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Etiqueta: mayola gaona

Congreso exhorta a San Quintín a garantizar derechos laborales de policías en retiro

  • De acuerdo con la diputada Mayola Gaona, algunos policías con entre 20 y 30 años de servicio han esperado más de tres años para acceder a sus prestaciones.

El Congreso del Estado de Baja California aprobó un exhorto presentado por la diputada María Yolanda Gaona Medina, dirigido a la alcaldesa de San Quintín, Miriam Cano Núñez, para que se respeten los derechos laborales de los policías en retiro que enfrentan retrasos en sus trámites de pensión.

La legisladora pidió que el director de Seguridad Ciudadana, Alberto Sarabia, remita a la Oficialía Mayor la lista de elementos que cumplen con los requisitos normativos para acceder al haber de retiro. Asimismo, solicitó una auditoría interna sobre los procedimientos aplicados en los últimos cinco años, con el fin de detectar posibles irregularidades.

El exhorto también plantea que la Oficialía Mayor, a cargo de Brenda Sepúlveda, resuelva en un plazo máximo de cinco días la procedencia de los trámites y expida sin demora las cartas de liberación de servicios y demás documentos necesarios para que los agentes concluyan su jubilación ante el IMSS.

De acuerdo con Gaona Medina, algunos policías con entre 20 y 30 años de servicio han esperado más de tres años para acceder a sus prestaciones, situación que calificó como una dilación administrativa injustificada que vulnera sus derechos y dignidad.

La diputada Mayola Gaona advirtió que en San Quintín se vive un caso alarmante, ya que agentes que cumplieron con 25 años de servicio no han recibido los beneficios previstos por la ley, entre ellos el ascenso jerárquico inmediato y el haber de retiro.

Diputada Mayola Gaona presenta iniciativa para establecer el enfoque de envejecimiento activo

  • “Una persona mayor que participa, debate, enseña, lidera, trabaja, que se forma y es escuchada, es una persona viva y plena”
  • La ley vigente reconoce derechos generales, pero no mecanismos específicos que garanticen inclusión, productividad o dignidad cotidiana

La diputada María Yolanda Gaona Medina, del Partido Acción Nacional (PAN), presentó una iniciativa de reforma a la Ley de los Derechos, Protección e Integración de las Personas Adultas Mayores en Baja California, con la intención de establecer un enfoque de envejecimiento activo, participación social y garantía de oportunidades en la vejez.

La propuesta legislativa fue turnada a la comisión correspondiente para su análisis. En su exposición de motivos, la legisladora señaló que la ley vigente reconoce derechos generales, pero carece de mecanismos específicos que aseguren inclusión, productividad y dignidad en la vida cotidiana de las personas mayores.

La iniciativa busca que las autoridades estatales y municipales estén obligadas a garantizar salud preventiva, espacios comunitarios, programas de voluntariado, formación continua, empleo parcial, accesibilidad digital, participación cívica y cultural. Además, plantea que el Instituto de la Persona Adulta Mayor emita lineamientos claros con presupuesto, reglas de operación y mecanismos de evaluación, así como que los municipios incorporen este modelo en su planeación anual.

Gaona Medina subrayó que la propuesta no elimina ni sustituye la pensión, sino que la reconoce como un derecho ganado. Sin embargo, enfatizó que el verdadero bienestar no se mide únicamente en apoyos económicos, sino en la dignidad cotidiana.

Finalmente, sostuvo que una persona mayor que participa, debate, enseña, lidera, trabaja, se forma y es escuchada, es una persona plena. Por ello, afirmó que esta reforma representa una política pública con visión, responsabilidad intergeneracional y un acto de justicia hacia quienes ya han dado todo por la sociedad.

Plantean que no accedan a las candidaturas personas sancionadas por corrupción en BC

  • Con este “candado” a la Constitución local la Diputada Mayola Gaona busca que aspirantes a gobernador, diputados o alcaldes, no tengan antecedentes penales o sanciones por faltas administrativas graves
  • El desvío de recursos, contratación indebida, enriquecimiento oculto y tráfico de influencias, son algunas de las faltas graves previstas por la Ley en la materia

La diputada María Yolanda Gaona Medina presentó una iniciativa para que las personas que aspiren a cargos de elección popular como gobernadordiputado local o integrante de ayuntamientos, no puedan hacerlo si cuentan con antecedentes penales o han sido sancionadas por faltas administrativas graves.

Mediante una propuesta de adición a dos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, se busca que quienes hayan sido sancionados por actos de corrupción, tanto por la vía penal como administrativa, queden inelegibles para ocupar una candidatura.

Esta medida, explicó la legisladora, tiene como fin garantizar que los servidores públicosactúen dentro del marco legal, absteniéndose de incurrir en conductas que afecten la Hacienda Pública Estatal o Municipal o el patrimonio de los entes públicos.

Con este “candado constitucional”, no solo se aplicarían las sanciones establecidas en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California, sino que además se prohibiría el acceso a candidaturas a quienes hayan cometido faltas graves como: cohecho, peculado, desvío de recursos, uso indebido de información, abuso de funciones, conflicto de interés, contratación indebida, enriquecimiento oculto, entre otras.

Finalmente, Mayola Gaona subrayó que excluir a quienes hayan cometido actos de corrupción es esencial para proteger la integridad de las instituciones democráticasfortalecer la confianza ciudadana y promover la transparencia en el gobierno.

Dip. Mayola Gaona propone que se reconozca el derecho de las personas con Autismo a recibir atención preferente

  • Presenta una adición a la Ley en la materia, para que se reconozca expresamente su derecho a recibir esta atención, sin tiempos prolongados de permanencia
  • El mayor reto no es la condición misma, sino la falta de comprensión institucional, infraestructura adaptada y de trato humano

En Baja California, madres, padres y cuidadores de personas con autismo, han señalado que el mayor reto no es la condición misma, sino la falta de comprensión institucional, de infraestructura adaptada y de trato humano, especialmente cuando deben esperar en salas abarrotadas trámites administrativos o consultas médicas, sin ninguna forma de atención preferente.

Por ello, con esta Iniciativa de adición a una fracción al artículo 8 de la Ley de Atención y Protección a Personas con Autismo Estatal, la legisladora panista María Yolanda Gaona Medina, busca que se reconozca expresamente su derecho a recibir atención preferente y sin tiempos prolongados de permanencia.

Así mismo, plantea adicionar un artículo 8 BIS, para establecer los mecanismos operativos mínimos que deben aplicar tanto autoridades públicas como prestadores privados de servicios. Esto para transformar la visión de la inclusión, y pasar de una perspectiva simbólica a una real que modifique su experiencia cotidiana.

El Trastorno del Espectro Autista (TEA), es una condición del neurodesarrollo que afecta la comunicación, la interacción social y la conducta de quienes la presentan. Si bien se trata de una condición ampliamente diversa, uno de los aspectos comunes, especialmente en niñas, niños y adolescentes, es la dificultad para afrontar tiempos de espera prolongados y permanecer en entornos sobre estimulantes, como filas, salas de espera o lugares concurridos.

Por ello, pedirle a una persona con autismo que espere en una fila o en una sala común, sin adaptaciones específicas —dijo— es equivalente a colocarle una barrera invisible que vulnera sus derechos, su dignidad y su estabilidad emocional.

Estas situaciones, pueden generarles crisis emocionalesconductuales o sensoriales, que no sólo afectan su bienestar, sino que, en muchos casos, impiden su acceso efectivo a servicios de saludeducaciónatención administrativa o actividades recreativas.

Finalmente, Mayola Gaona puntualizó que, esto sería un paso fundamental para prevenir crisis sensoriales y desregulación emocional; respetar la dignidad y autonomía de las personas neurodivergentes; garantizar un trato igualitario mediante ajustes razonables y no discriminatorios, y promover entornos accesibles y empáticos.