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Etiqueta: congreso

Histórico: Se instala la Comisión de la Diversidad Sexual en el Congreso de BC

  • Preside la comisión el diputado Jaime Eduardo Cantón Rocha, bajo el compromiso de impulsar leyes que permitan eliminar la discriminación.

Como un hecho histórico, se instaló de manera formal la Comisión de la Diversidad Sexual de la XXV Legislatura de Baja California.

La Comisión está integrada por el diputado Jaime Cantón Rocha, Presidente, la diputada Michelle Alejandra Tejeda Medina, Secretaria, las diputadas Maythé Méndez Vélez, Julia Andrea González Quiroz, Michel Sánchez Allende, Yohana Saraí Hinojosa Gilvaja y los diputados Juan Manuel Molina García y Diego Lara Arregui, vocales.

“La importancia de instalar este órgano legislativo de trabajo es para atender los reclamos de la comunidad LGBT, para convertir a Baja California en un estado cada vez más amable y más justo”, declaró el diputado, Jaime Cantón.

Adelantó que, junto con la diputada Michel Sánchez Allende, presentarán dos iniciativas para acabar con la discriminación e impulsar una agenda legislativa con acciones y políticas afirmativas que les beneficien.

Por su parte, la diputada Michel Sánchez, refirió que tuvo acercamiento con diversas personas que solicitaron atención a sus problemáticas, de ahí surge la primera iniciativa que será presentada, para la derogación del artículo 160 del Código Penal para Baja California, con el objeto de eliminar el delito de peligro de contagio de salud y se comprometió a dar puntual seguimiento a esta propuesta.

Asimismo, dio a conocer la segunda iniciativa que será presentada, por la que se modifica el Código Civil, para que las personas contrayentes puedan manifestar expresamente que conocen el estado de salud de la otra persona y deberán dar su consentimiento de manera libre, clara y por escrito a la persona Oficial del Registro Civil.

Participaron en el uso de la voz la diputada Maythé Méndez quien aseguró que se garantiza un buen inicio de la Comisión en beneficio de la comunidad de la diversidad y se responde a la confianza y a la oportunidad brindada para integrarla.

Por otro lado, el diputado Juan Manuel Molina refirió que se trata de una reivindicación de derechos y que se debe ir más allá de la visibilización, a través de acciones legislativas concretas.

Las diputadas Julia Andrea González y Michelle Tejeda, se refirieron al trabajo de las diputaciones de acciones afirmativas, reconocieron que los gobiernos tienen una deuda histórica con este sector de la población, por lo que indicaron que se debe trabajar en la progresividad de sus derechos.

¡Por los derechos de parejas en unión libre! Beto Valle presenta reforma

  • La propuesta del legislador tecatense busca proteger el patrimonio de quienes eligen convivir en unión libre.

El diputado Humberto Valle presentó una iniciativa de reforma al Código Civil de Baja California con el objetivo de otorgar seguridad jurídica a quienes, en ejercicio de su libre personalidad, decidan unir sus vidas bajo la figura del concubinato.

El legislador señaló que, aunque el Código Civil ya regula el concubinato en materia de herencias, aún hace falta reconocer otros derechos importantes, como la formación de una sociedad conyugal, también conocida como bienes mancomunados.

“Esta propuesta busca proteger el patrimonio de quienes eligen convivir en unión libre, estableciendo un marco legal claro que les permita compartir y administrar sus bienes de forma equitativa”, explicó el diputado.

Valle destacó que es deber del Estado reconocer y proteger todas las formas de familia que surgen en la sociedad, garantizando la igualdad de derechos y oportunidades para todos los ciudadanos.

Asimismo, explicó que esta iniciativa busca atender las realidades sociales de Baja California y brindar un marco legal que responda a las necesidades actuales de sus habitantes.

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¡Basta de violencia en el parto! Diputada propone reforma

  • La diputada, Dunnia Montserrat Murillo López, busca reformar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

El maltrato obstétrico, además de ser una violencia de género, también constituye una violencia institucional ejercida predominantemente por personal médico y de enfermería que afecta al 30 %de las mujeres e durante el embarazo, parto y posparto, expresó la diputada, Dunnia Montserrat Murillo López.

La legisladora de Morena presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa de reforma a una fracción del artículo 6 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Baja California.

Explicó que la violencia obstétrica consiste en acciones u omisiones por parte del personal de salud que pueden causar daño físico o psicológico a las mujeres.

Por ello, propuso en su iniciativa que no solo se considere al personal de salud como el único responsable de cometer violencia obstétrica, sino también al personal administrativo, que también puede incurrir en estas prácticas.

La violencia obstétrica es una forma específica de violencia contra las mujeres que ocurre en los servicios de salud, tanto públicos como privados. Según datos del INEGI, en México, de las mujeres entre 15 y 49 años (aproximadamente 7.8 millones), 2.5 millones experimentaron algún tipo de maltrato durante su atención obstétrica.

Finalmente, la diputada puntualizó que el marco legal debe ser modificado para adaptarse a los procesos de información y a las condiciones de cambio que se están dando en nuestro país.

Diputada propone hasta 8 años de prisión por desviar recursos del ISSSTECALI

  • En el caso de los municipios, será responsabilidad del titular de la tesorería o del área de finanzas.

Con el fin de garantizar que los recursos destinados a la seguridad social sean entregados de manera puntual y sin desvíos, protegiendo los derechos de las y los trabajadores, la diputada Yohana Sarahí Hinojosa Gilvaja propone sancionar con penas de 4 a 8 años de prisión e inhabilitación permanente a los servidores públicos que incumplan con las obligaciones relacionadas con las aportaciones y cuotas al ISSSTECALI.

Para ello, plantea que las aportaciones de las dependencias y entes obligados sean realizadas directamente por la Secretaría de Finanzas, utilizando las partidas del presupuesto de egresos del Estado, al igual que las cuotas retenidas del salario de los trabajadores.

En el caso de los municipios, será responsabilidad del titular de la tesorería o del área de finanzas realizar estas transferencias, asegurando la correcta gestión de los recursos públicos.

Al motivar su proyecto, Yohana Gilvaja refirió que la crítica situación financiera del ISSSTECALI tiene sus raíces en decisiones tomadas durante gobiernos donde los titulares del Instituto eran designados sin apego al perfil requerido, utilizándose como un espacio de compensación para políticos sin cargo, lo que resultó en una gestión deficiente y una falta de interés gubernamental en su funcionamiento.

Detalló que a lo largo del tiempo, la Junta Directiva del ISSSTECALI sufrió cambios que alejaron al Poder Ejecutivo de la supervisión directa del Instituto. La presidencia pasó a ser una designación delegada, lo que facilitó la falta de rendición de cuentas y permitió que directores sin preparación adecuada asumieran el control.

Actualmente, el principal deudor del ISSSTECALI es el Ayuntamiento de Ensenada, responsable de casi el 50% del pasivo total, y otros municipios y dependencias estatales también contribuyen al problema, acumulando deudas que han minado la estabilidad financiera del Instituto y puesto en riesgo los derechos de las y los trabajadores.

“La iniciativa de reforma a la Ley del ISSSTECALI tiene como objetivo que el Instituto recupere el flujo de efectivo necesario para cumplir con las obligaciones en curso, reduciendo el impacto del incumplimiento de los sujetos obligados en sus finanzas y, lo más importante, en los derechos y el bienestar de las y los trabajadores“, enfatizó Yohana Gilvaja en su posicionamiento desde la tribuna del Pleno.

Diputada presenta reforma al servicio de agua potable en BC

  • La iniciativa tiene por objeto establecer un término perentorio para la atención de descargas de aguas residuales cuando exista riesgo a la salud o daño al medio ambiente.

La diputada Adriana Padilla Mendoza presentó una iniciativa con proyecto de decreto, mediante el cual se reforma la Ley que Reglamenta el Servicio de Agua Potable en el Estado de Baja California.

Su iniciativa tiene por objeto establecer un término perentorio para la atención de descargas de aguas residuales y fue turnada a la Comisión Legislativa del ramo, para su estudio y análisis.

La Ley que pretende reformar contempla que corresponde a los Organismos encargados del servicio realizar su tratamiento, así como a los particulares en los términos previstos en la presente Ley.

Asimismo, señala que dicho tratamiento debe cumplir con las disposiciones contenidas en las Normas Oficiales Mexicanas, así como en las normas ambientales de Baja California.

En virtud de lo anterior, al Estado le corresponde la prestación del servicio de agua y saneamiento, así como establecer las políticas, objetivos y programas, para que hagan óptimo el aprovechamiento del agua y su distribución.

La iniciativa de la Legisladora del PVEM consiste en una adición al artículo 110 de la citada Ley, para que cuando exista riesgo de salud o daño al medio ambiente, se deba reparar y garantizar la colección, conducción, tratamientos, alojamiento y dichas descargas de uso doméstico, comercial, de servicios o industrial, en un plazo máximo de tres días naturales.

Según mencionó en su exposición de motivos, desde hace ya algunos años existe una demanda de la ciudadanía, manifestando que el drenaje sanitario y residual está colapsado en varios sectores de la Entidad, lo que provoca una crisis de salubridad, inundando de aguas negras colonias.

Por tales motivos, al considerar que la inatención provoca daños a la salud y al medio ambiente, presentó su reforma con la pretensión de solucionar la demanda y que se puedan atender dichos requerimientos en el plazo propuesto, para proteger el medio ambiente y cuidar la salud de la ciudadanía, sobre todo de niños y niñas.

Gobernadora entrega su 3er informe al Congreso

  • La gobernadora se hizo acompañar por el Secretario General de Gobierno, Alfredo Álvarez Cárdenas, para entregar el documento por escrito la tarde de este miércoles.

En cumplimiento de sus funciones como gobernadora constitucional de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda entregó su tercer informe de actividades ante los diputados de la XXV Legislatura del Congreso del Estado.

Durante su presentación, destacó la inversión de más de 10 mil millones de pesos en programas de bienestar y subrayó la inversión en obra pública, infraestructura hídrica y movilidad.

“No me voy a adelantar más, solo basta decir que tenemos tres informes este año porque hay mucho que contar, y no nos alcanzaba con uno solo para poder hablar de todo lo que estamos haciendo”, manifestó Marina del Pilar.

La Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Diputada Dunnia Montserrat Murillo López, recibió el 3er informe de la Gobernadora, quien se hizo acompañar por el Secretario General de Gobierno, Alfredo Álvarez Cárdenas, para entregar el documento por escrito la tarde de este miércoles.

El acto protocolario que tuvo lugar en el salón de sesiones “Lic. Benito Juárez García” del Poder Legislativo, con la presencia de diputadas y diputados integrantes de la XXV Legislatura.

Por su parte, la Diputada Montse Murillo hizo entrega de la constancia de recepción del informe, cuyo análisis, se realizará a través del desahogo de la glosa durante las comparecencias de los titulares de las dependencias que integran el Poder Ejecutivo del Estado, ante las comisiones legislativas correspondientes.

Estuvieron presentes en este acto, las y los diputados siguientes: Juan Manuel Molina, Jaime Cantón, Michelle Tejeda, Gloria Miramontes, Mayola Gaona, Evelyn Sánchez, Ramón Vázquez, Angélica Peñaloza, Teresita Ruiz, Diego Lara, Humberto Valle y Teresa Méndez.

Diputada busca reforzar ley contra el maltrato de adultos mayores

  • Para actualizar la normatividad y que se establezcan las herramientas para inhibir y limitar la violencia en contra de este sector vulnerable.

La diputada morenista, Araceli Geraldo Núñez, presentó una iniciativa que reforma la Ley de los Derechos, Protección e Integración de las Personas Adultas Mayores en el estado de Baja California, con la intención de prever y definir diversos tipos de violencia en contra de este sector de la población.

La intención legislativa es, además de actualizar la normatividad, que se establezcan las herramientas para inhibir y limitar la violencia en contra de uno de los grupos más vulnerables, tal y como se muestra en la Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis 2022), donde se señala que a 4 de cada 10 personas mayores se les ha negado injustificadamente alguno de sus derechos.

La diputada Araceli Geraldo explicó que se debe armonizar la ley local a los tratados internacionales, en este caso, con la Convención Interamericana Sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, para que las políticas públicas se enfoquen en dar la atención necesaria al tema del envejecimiento poblacional, estableciendo diversas instituciones jurídicas que los protejan, así como prever los conceptos de envejecimiento, envejecimiento activo y saludable y la vejez.

Asimismo, busca adicionar de manera enunciativa, más no limitativa, en los tipos de violencia contra los adultos mayores: el abandono, discriminación, discriminación múltiple, maltrato y negligencia.

Abundó que el Informe Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos de las Personas Mayores en México, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), destaca que el envejecimiento de la población implica retos de política pública muy significativos, ya que el porcentaje de la población económicamente activa disminuirá, mientras que las necesidades de servicios y satisfactores irán en aumento, junto con los consecuentes impactos financieros, de infraestructura y de capital humano.

Por lo que, en décadas recientes, el Estado mexicano ha comenzado a dirigir sus esfuerzos al aseguramiento de un futuro sostenible para sus habitantes durante la vejez.

Diputada propone cárcel por usar IA en contenido sexual sin consentimiento

  • Reforma al capítulo tercero “Delitos Contra la Intimidad y la Imagen” del Código Penal para el Estado de Baja California.

La Diputada Dunnia Montserrat Murillo López presentó una Iniciativa con el objetivo de que sea considerado delito el uso de la Inteligencia Artificial (IA) para crear, difundir o exhibir audios o videos de contenido sexual íntimo de una persona sin su consentimiento.

La iniciativa propone una reforma a un artículo del capítulo tercero “Delitos Contra la Intimidad y la Imagen” del Código Penal de Baja California, estableciendo que las personas que cometan este delito enfrenten penas de uno a siete años de prisión y de cien a quinientos días de multa.

Además, se propone incluir en el artículo 175 septies que se entienda por Inteligencia Artificial a las aplicaciones, programas o tecnologías que analicen fotografías, audios o videos, ofreciendo ajustes automáticos para hacer alteraciones y/o modificaciones.

Las penas se aumentarán en mitad cuando el delito se cometa en contra de una persona menor de catorce años o que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho.

El uso de la IA facilita la creación de contenido falso, especialmente videos sexuales, lo que se convierte en un problema grave cuando se divulga sin el consentimiento de la persona afectada.

Al no estar regulado, buscamos que este tipo de delitos no queden impunes y que quienes los cometan reciban un castigo merecido”, agregó la diputada.

Finalmente, puntualizó que “desde el acceso a los datos hasta el control estricto de los resultados, nuestro objetivo es garantizar la salvaguarda del interés público y establecer un marco de confianza para la ciudadanía”.

Instalan el VIII Parlamento de las Juventudes de BC

  • Representantes juveniles asumen oficialmente su cargo y se comprometen a cumplir con sus responsabilidades y deberes

La diputada Michelle Tejeda, presidenta de la Comisión de Bienestar, Derechos de la Niñez, Juventudes, Personas con Discapacidad y Adultos Mayores, encabezó el protocolo de la toma de protesta de las y los integrantes del VIII Parlamento de las Juventudes.


Michelle Tejeda dio lectura al Acuerdo Parlamentario que propuso la conformación de la Mesa Directiva para el periodo del 15 de octubre de 2024 al 31 de enero del 2025.

Tras la votación unánime de las y los parlamentarios juveniles, se designó como presidenta a América Monserrath Briones Sánchez, vicepresidente Yeshua Guillermo Ortega Durán, secretaria Tania Lizette Fonseca Galindo, prosecretaria Dulce Elena Martínez Barrera y secretario escrutador Pablo Hernán Cota González.

El resto de las diputaciones juveniles que también tomaron protesta son: Alejandro Vargas Ocón, Alexandra García Vizcarra, Benny Zepeda Patiño, Carlos Francisco Sánchez Martínez, Clara Laura Ferreira Vázquez, Cristian Adrián Alegría Jiménez, Cruz Giovanny Sánchez Rodríguez, Elfego Amed Quero Fernández, Jennifer Cruz Dimas, Joe Álvaro Castro Arguilez, Jorge Rivera Navarrete, Karen Yulissa Douglas Pahua, Keyla Rosario Loya Carrillo.

Asimismo, Lucio Emiliano Benítez Sánchez, María Luisa Cárdenas Nuño, Melissa Elizabeth Texcahua Pérez, Paris Renta Encinas Escobar, Víctor Manuel Pérez Zúñiga, Wendy Vianey Chavarría Trejo y Yadira Mateos González.

Durante la sesión, las juventudes expresaron la importancia de su participación activa en la política y la sociedad, la necesidad de impulsar cambios desde una perspectiva juvenil que vele por los derechos humanos de todos los sectores sociales, la educación y el bienestar social de las y los bajacalifornianos. Así mismo se habló sobre eliminar la brecha digital en Baja California, particularmente en comunidades indígenas y rurales, entre otros tópicos de interés para las juventudes.

En su mensaje, la congresista Michelle Tejeda compartió su emoción al recordar su participación en el IV Parlamento de la Juventud y resaltó la importancia de contar con una representación diversa en el Congreso y el valor de la participación juvenil, haciendo hincapié en que el esfuerzo colectivo ha llevado a que jóvenes de comunidades marginadas y de la diversidad sexual ocupen espacios de decisión, un cambio que antes parecía imposible.

El evento se realizó en el Salón de Sesiones “Lic. Benito Juárez García”, que reunió a familiares, amistades, legisladores, medios de comunicación y público en general.

Congreso de BC avala la reforma al salario mínimo

  • La disposición busca que los salarios mínimos tengan un ajuste obligatorio según la inflación.

El Pleno del Congreso de Baja California aprobó la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 123 de la Constitución Política Mexicana, para establecer que la fijación anual de los salarios mínimos generales o profesionales nunca deberá ser inferior a la inflación registrada durante el período de su vigencia, de esta manera se busca mantener el poder adquisitivo de los trabajadores y evitar su disminución.

Lo anterior significa que, si la inflación es alta y los salarios mínimos no se ajustan, en consecuencia, los trabajadores perderían poder adquisitivo, es decir, podrían comprar menos bienes y servicios con el mismo salario.

De acuerdo al dictamen, esta disposición busca proteger a los trabajadores garantizando que sus salarios mantengan su valor real a lo largo del tiempo.

De igual manera el proyecto de reforma federal prevé garantizar que las maestras y maestros de nivel básico de tiempo completo, policías, guardias nacionales, integrantes de la Fuerza Armada, así como médicos y enfermeros, perciban un salario mensual no inferior a dieciséis mil setecientos setenta y siete pesos con sesenta y ocho centavos, cifra que corresponde al salario mensual registrado en 2023 en el IMSS, ajustado por la inflación de 2024.

En este caso la pretensión es asegurar una remuneración mínima basada en el salario promedio reportado, lo que protege a estos profesionistas de recibir sueldos por debajo de ese estándar, tal y como se menciona en el segundo artículo transitorio del Decreto, que especifica que la cifra se actualizará el primero de enero de cada año.

Por consiguiente, las diputadas y diputados integrantes de la XXV Legislatura avalaron por unanimidad el Proyecto de Decreto por el cual se pretende reformar el primer párrafo de la fracción VI del Apartado A y la adición de un tercer párrafo a la fracción IV del Apartado B del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en materia de salarios, con lo que es la cuarta legislatura que aprueba a nivel nacional dicha reforma.