Skip to main content

Etiqueta: diputada

Pide diputada Alejandrina Corral fortalecer sistema de pensiones y jubilaciones

  • Propone establecer mesas de trabajo con participación de sindicatos, donde puedan intervenir funcionarios y expertos en la materia

La diputada Santa Alejandrina Corral Quintero presentó iniciativa de reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, para fortalecer el sistema de pensiones y jubilaciones, a través de la colaboracióncoordinación y participación de las organizaciones sindicales con el Estado para lograr los mejores resultados en beneficio de las y los trabajadores.

La legisladora externó que “una reforma sustancial al sistema de pensiones y jubilaciones que contempla la Ley de ISSSTECALI, que sea elaborada en colaboración con las organizaciones sindicales y expertos en la materia, permitiría asegurar de manera completa y eficaz la viabilidad financiera del Instituto para hacer frente a sus obligaciones en materia de seguridad social sin afectar los intereses ni el patrimonio de sus agremiados”.

Por lo que la intención legislativa es que las reformas que se promuevan en materia de seguridad social, previo a su aprobación por el Poder Legislativo, sean consultadas con las organizaciones sindicales, a las que pertenezcan las y los trabajadores señalados en las fracciones I y II del artículo 99, además de establecer que se realicen mesas de trabajoen las que participen dichas organizacionesfuncionarios y expertos en la materia.

“Es importante mencionar, y de conocimiento público, la situación de insuficiencia de recursos por la que está pasando ISSSTECALI y que gran parte de ello se debe al entero de las cuotas y aportaciones a las que están obligadas las Autoridades Públicas Empleadoras a entregar al Instituto con motivo de las obligaciones establecidas en los artículos 16 y 21 de la Ley de ISSSTECALI”, indicó.

También reconoció la lucha constante de los pensionados y jubilados de ISSSTECALI que día a día buscan las mejores condiciones para lograr una vida digna en su retiro y, ante la imposibilidad jurídica de conformar un sindicatoque los represente, se reconoce la forma en que se organizan para la defensa de sus intereses.

Diputada propone sancionar el robo de mascotas

  • La pretensión es sancionar específicamente el delito de sustracción de animales domésticos.

Con el objeto de tipificar y sancionar de manera específica la sustracción ilícita de animales domésticos, la diputada Daylín García Ruvalcaba presentó iniciativa de reforma al artículo 342 SEXTIES del Código Penal, para responder a la creciente incidencia de este delito, que afecta tanto a los animales como a sus propietarios.

La propuesta tiene como objetivo incluir este acto en el marco penal, reconociéndolo como un delito autónomo, con sanciones proporcionales a su gravedad.

Según la legisladora, la sustracción de animales domésticos no solo genera un profundo daño emocional a las familias afectadas, sino que también expone a las mascotas a condiciones de maltrato y crueldad, como peleas, reproducción forzada o comercio ilegal.

Numerosos estudios revelan un vínculo entre la violencia hacia los animales y comportamientos violentos hacia personas, señalando el maltrato animal como un posible indicador temprano de conductas antisociales y delictivas, lo que refuerza la necesidad de un enfoque preventivo.

Daylín García destacó que también se busca atender una de las principales preocupaciones de las organizaciones animalistas y de la ciudadanía en general, quienes han solicitado una respuesta contundente ante el incremento de estos actos.

Explicó que la importancia de esta reforma radica en que representa un paso fundamental para combatir el maltrato animal y fomentar una sociedad más empática y respetuosa.

“Este tipo de delitos debe ser sancionado no solo como una estrategia pública para inhibir estas conductas, sino como parte de un manifiesto moral que valore el respeto hacia los animales y el entorno que compartimos“, puntualizó.

La legisladora reiteró que fortalecer las leyes en materia de protección animal no solo beneficia a los animales, sino que también contribuye a la construcción de comunidades más seguras, al abordar problemas que pueden ser precursores de otros tipos de violencia interpersonal.

Actualmente, el Código Penal del Estado, en su artículo 342, establece sanciones para los actos de maltrato y crueldad animal; sin embargo, no contempla de manera específica la sustracción ilícita de animales domésticos como un delito autónomo.

Proponen reglamentar compra – venta de catalizadores en Baja California

  • Para combatir el robo de catalizadores, la diputada Evelyn Sánchez propuso establecer en la ley requisitos para quien venda esta autoparte.


En Baja California uno de los delitos que se encuentra en auge es el robo de catalizadores, esta autoparte que se encuentra en el sistema de escape de las unidades automotrices ayuda a reducir las emisiones de dióxido de carbonoque se producen por la combustión interna.

En la búsqueda de combatir un delito que va en incremento en la entidad, para salvaguardar la integridad de la ciudadanía y del medio ambiente, la diputada morenista Evelyn Sánchez Sánchez, presentó iniciativa de reforma a la Ley que Regula el Funcionamiento y Operación de Yonkes, Recicladoras y Centros de Acopio de Materiales Metálicos para el Estado de Baja California.

La intención legislativa es implementar una reglamentación específica para llevar a cabo la compra-venta de convertidores catalíticos en el estado, reformando el artículo 9, adicionando la fracción IX, de la Ley antes mencionada, para en el establecer los requisitos que deberá presentar la persona que pretenda vender este dispositivo.

La legisladora destacó que este mercado de compra venta de catalizadores para el supuesto reciclaje y reutilización, está normado conforme lo establecido en la Ley General para la Prevención de y Gestión Integral de Residuos, hecho que no están cumpliendo a cabalidad quienes ostentan los permisos de recicladora y/o yonkes; además no sólo laceran el medio ambiente, sino que también fomentan una actividad ilícita que afecta directamente el patrimonio de la ciudadanía.

Refirió que este tipo de conducta delictiva consiste en robar sólo este componente de los vehículos, pues su precio en el mercado del reciclaje oscila entre los 60 dólares americanos, aproximadamente unos mil 200 pesos mexicanos y en algunos tipos de catalizadores, el precio llega hasta los mil dólares americanos, unos 20 mil pesos mexicanos.

¡Veterinarias públicas y gratuitas! Propone Diputada

  • La Diputada Adriana Padilla Mendoza presenta reforma a la Ley de Protección a los Animales Domésticos Estatal.

Con el objeto de que se establezcan veterinarias públicas gratuitas, la Diputada Adriana Padilla Mendoza, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Protección a los Animales Domésticos de Baja California.

Dijo que esta propuesta es solo un paso para seguir robusteciendo la legislación en la materia y recordó que el Partido Verde, ha impulsado y coordinado acciones para reconocer a los animales como sujetos de derecho y garantizar su bienestar y protección.

Más allá de las diferentes opciones existentes que ofrece el sector privado en cuanto a la atención médico veterinaria, es indispensable que, el Estado proporcione a la población centros de atención veterinaria públicos y gratuitos, que cuenten con todo lo necesario para atender lo referente a la sanidad de sus animales y así poder cumplir con lo establecido en la norma.

Cabe señalar que, en nuestro país, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), solo 42 por ciento de las personas que tienen animales de compañía los llevan al veterinario y el 33 por ciento no lo ha hecho nunca.

Por ello, agregó, la presente propuesta busca precisamente incentivar esta práctica y acercar estos servicios de forma accesible, a más personas en los distintos municipios.

En su exposición de motivos, resaltó la legisladora que esfuerzos como este, ya se han impulsado en nuestro país, con medidas a nivel local y municipal, que han procurado atender esta necesidad.

Citó como ejemplo, que, en Tijuana, desde febrero del 2020, en la Clínica Veterinaria Gratuita de Tijuana, con más de 30 servicios de consultorio médico, la ciudadanía encuentra un espacio para la atención de sus animales, garantizando la salubridad de más de 900 por mes, o 10 mil 800 por año.

Lo que se ha traducido en extraordinarios beneficios para un gran número de familias tijuanenses, quienes tienen con estos seres sintientes un vínculo muy especial.

‘Escalón universal’ para personas de talla baja: propone Diputada Evelyn Sánchez

  • La diputada morenista Evelyn Sánchez Sánchez, impulsa una iniciativa de reforma a Ley para las Personas con Discapacidad en el Estado.
  • Propone incorporar “escalón universal” para garantizar derecho a la accesibilidad a los servicios e instalaciones públicas y privados.

La diputada morenista Evelyn Sánchez Sánchez, impulsa una iniciativa de reforma a la Ley para las Personas con Discapacidad en el Estado de Baja California, con el objetivo de ampliar la definición y alcance de las discapacidades físicas y facilitar la accesibilidad en la infraestructura básica de espacios públicos y privados para las personas de talla baja.

La propuesta turnada a la Comisión de Bienestar, Derechos de la Niñez, Juventudes, Personas con Discapacidad y Adultas Mayores para su estudio y dictamen, surge debido a que desde hace unos años la petición de la sociedad civil organizada para que, en los espacios públicos y privados de uso público, se cuente con este “escalón universal” para personas de talla baja, de forma tal que se garantice su derecho a la accesibilidad a los servicios e instalaciones públicas y privadas.

Por lo que, al modificar la legislación para la incorporación del escalón universal, busca combatir la discriminación, ya que se considera “cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar, menoscabar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales”.

La diputada Evelyn Sánchez abundó que el escalón universal, es una plataforma, escalón, banco o accesorio horizontal para subir o bajar y puede estar integrado por un peldaño más, de acuerdo con las necesidades. Dicha herramienta, no implica un presupuesto oneroso que haga difícil su cumplimiento para favorecer la inclusión de las personas de talla baja.

Destacó que en México desde 2014, se decretó el 25 de octubre como Día Nacional de Las Personas de Talla Baja y el 12 de julio de 2018 se reformó el artículo 4 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidadpara incluir la acondroplasia o talla baja como discapacidad y dejar claro que las personas de talla baja deben de gozar plenamente y sin discriminación de todos los derechos.

La acondroplasia es uno de un grupo de trastornos que se denominan condrodistrofias u osteocondrodisplasias. Estos trastornos genéticos causan problemas con el desarrollo de hueso, cartílago y tejido conectivo, comúnmente denominado como enanismo.

Propuesta de Tere Ruiz busca resarcir daños por incumplir contratos de compraventa

  • Se busca prevenir que compradores incumplidos se beneficien injustamente.

La legisladora del VI Distrito, Teresita del Niño Jesús Ruiz Mendoza, presentó una iniciativa de reforma al artículo 2185 del Código Civil para garantizar que, ante la violación de un contrato de compraventa, la parte afectada tenga derecho al resarcimiento de los daños y perjuicios, al igual que en cualquier otra obligación de carácter civil.

Tere Ruiz afirmó que la redacción actual del artículo es injusta, ya que impide a los vendedores de bienes inmuebles reclamar una compensación adecuada por los daños causados por el incumplimiento del comprador.

“Por regla general, la víctima del hecho ilícito de violar un contrato tiene derecho a reclamar el cumplimiento forzoso del mismo o su rescisión y en ambos casos al pago de los daños y perjuicios que se le hubieren causado”, señaló.

En cuanto al comprador que, debido a su incumplimiento, provoca la rescisión del contrato, el resarcimiento resulta desproporcionado, ya que no solo se le reembolsa el dinero entregado como pago, sino que también se le otorgan intereses legales sobre esas sumas, favoreciendo así su conducta indebida.

Al respecto, la iniciativa señaló que esta situación invita a personas sin escrúpulos a comprar bienes (por lo general inmuebles), usarlos y dejar de pagar a sabiendas de que lo más que puede suceder es que tenga que pagar una renta baja que se verá resarcida por los intereses a que tenga derecho por las sumas que pagó.

“Es como celebrar un contrato de arrendamiento donde las cantidades pagadas de renta le produjeron al inquilino una recuperación por intereses, lo cual es notoriamente injusto e inequitativo”, subrayó Tere Ruiz.

En ese sentido, la iniciativa propone que, en caso de rescisión de un contrato de compraventa, no se apliquen excepciones a las consecuencias naturales derivadas de su incumplimiento. Esto garantizaría que la parte afectada tenga derecho al resarcimiento de daños y perjuicios, como ocurre en cualquier otra obligación de carácter civil, permitiendo además que dichos daños puedan transformarse en una pena convencional en relaciones bilaterales.

Diputada propone hasta 8 años de prisión por desviar recursos del ISSSTECALI

  • En el caso de los municipios, será responsabilidad del titular de la tesorería o del área de finanzas.

Con el fin de garantizar que los recursos destinados a la seguridad social sean entregados de manera puntual y sin desvíos, protegiendo los derechos de las y los trabajadores, la diputada Yohana Sarahí Hinojosa Gilvaja propone sancionar con penas de 4 a 8 años de prisión e inhabilitación permanente a los servidores públicos que incumplan con las obligaciones relacionadas con las aportaciones y cuotas al ISSSTECALI.

Para ello, plantea que las aportaciones de las dependencias y entes obligados sean realizadas directamente por la Secretaría de Finanzas, utilizando las partidas del presupuesto de egresos del Estado, al igual que las cuotas retenidas del salario de los trabajadores.

En el caso de los municipios, será responsabilidad del titular de la tesorería o del área de finanzas realizar estas transferencias, asegurando la correcta gestión de los recursos públicos.

Al motivar su proyecto, Yohana Gilvaja refirió que la crítica situación financiera del ISSSTECALI tiene sus raíces en decisiones tomadas durante gobiernos donde los titulares del Instituto eran designados sin apego al perfil requerido, utilizándose como un espacio de compensación para políticos sin cargo, lo que resultó en una gestión deficiente y una falta de interés gubernamental en su funcionamiento.

Detalló que a lo largo del tiempo, la Junta Directiva del ISSSTECALI sufrió cambios que alejaron al Poder Ejecutivo de la supervisión directa del Instituto. La presidencia pasó a ser una designación delegada, lo que facilitó la falta de rendición de cuentas y permitió que directores sin preparación adecuada asumieran el control.

Actualmente, el principal deudor del ISSSTECALI es el Ayuntamiento de Ensenada, responsable de casi el 50% del pasivo total, y otros municipios y dependencias estatales también contribuyen al problema, acumulando deudas que han minado la estabilidad financiera del Instituto y puesto en riesgo los derechos de las y los trabajadores.

“La iniciativa de reforma a la Ley del ISSSTECALI tiene como objetivo que el Instituto recupere el flujo de efectivo necesario para cumplir con las obligaciones en curso, reduciendo el impacto del incumplimiento de los sujetos obligados en sus finanzas y, lo más importante, en los derechos y el bienestar de las y los trabajadores“, enfatizó Yohana Gilvaja en su posicionamiento desde la tribuna del Pleno.

Diputada presenta reforma al servicio de agua potable en BC

  • La iniciativa tiene por objeto establecer un término perentorio para la atención de descargas de aguas residuales cuando exista riesgo a la salud o daño al medio ambiente.

La diputada Adriana Padilla Mendoza presentó una iniciativa con proyecto de decreto, mediante el cual se reforma la Ley que Reglamenta el Servicio de Agua Potable en el Estado de Baja California.

Su iniciativa tiene por objeto establecer un término perentorio para la atención de descargas de aguas residuales y fue turnada a la Comisión Legislativa del ramo, para su estudio y análisis.

La Ley que pretende reformar contempla que corresponde a los Organismos encargados del servicio realizar su tratamiento, así como a los particulares en los términos previstos en la presente Ley.

Asimismo, señala que dicho tratamiento debe cumplir con las disposiciones contenidas en las Normas Oficiales Mexicanas, así como en las normas ambientales de Baja California.

En virtud de lo anterior, al Estado le corresponde la prestación del servicio de agua y saneamiento, así como establecer las políticas, objetivos y programas, para que hagan óptimo el aprovechamiento del agua y su distribución.

La iniciativa de la Legisladora del PVEM consiste en una adición al artículo 110 de la citada Ley, para que cuando exista riesgo de salud o daño al medio ambiente, se deba reparar y garantizar la colección, conducción, tratamientos, alojamiento y dichas descargas de uso doméstico, comercial, de servicios o industrial, en un plazo máximo de tres días naturales.

Según mencionó en su exposición de motivos, desde hace ya algunos años existe una demanda de la ciudadanía, manifestando que el drenaje sanitario y residual está colapsado en varios sectores de la Entidad, lo que provoca una crisis de salubridad, inundando de aguas negras colonias.

Por tales motivos, al considerar que la inatención provoca daños a la salud y al medio ambiente, presentó su reforma con la pretensión de solucionar la demanda y que se puedan atender dichos requerimientos en el plazo propuesto, para proteger el medio ambiente y cuidar la salud de la ciudadanía, sobre todo de niños y niñas.

“Vamos por municipios mas fuertes y una sociedad más justa e igualitaria”: Dip. Julia González

  • Emite posicionamiento relativo a la aprobación de su Iniciativa de reforma a la Ley de Hacienda Municipal.
  • Se busca que Ayuntamientos puedan reconocer como legítima fuente de financiamiento, los Fondos Distintos a las Aportaciones; y más cuando han iniciado trabajos para proyectar Leyes de Ingresos 2025.

La adecuación del marco jurídico tributario del ámbito local adquiere relevancia para avanzar hacia un fortalecimientobasado en finanzas municipales más sólidas, de acuerdo con las vocaciones productivas de cada región.

Esto fue señalado por la Diputada Julia Andrea González Quiroz, al presentar su posicionamiento ante el Pleno, relativo a la Iniciativa de reforma la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Baja California.

“Considero de especial importancia dirigir este mensaje con respecto a esta iniciativa que recién se aprueba, pues permite a los Ayuntamientos encaminar los esfuerzos gubernamentales, al aprovechamiento de los espacios de oportunidad que la Ley les brinde, para fortalecer sus finanzas y con ello su capacidad de respuesta a las crecientes demandas sociales”.

Añadió que, “como Congreso, tenemos la responsabilidad de mantener actualizada la normatividad en beneficio de toda la ciudadanía, y qué mejor que buscar medios para el apuntalamiento de la actividad económica, la distribución primaria del ingreso y la generación del empleo en Baja California”.

Se busca con esta reforma que los municipios tengan la posibilidad de reconocer como una legítima fuente de financiamiento los Fondos Distintos a las Aportaciones, y más cuando han iniciado los trabajos para proyectar las Leyes de Ingresos 2025 de cada municipio.

Pretende otorgar certeza jurídica a los Municipios del Estado, respecto de la ampliación de sus fuentes de ingreso, distinta de las contribuciones tradicionales; para incluirse además, la posibilidad de poder acceder a los recursos que pudieran establecerse en su favor y provengan de dichos fondos.

Finalmente, la Legisladora del Partido Morena puntualizó: “Vamos por municipios más fuertes y estables y una sociedad más justa e igualitaria para todas y todos los bajacalifornianos”.

Presenta Diputada Yohana Gilvaja iniciativa para garantizar las pensiones de las y los trabajadores

  • Es obligación de los municipios y dependencias garantizar la sostenibilidad del ISSSTECALI
  • Intentos de los municipios para saldar deudas mediante terrenos, es una medida insuficiente.

La diputada del Partido del TrabajoYohana Sarahí Hinojosa Gilvaja, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de ISSSTECALI, con el propósito de asegurar el pago de las próximas pensiones, en beneficio de las y los trabajadores en la última etapa de su vida laboral.

La inicialista considera necesario que las fuentes de trabajo, es decir, las dependencias y organismos del Estado y Municipios, reasuman la obligación de brindar las pensiones frente a la imposibilidad evidente por parte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado, producida por el prolongado incumplimiento de los propios sujetos obligados.

En Baja California, al igual que en otras entidades, surgieron direcciones de pensiones civiles que luego se transformaron en organismos públicos descentralizados, con autonomía y recursos propios.

Al principio, estos institutos gozaron de finanzas sólidas y una gestión adecuada, guiada por normas de administración, actuaría y auditoría estándar.

“Con el tiempo, los institutos de pensiones se desviaron de su función principal debido a intereses políticos; las juntas de gobierno aprobaron gastos ajenos a su propósito, como eventos y celebraciones, mientras que municipios y dependencias estatales dejaron de cumplir con sus aportaciones, lo que provocó atrasos y finalmente un incumplimiento total que comprometió la sostenibilidad de las pensiones”, destacó la legisladora.

En los últimos años, los municipios han intentado saldar su deuda con ISSSTECALI mediante la entrega de terrenos, pero agotaron sus reservas territoriales sin cubrir los adeudos.

Las dependencias estatales, por su parte, no pudieron recurrir a este método, lo que ha llevado al Instituto a una situación disfuncional.

A razón de lo anterior, la alternativa de solución propuesta por Yohana Gilvaja sugiere que, mediante medidas de austeridad y una administración rigurosa, los municipios puedan generar recursos necesarios para cumplir sus obligaciones con los trabajadores.

“Asumir directamente estas responsabilidades motivará a encontrar una solución permanente, ya que los costos crecientes de los pagos directos impactarán significativamente en sus finanzas”.