El sector restaurantero se encuentra molesto y preocupado por la propuesta de la Comisión de Salud del Congreso de Baja California, en la que pretenden aplicar un nuevo cobro a los establecimientos, de por sí, afectados con la crisis económica que ha desatado la pandemia.
Lo anterior lo manifestó Miguel Ángel Badiola Montaño, Secretario General del Consejo Ejecutivo Nacional de Canirac, quien recalcó que el someter a los restaurantes a pagar un nuevo impuesto, podría significar su tiro de gracia.
Señaló que la gran mayoría de los establecimientos cerraron cuando comenzó la fase 2 de la emergencia sanitaria, y los pocos que se mantuvieron operando, lo han estado haciendo a su mínima capacidad.
“Hemos comentado que después de esta contingencia, entre un 30% y 35% de los negocios podrían ya no abrir sus puertas, porque ha sido muy difícil sostenerse sin tener ingresos, y todavía los diputados pretenden aplicar otro impuesto, me parece increíble”, subrayó.
Badiola Montaño indicó que se trata de una iniciativa de la Comisión de Salud del Congreso local, que busca reformar la Ley de Salud Pública del Estado, en los artículos 2, 149, 150, 153 y 153 BIS.
Detalló que los 10 giros comerciales contemplados en el documento son los expendios de alimentos, bebidas alcohólicas y no alcohólicas; los que presten asistencia social; los rastros; las albercas y baños públicos.
Asimismo, los centros de reunión y espectáculos; los dedicados a la prestación de servicios estéticos como peluquerías, salas de belleza o masaje; los de hospedaje; las funerarias; los transportes de carga de alimentos y perecederos; y los centros de desarrollo infantil.
El dictamen de la Comisión de Salud no menciona aún un cobro específico de esta licencia, pero señala que será conforme a lo que disponga la Ley de Ingresos del Estado, la legislación fiscal y los acuerdos que celebren el Ejecutivo federal y las autoridades sanitarias del estado.
“Estamos de acuerdo en generar una bitácora de seguimiento y regulación sanitaria en todos los establecimientos, y que la autoridad correspondiente coadyuve auditando esos procedimientos, de la mano de la propia cámara, pero no a imponer un nuevo pago de permiso cualquiera que este sea”, señaló Miguel Ángel Badiola.
Enfatizó que la industria gastronómica está ya bastante sobre regulada, como para enfrentarse a más contribuciones en este momento de crisis, pues, al contrario, lo que se busca es conservar los 200 mil empleos que se generan en la entidad, a través de los 10 mil establecimientos de elaboración de alimentos que existen, según datos del INEGI.
Por último, el líder del sector restaurantero hizo un llamado a los diputados locales a reconsiderar su intención de cobrar una licencia más a los establecimientos, ya que se trata de incentivar la economía, severamente golpeada por la contingencia sanitaria, y no de hundirla aún más.
Comunicado de Canirac
