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• La iniciativa busca precisar el delito de extorsión cuando se comete mediante medios digitales y reforzar la protección jurídica de las víctimas.

Con el objetivo de fortalecer el marco legal frente a las nuevas modalidades de extorsión que se cometen a través de entornos digitales, el diputado Fidel Mogollón Pérez presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de Baja California para precisar y robustecer la regulación de este delito cuando se realiza mediante medios electrónicos y tecnológicos.

El legislador expuso que la extorsión es uno de los delitos de mayor impacto social, por lo que resulta indispensable adecuar el derecho penal a la realidad tecnológica actual, a fin de cerrar espacios de impunidad y dotar a las instituciones de herramientas claras y eficaces para su investigación y sanción.

Recordó que en 2025 el Congreso del Estado aprobó una reforma integral en materia de extorsión, la cual fortaleció el tipo penal y armonizó la legislación local con el marco jurídico nacional; sin embargo, advirtió que la migración de este delito hacia plataformas digitales ha generado nuevas formas de victimización que requieren un tratamiento normativo más preciso.

Entre las conductas que han cobrado mayor relevancia se encuentran la extorsión telefónica, la “sextorsión”, la suplantación de identidad digital, las amenazas mediante redes sociales, el uso indebido de datos personales y los secuestros virtuales, prácticas que generan afectaciones patrimoniales, psicológicas y emocionales de especial gravedad.

Mogollón Pérez señaló que, si bien el Código Penal vigente contempla el uso de medios electrónicos como circunstancia agravante, esta previsión resulta general y no desarrolla de manera expresa las características propias de la extorsión cometida en entornos digitales ni sus particularidades frente a las modalidades tradicionales.

La iniciativa plantea definir de forma expresa cuándo la extorsión se considera cometida mediante medios digitales y adicionar supuestos agravantes específicos, como el uso de datos personales o contenidos íntimos, la suplantación de identidad, la reiteración sistemática de la conducta y la afectación directa a actividades comerciales o productivas.

Finalmente, el legislador precisó que la propuesta no crea un nuevo delito ni modifica la pena base, sino que reforma el Artículo 224 BIS del Código Penal estatal, con el propósito de brindar mayor certeza jurídica, facilitar la investigación del delito y reforzar la protección de las víctimas, sin generar impacto presupuestal ni invadir competencias federales.