Propone Diputado castigar con 10 a 20 años de prisión el despojo de viviendas
- El diputado Jaime Cantón Rocha presentó una iniciativa para tipificar la corrupción inmobiliaria como delito grave en Baja California.
El diputado Jaime Cantón Rocha presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de Baja California con el objetivo de crear el delito de corrupción inmobiliaria, a fin de frenar prácticas que afectan el patrimonio de las familias, vulneran el derecho a una vivienda digna y propician redes de colusión entre particulares y servidores públicos.
Durante la exposición de motivos, el legislador señaló que las operaciones de despojo no ocurren de manera aislada, sino que requieren la participación coordinada de diversos actores. Explicó que, además de la ocupación ilegal de una vivienda, estas acciones implican la intervención de abogados, notarios, jueces y funcionarios públicos que facilitan o toleran estas conductas, generando un contexto de impunidad a lo largo del tiempo.
La propuesta establece que la corrupción inmobiliaria sea reconocida por primera vez en Baja California como delito grave, con penas de 10 a 20 años de prisión para funcionarios que, por acción u omisión, permitan edificaciones ilegales o construcciones que no cumplan con los requisitos normativos, así como para los particulares que participen en dichas obras.
Asimismo, prevé que cuando estas conductas afecten directamente el derecho de propiedad sobre una vivienda, las penas correspondientes a delitos relacionados —como fraude, despojo, falsificación de documentos, abuso de autoridad, cohecho o tráfico de influencias— se dupliquen, considerando la gravedad de dejar a una persona sin su hogar.
Cantón Rocha destacó que la propuesta responde a fenómenos documentados en México y Baja California, como el denominado “cártel del despojo”, y busca enviar un mensaje claro: la corrupción inmobiliaria dejará de ser tolerada. “Con esta reforma protegemos el patrimonio de las y los bajacalifornianos, cerramos espacios a la impunidad y fortalecemos el derecho humano a una vivienda segura y legal”, afirmó.
Añadió que el fortalecimiento normativo debe ir acompañado del funcionamiento eficiente de los sistemas de control administrativo y procuración de justicia, para que las acciones de investigación y sanción sean efectivas. Señaló que, de no ser así, se incentiva la repetición de estas conductas.