son independientes del caso por el que Roxana “N” fue vinculada a proceso por la muerte del niño.
La funcionaria informó que una de las carpetas ya fue judicializada y está próxima a audiencia intermedia, mientras que la segunda continúa en etapa de investigación.
No obstante, Andrade Ramírez señaló que durante la audiencia se estableció que esos antecedentes no acreditan una afectación mental reciente que justificara los hechos ocurridos contra el menor.
Añadió que existen evidencias relacionadas con la claridad emocional y mental con la que actuó la imputada en las horas previas al fallecimiento de Vicente, entre ellas publicaciones realizadas en redes sociales.
La fiscal detalló que la audiencia de vinculación a proceso inició el sábado 9 de mayo de 2026 a las 10:00 de la mañana y se prolongó durante más de 16 horas, periodo en el que se presentaron antecedentes de investigación, indicios y argumentos tanto de la defensa como de la Fiscalía General del Estado.
Indicó que durante la madrugada del 10 de mayo el juez resolvió a favor de la Fiscalía y del representante legal de la víctima, dictando auto de vinculación a proceso contra Roxana “N” por el delito de homicidio por comisión por omisión con dolo eventual.
Además, se mantuvo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y se fijó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria.
Respecto a las declaraciones de la defensa sobre posibles problemas mentales o psicológicos de la imputada, la fiscal aseguró que no existe ningún indicio que acredite una afectación de ese tipo.
“No hemos tenido ningún indicio de alguna situación mental o emocional que hayan impulsado estos hechos”, afirmó.
Por el contrario, señaló que existen evidencias sobre amenazas y utilización del menor para generar daño emocional al padre del niño.
Sobre una posible sentencia, Andrade Ramírez explicó que el delito actualmente imputado contempla una pena mínima de ocho años y máxima de 15 años de prisión.
Sin embargo, aclaró que conforme avance la investigación podrían surgir nuevos elementos que permitan reclasificar el delito o incorporar agravantes.
Fotos: Juan Hernández / Border Zoom
