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Etiqueta: Mayte mendez

Diputada Maythé Méndez demanda vivienda para familias de policías caídos en servicio en Baja California

  • Propone incluir partidas presupuestales a los municipios y a las corporaciones estatales para garantizar vivienda
  • Sus beneficiarios enfrentan vulnerabilidad jurídica, económica y psicológica: advirtió la legisladora

“Las y los policías caídos en servicio son homenajeados por sus corporaciones para reconocer su valor y méritos en la seguridad pública; sin embargo, poco se habla de las consecuencias jurídicas, económicas y psicológicas que enfrentan sus familiares”, señaló la diputada María Teresa Méndez Vélez al presentar un exhorto desde la Tribuna Parlamentaria.

Actualmente, la ley reconoce diversos derechos sociales para policías, entre ellos el acceso a créditos de vivienda, financiados con aportaciones del Estado y de los integrantes de corporaciones.

“El derecho a la vivienda se garantiza durante su vida laboral; sin embargo, ante el fallecimiento, se omite ampliarlo a sus beneficiarios, dejándolos en estado de vulnerabilidad”, precisó Maythé Méndez.

Agregó que una de las principales responsabilidades institucionales es que las Instituciones de Seguridad Públicaestatales y municipales otorguen de manera oportuna los derechos que por ley corresponden a los familiares de policías.

En ese sentido, propuso que alcaldes de los siete municipios, así como titulares de la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, revisen la inclusión de partidas presupuestales para garantizar vivienda a beneficiarios de policías caídos.

La diputada Maythé Méndez afirmó que este llamado busca dignificar la memoria de quienes dieron su vida y brindar certeza a sus familias, evitando que queden en el abandono.

Al tratarse de un tema de justicia social y reconocimiento institucional, la propuesta contó con el respaldo de la XXV Legislatura, destacando la necesidad de garantizar vivienda digna a las familias afectadas.

Solicita Diputada Maythé Méndez informe sobre avances en la implementación de Reforma de la Defensoría Pública

  • Pide que se informe sobre la aplicación del decreto que amplía la defensa jurídica gratuita en materias laboral, administrativa y penal
  • El acuerdo busca conocer el número de defensores públicos asignados, los municipios donde operan y el presupuesto destinado

En sesión ordinaria, la diputada María Teresa Méndez Vélez presentó una proposición con punto de acuerdo, mediante la cual se exhorta al titular de la Consejería Jurídica del EstadoJuan José Pón Méndez, a informar sobre los avances en la implementación del decreto número 17, publicado el 22 de noviembre de 2024, que contiene la reforma a la Ley Orgánica de la Defensoría Pública.

La reforma, impulsada por la Gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, amplía los servicios jurídicos gratuitos en defensa laboral a las personas trabajadoras, defensa administrativa a las personas servidoras públicas y defensa de ejecución penal a las personas sentenciadas.

Esta medida representa un beneficio colectivo importante para quienes no cuentan con recursos económicos para contratar un abogado particular en dichas materias.

Maythé Méndez subrayó durante la exposición de motivos que toda persona tiene derecho a una defensa garantizada en estas áreas desde la entrada en vigor del decreto. No obstante, señaló que su implementación requiere capacitación de recursos humanos y materiales, lo cual impacta directamente en el presupuesto anual de la Defensoría Pública.

“Es fundamental conocer cómo se está aplicando esta reforma, cuántos defensores públicos hay en cada materia y en qué municipios están brindando atención, porque garantizar una defensa adecuada no puede quedarse en el papel: debe traducirse en presencia real y atención efectiva para quienes más lo necesitan”, expresó la legisladora.

El exhorto solicita que el informe incluya si actualmente se cuenta con defensores públicos en las materias mencionadas, el número de profesionales asignados, los municipios donde operan, el presupuesto destinado en el presente ejercicio fiscal y el proyectado para 2026, así como las acciones realizadas o previstas para asegurar la correcta aplicación de la reforma.