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Etiqueta: diputado Juan Manuel Molina

Aclara diputado Juan Manuel Molina representación amplia y percepciones en Congreso de Baja California

  • Señala que cada diputación en BC representa hasta 170 mil habitantes, cifra superior a otros estados del país.
  • “Dividir el presupuesto entre el número de diputados no sería el parámetro más adecuado para considerar el costo de una diputación”, dice Molina.

El diputado Juan Manuel Molina García, presidente de la Junta de Coordinación Política, aclaró diversos señalamientos sobre el presupuesto y las percepciones en el Congreso del Estado, destacando que en Baja California cada diputación representa entre 160 y 170 mil habitantes, una cifra considerablemente superior a la de otras entidades como Colima, donde cada legislador atiende entre 25 mil y 30 mil personas.

Explicó que el presupuesto asignado al Congreso de Baja California incluye tanto al Poder Legislativo como a la Auditoría Superior del Estado, lo que implica mayores responsabilidades administrativas, operativas y de personal, además de la integración de 25 diputaciones de distintas fuerzas políticas.

“Dividir el presupuesto entre el número de diputados no sería el parámetro más adecuado para considerar el costo de una diputación”, puntualizó, al subrayar que la dimensión territorial también representa un reto adicional, ya que, por ejemplo, el quinto distrito local tiene una extensión superior al propio estado de Colima.

Molina García recordó que en legislaturas anteriores incluso se planteó aumentar el número de diputaciones de 25 a 40, lo que bajo ciertos parámetros colocaría al Congreso local entre los de menor costo relativo; sin embargo, consideró que ese tipo de comparaciones no reflejan con precisión la realidad administrativa y territorial del estado.

Asimismo, lamentó que algunos medios difundieran información imprecisa respecto a supuestos bonos, pagos adicionales por presidir comisiones o percepciones extraordinarias.

En ese sentido, aseguró que las percepciones de las diputaciones en Baja California se encuentran entre las más bajas del país. “Aquí percibimos 62 mil pesos, no hay bonos, no hay seguros de vida, no hay aguinaldos ni primas vacacionales, inclusive no contamos con seguridad social ni servicios de salud”, afirmó.

Finalmente, expresó que ante la próxima reforma constitucional anunciada por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, orientada a homologar presupuestos y percepciones en los congresos estatales, en Baja California existe disposición para realizar ajustes con responsabilidad.

“Si hay que reducir partidas y eficientar áreas, estamos listos para hacerlo con responsabilidad”, concluyó.

Congreso de Baja California y nueva dirigencia sindical establecen ruta institucional de coordinación

  • Comenzarán mesa de trabajo para analizar nuevas condiciones generales laborales del Poder Legislativo.

Con el objetivo de establecer una ruta de coordinación y seguimiento institucional, el diputado Juan Manuel Molina García, presidente de la Junta de Coordinación Política, y el director de Administración del Congreso del Estado, José Antonio Olivas Arredondo, sostuvieron una reunión de trabajo con la nueva dirigente sindical, Patricia Ruiz Magdaleno, y su equipo de colaboradores.

Durante este primer acercamiento se realizó la presentación formal del equipo sindical y se revisaron los aspectos necesarios para establecer un trabajo coordinado entre el Congreso del Estado y el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipio e Instituciones Descentralizadas de Baja California.

En la reunión también se planteó el inicio de una mesa de trabajo que permitirá analizar y construir las nuevas condiciones generales de trabajo del Poder Legislativo, dando paso a un proceso de diálogo institucional orientado a fortalecer la relación laboral y garantizar mejores condiciones para los trabajadores.

Ambas partes asumieron el compromiso de dar seguimiento puntual a los temas abordados y de reunirse en los próximos días para revisar los avances correspondientes, reafirmando la voluntad de mantener una comunicación abierta, constante y de colaboración institucional.

Piden esclarecer donación de predios escolares ante incertidumbre en San Quintín

  • El Congreso exhorta a autoridades estatales y municipales a transparentar la situación jurídica de los terrenos de la Secundaria General No. 212 para brindar certeza a la comunidad estudiantil.

El Congreso del Estado exhortó a la Secretaría de Educación de Baja California y al Ayuntamiento de San Quintín a informar de manera clara y documentada sobre la donación y posible reversión de los predios vinculados a la Secundaria General No. 212, con el fin de brindar certeza a estudiantes, docentes y familias.

De acuerdo con la proposición presentada por las diputaciones Dunnia Montserrat Murillo López y Juan Manuel Molina García, la problemática se origina en actos administrativos realizados durante administraciones municipales pasadas, cuando San Quintín aún formaba parte del municipio de Ensenada, que habrían modificado el destino original del terreno donado para uso educativo.

La diputada Montserrat Murillo señaló que la educación no puede estar sujeta a dudas o disputas administrativas, por lo que es indispensable que las autoridades responsables proporcionen información oficial y verificable sobre la situación jurídica del predio, a fin de garantizar su uso en beneficio de la comunidad escolar.

Por su parte, el diputado Juan Manuel Molina advirtió que la indefinición ha generado alarma social y movilizaciones de padres de familia, docentes y vecinos, quienes demandan certeza sobre la permanencia de la escuela y la continuidad del servicio educativo.

El exhorto aprobado solicita a la Secretaría de Educación de Baja California, encabezada por Irma Martínez Manríquez, así como a la alcaldesa de San Quintín, Miriam Elizabeth Cano Núñez, transparentar los antecedentes legales del predio y, en su caso, informar sobre posibles procesos de reversión o regularización.

Las y los integrantes de la XXV Legislatura coincidieron en que el acceso a la educación debe estar protegido frente a conflictos administrativos, por lo que subrayaron la necesidad de una solución que garantice seguridad jurídica, rendición de cuentas y confianza para la comunidad estudiantil del municipio.