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Etiqueta: corrupcion

Jorge Ramos presenta iniciativas para mejorar la justicia, combatir la corrupción y fortalecer el sistema penitenciario

  • Imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, medidas para la reinserción de adolescentes en conflicto con la Ley, entre las propuestas del diputado.

El diputado Jorge Ramos Hernández presentó tres iniciativas con el objetivo de reforzar el sistema de justicia en Baja California, enfocadas en evitar la prescripción de los delitos de corrupción, garantizar un seguimiento adecuado a los adolescentes en conflicto con la ley y fortalecer el Sistema Penitenciario del Estado.

Una de las propuestas más destacadas es una reforma al Código Penal que establece la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción cometidos por servidores públicos, lo que asegura que los actos de abuso de poder no queden impunes debido al paso del tiempo.

Al respecto Jorge Ramos señaló que la corrupción socava la confianza de la sociedad en las instituciones y el sistema de justicia. “Con esta reforma, buscamos que los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos, sin importar el tiempo transcurrido desde la comisión del delito”.

Otra de sus iniciativas tiene como objetivo mejorar la reinserción social de los adolescentes en conflicto con la ley. Actualmente, muchos jóvenes que cumplen sanciones en centros de reclusión enfrentan riesgos de reincidencia, ya que al ser liberados regresan a los mismos ambientes delictivos.

La propuesta subraya la necesidad de establecer políticas públicas que proporcionen acompañamiento integral a estos jóvenes, incluyendo programas de rehabilitación, apoyo psicológico y educativo, con el fin de evitar que recaigan en comportamientos delictivos y asegurar su derecho a una vida digna y segura.

Además, el legislador presentó una reforma a la Ley que Crea la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Baja California. Esta reforma busca armonizar las disposiciones de la ley estatal con la Ley Nacional de Ejecución Penal, asegurando que los centros penitenciarios cuenten con un marco legal claro y efectivo para promover una reinserción social más eficiente.

Cabe mencionar que estos y otros proyectos legislativos son producto del ejercicio de Parlamento Abierto que la Comisión de Seguridad Ciudadana y Protección Civil de esta Legislatura llevó en cada uno de los municipios de la entidad, con el objetivo de escuchar las propuestas de los bajacalifornianos para mejorar el marco jurídico y las políticas públicas en materia de seguridad ciudadana y protección civil.

Nueva reforma en BC capacitará anualmente a servidores públicos

  • La propuesta de reforma fue presentada por la diputada Evelyn Sánchez Sánchez, con la finalidad de fortalecer el marco legal.

En Sesión Ordinaria del Pleno del Congreso, la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, presentó el dictamen número 25, correspondiente a la iniciativa de reforma a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California, mismo que fue aprobado por mayoría.

La propuesta de reforma fue presentada por la diputada Evelyn Sánchez Sánchez, con la finalidad de fortalecer el marco legal, dotando de atribuciones a los Órganos Internos de Control a fin de que lleven a cabo capacitación anual a las personas servidoras públicas, a fin de prevenir la corrupción en el desempeño de su empleo, cargo o comisión.

La legisladora expone en su propuesta que la corrupción y el desconocimiento de las responsabilidades administrativas constituyen dos de los principales retos en el ejercicio gubernamental y que la lucha contra la corrupción requiere no sólo de instrumentos normativos eficaces, sino también de medidas preventivas que fortalezcan la ética y el desempeño de los servidores públicos.

Por su parte, la Comisión dictaminadora concluyó que en los términos que se hace la propuesta legislativa y advirtiendo que dotar de atribuciones a los Órganos Internos de Control para llevar a cabo capacitaciones en forma periódica a las personas del servicio público, resulta ser una medida preventiva con un impacto positivo que les permitirá conducirse en el desempeño del empleo, cargo o comisión, bajo los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, imparcialidad, integridad, eficacia y eficiencia, que rigen el sistema anticorrupción; en ese sentido es que la norma resulta jurídicamente procedente.

Por lo que se aprueba la reforma al artículo 10 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California, para quedar como sigue: “IV. Capacitar anualmente a las personas servidoras públicas de los entes gubernamentales, en materia anticorrupción y de responsabilidades administrativas”.

Diputada propone aumentar el castigo el cohecho en Baja California

  • La penalidad propuesta para cuando la cantidad del cohecho no exceda las 1,000 veces la UMA se considera idónea para inhibir este delito.

La diputada Araceli Geraldo Núñez presentó una iniciativa de reforma al Código Penal para el Estado de Baja California, con el objetivo de establecer la punibilidad para el delito de cohecho cuando la cantidad o el valor de la dádiva, promesa o prestación no exceda de mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

En su exposición de motivos, la legisladora explicó que en el artículo 297 se establece que el delito de cohecho se castigará con una penalidad de dos a tres años de prisión y multa de doscientas a cuatrocientas veces el valor diario de la UMA, además de la destitución e inhabilitación del servidor público para desempeñar otro empleo, cargo o comisiones públicas.

Sin embargo, subrayó que solo se establece una sanción para los casos en que la cantidad o el valor de la dádiva, promesa o prestación exceda de mil veces el salario, dejando en completo estado de impunidad a quienes reciban una cantidad menor.

Por otro lado, la legisladora aclaró que en la redacción actual del artículo mencionado, al referirse a la cantidad o el valor de la dádiva, se menciona “veces el salario”, cuando lo correcto, de acuerdo con el Decreto de Desindexación, es “veces el valor diario de la UMA”, lo que se aprovecha en esta propuesta para armonizar el término.

La iniciativa, turnada a la Comisión de Justicia, establece que “cuando la cantidad o el valor de la dádiva, promesa o prestación no exceda del equivalente de mil veces el valor diario de la UMA en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable, se impondrán de tres meses a dos años de prisión y de cincuenta a doscientos días multa”.

En ese sentido, la diputada Araceli Geraldo añadió que la penalidad propuesta para cuando la cantidad del cohecho no exceda las 1,000 veces la UMA es proporcional, pues conforme al artículo 22 de la Constitución federal, imponer de tres meses a dos años de prisión y de cincuenta a doscientos días multa se considera idóneo para inhibir posibles conductas delictivas que involucren a servidores públicos y a terceros, con el fin de hacer o dejar de realizar un acto propio de las funciones respectivas.