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A los 17 años, Jesús CH fue reclutado por un grupo delictivo que operaba en Nuevo León. La primera labor que le encomendaron fue cuidar a un grupo de personas secuestradas, pero su actuación en las filas del crimen organizado no duró ni un año.

En 2011 fue detenido tras un operativo del Ejército mexicano en una casa se seguridad. Por su edad, fue condenado a seis años de prisión en un centro para menores infractores localizado en Escobedo, Nuevo León.
Estadísticas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señalan que 4 mil 743 niños y adolescentes se encontraban en la misma situación que Jesús durante 2015. De ese grupo, 4 mil 448 eran hombres infractores y sólo 286 eran mujeres.

Las CNDH señala que los menores infractores están distribuidos en 56 centros tutelares, prisiones para niños y adolescentes que operan con las mismas reglas que las prisiones para adultos, sin que existan cuerpos especializados para atender a esta población.

El asunto se agrava para las mujeres: sólo existen cuatro centros especializados para ellas en todo el país, 37 de los centros para menores infractores son mixtos, exponiendo a las niñas y adolescentes a la violencia de género, y 15 más son exclusivos para varones.

El director general de la organización Renace, Seguridad y Justicia, Martín Sánchez Bocanegra, señala que la falta de una ley especializada, provoca que al menos 80% de los menores que ingresan a las llamadas “correccionales” no logren reinsertarse a la sociedad ni corregir su rumbo de vida.

Eso significa que de los 4 mil 743 menores que están procesados en el actual sistema de justicia para adolescentes, 3 mil 787 podrían a delinquir y regresar a la cárcel cuando sean adultos. Pero no ha sido el caso de Jesús.

Privado de su libertad, el joven optó por estudiar, concluyó la secundaria, trabajaba en la cocina del centro para menores, aprendió diversos oficios y comenzó a estudiar el nivel bachillerato, por lo que un grupo de abogados pertenecientes a Renace intervino en su favor en 2015.

Con apoyo jurídico de esa organización civil especializada en la reinserción social, jueces especializados de Nuevo León le modificaron la pena privativa de la libertad por un tratamiento en libertad o medida cautelar fuera del centro para menores.

A sus 22 años, Jesús está a punto de concluir su bachillerato abierto, tiene planes de estudiar una licenciatura en Gastronomía o Ciencias Políticas y cuenta con un empleo formal como ayudante general en una empresa de maquinaria. Un factor a su favor es que su familia lo siguió apoyando, al igual que el seguimiento y supervisión de los abogados de Renace.

Jesús forma parte de ese 20% de los niños y adolescentes que se reincorporan a la sociedad, pertenece a un grupo selecto de 947 adultos que tras cometer el error de delinquir durante su infancia no lo volverán a hacer.
Esa cifra, señala Sánchez Bocanegra, sería significativamente más alta si antes del 18 de junio de 2018 entra en vigor una ley adecuada para atención a los menores infractores, que debe cumplir con estándares internacionales en materia de derechos humanos.

“Hasta 80% de los menores infractores no tenían oportunidad de reinserción social, lo que significaba que se quedaban sin estudio, no tenían buena capacitación para el trabajo, y lo que pasaba después de que abandonaban el internamiento es que tenían actividades muy marginales, de muy bajo ingreso y podían verse envueltos en otros delitos, por lo que podían ir al sistema de adultos. Estamos hablando de que era nula su reinserción”, explicó.

El “mito” del crimen organizado 
Con el recrudecimiento de la violencia en México, surgieron denuncias de que el crimen organizado había comenzado a reclutar a niños y adolescentes para contar con carne de cañón que no pudiera ir a la cárcel, pero las cifras que reporta la CNDH sobre menores vinculados con delitos federales señalan una realidad distinta.

El organismo indica que de los 4 mil 734 menores infractores que estaban internados en 2015, sólo 296 fueron procesados por ilícitos del fuero federal. Quienes son detenidos por delitos contra la salud y secuestro representan 20%, según el estudio “Diagóstico de las y los adolescentes que cometen delitos graves en México”, elaborado por Elena Azaola, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores (Ciesas).

Los otros 4 mil 438 fueron detenidos y privados de su libertad por incurrir en delitos del fuero común como robo, robo con violencia, portación de armas, homicidio y robo de vehículo.

El director de Renace, Martín Sánchez, reconoce que en estados con mayor presencia del crimen organizado como Sinaloa, Tamaulipas y Michoacán, también hay un incremento en el número de menores que se incorporan a los grupos delictivos, pero afirma que se trata de un aumento proporcional que es mucho menor a lo que se cree por el impacto mediático que han tenido casos como el del “niño sicario” de Morelos, “El Ponchis”.

“En Michoacán, Tamaulipas y Sinaloa se mantiene la misma incidencia que a nivel nacional: 80% de los casos de menores infractores son por delitos del fuero común, predominan el robo y el robo con violencia; sólo un porcentaje reducido es por delincuencia organizada. Sí hay aumento en homicidio y delincuencia organizada en adolescentes, pero no es excesivo: si a nivel de adultos la delincuencia crece en 10%, en menores sube 5%”, puntualizó.

Reveló que en el caso de Nuevo León actualmente sólo hay 20 menores de edad que fueron detenidos con el auge de grupos delictivos como “Los Zetas” y el “Cártel del Golfo”, mismos que están terminando sus condenas y que hoy están en proceso de reinserción social, como fue el caso del propio Jesús.

Sánchez Bocanegra cuestionó cuál sería el presente de Jesús si hubiera quedado expuesto como “El Ponchis” o si se le hubiera negado la oportunidad de acceder a un sistema de reinserción social. “Sí puede ser que un adolescente cuando se ve involucrado en un delito violento sea más impulsivo y menos pensante, eso pasa, pero no hay que generalizar que los jóvenes están fascinados con la delincuencia organizada. Estos casos jalan mucha atención de los medios, pero se da poca importancia a los que se reintegran a la sociedad y que ahora son un ejemplo de vida”.

Uno de los aspectos que la nueva ley de justicia para adolescentes debe cambiar es la creación de cuerpos especializados de custodios para menores, pues actualmente los centros para menores son atendidos por custodios que a menudo recurrían al uso excesivo de la fuerza y que eran enviados desde los centros penitenciarios para adultos a manera de castigo, puesto que en el sistema para menores los ascensos eran menos comunes.

“En el viejo sistema era muy frecuente controlar a los menores con tratos agresivos y en esa mala formación de los servidores públicos el abuso era muy frecuente, sobre todo físico, y recluirlos en celdas o lugares de castigo, pero también mantenerlos en una sola posición durante mucho tiempo”.

Con el nuevo sistema se busca una nueva regulación para los centros de internamiento y para el personal que trabaja en ellos, desde los custodios hasta sicólogos, trabajadores sociales y criminólogos, con una certificación distinta para evitar abusos.

“Nos debe quedar claro que un sistema de justicia no debe ser nunca un sistema de venganza, si es un sistema de venganza social quedaríamos destruidos como sociedad. El sistema de justicia debe resarcir el daño, trabajar en la justicia restaurativa y entender que la delincuencia es producto de nuestra propia sociedad, por lo que nos corresponde a todos enfrentar este problema. A “El Ponchis” no lo mandaron de Marte, no apareció de la nada, es producto de un mal funcionamiento social”, considera.

Con información de el debate