- La XXV Legislatura concluyó el proceso legislativo de la reforma constitucional que establece medidas de austeridad, paridad de género, límites al gasto del Congreso y nuevas reglas para órganos electorales.
El Congreso de Baja California emitió la declaratoria de procedencia de la reforma a diversos artículos de la Constitución Política del Estado, con lo que concluyó el proceso legislativo del denominado “Plan B Local” y otorgó plena vigencia a las modificaciones en materia de austeridad, representación democrática y funcionamiento de los órganos electorales.
La declaratoria, realizada durante sesión ordinaria, cumple con el procedimiento establecido en el artículo 112 de la Constitución local y formaliza la entrada en vigor de las reformas previamente aprobadas por el Pleno.
Entre los principales cambios, se establece que las y los consejeros del Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC) durarán siete años en el cargo, sin posibilidad de reelección. Además, sus remuneraciones deberán ajustarse al límite salarial federal y se prohíbe el otorgamiento de seguros privados o prestaciones especiales financiadas con recursos públicos.
La reforma también crea un Órgano Interno de Control para supervisar el manejo de los recursos del instituto, con el objetivo de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas. Asimismo, impone restricciones para que las personas servidoras públicas electorales no puedan ocupar cargos partidistas ni de elección popular durante los dos años posteriores a la conclusión de su encargo.
En el ámbito legislativo, la reforma incorpora los principios de paridad de género, igualdad sustantiva y perspectiva de género en la integración y funcionamiento del Congreso de BC, con el propósito de garantizar una representación más equitativa.
En materia financiera, se fija que el Poder Legislativo no podrá ejercer más del 0.70% del gasto estatal, además de establecer una reducción acumulada del 15% en su presupuesto durante cuatro ejercicios fiscales. Los recursos ahorrados deberán destinarse a obras de infraestructura pública, bajo criterios de legalidad, transparencia y austeridad.
Para los ayuntamientos, la reforma determina un máximo de 15 regidurías, las cuales deberán integrarse bajo principios de paridad vertical y horizontal, así como de igualdad sustantiva.
Con la emisión de esta declaratoria, el Congreso de Baja California concluyó el procedimiento constitucional para la entrada en vigor del Plan B Local, una reforma que incorpora nuevas reglas de austeridad, organización electoral y representación política en el estado.
