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Los elementos de la Sindicatura Procuradora del XXI Ayuntamiento de Tijuana, presumen que ya descubrieron “el hilo negro”, en el escandaloso asunto de las luminarias, que manejó en forma desaseada el exalcalde Carlos Bustamante Anchondo.

Primero, tardaron un año en “contar” las luminarias. Luego, empezaron a “revelar” sus supuestos descubrimientos, hasta que hace unos días emitieron citatorios a unos 20 funcionarios y exfuncionarios municipales involucrados. Ahora ya empiezan a hablar de los supuestos “hallazgos”.

Advierten, que dentro de poco concluirán la indagatoria y dictarán la resolución correspondiente. Pero que ya dieron vista al Ministerio Público del Fuero Común y al Ministerio Público Federal, respecto de aquellos hechos, presumiblemente delictivos. Que no pueden dar más detalles, para no entorpecer el debido proceso, pues los involucrados, podrían evadir la acción de la justicia. En el rancho dirían que “le están haciendo al ensarapado”.

Más bien parece que le están dando vueltas al asunto, para dictar la resolución que mejor convenga a los protagonistas de este asunto. El que les duela menos.

En especial, cuando hablan de que ya le dieron vista al ministerio público, sea federal como estatal, sobre presuntos delitos. Saben perfectamente, que el “dar vista”, es un simple aviso, que no siempre es utilizado como base para abrir o iniciar una investigación formal. Que “dar vista” es solo “para cubrir el expediente”, o sea aparentar que denunciaron los hechos y que si las procuradurías, federal o estatal, no inician averiguaciones previas, ya no es problema de ellos.

En este caso, se requiere que la Sindicatura Procuradora del Ayuntamiento de Tijuana, formule denuncias formales, sumamente detalladas y exhibiendo las probanzas y constancias correspondientes y luego estar al pendiente de que sean atendidas, hasta que se ejerza acción penal en contra de los involucrados. No hacerlo así, es prácticamente una actitud de encubrimiento. Que también es delito.

Hablan, de manera genérica, que descubrieron supuestas irregularidades en la facturación de las luminarias, pero no dan más detalles, dizque para no entorpecer el debido proceso.

Valdría la pena ayudarles un poco. El contrato de arrendamiento, prácticamente es nulo de pleno derecho, pues las luminarias no son propiamente objetos idóneos o susceptibles de arrendar. Además, suscriben dos adendas o convenios modificatorios, para establecer que, pagado el precio total, el Ayuntamiento adquirirá en propiedad las luminarias.

Sin embargo, habiendo sido una licitación pública, el contrato de arrendamiento inicial, es de derecho público, no susceptible de modificar, mediante convenios privados. Si la intención original era comprar y vender, entonces el arrendamiento fue una mera simulación. Dicho en otras palabras, un fraude.

También resulta fraudulenta la operación, si la arrendadora, se comprometió a hacer, algo que no estaba en capacidad de cumplir. Como no cumplió. No obstante lo cual, el Ayuntamiento, representado por Bustamante Anchondo, le pagó, anticipadamente, un mes después de suscrito el contrato de arrendamiento, antes de haber instalado una sola luminaria, 25 de las 26 mensualidades rentística. Por lo tanto, antes de generar las rentas, Si eso no es fraudulento, uno por pagar rentas que no adeudaba, y otro por cobrarlas, que expliquen e indiquen cómo se puede denominar a esa mañosada.

Uno de los aspectos más destacados de todo esto, es que, de común acuerdo, la arrendadora, Industrias Sola Básic, S.A. de C.V. y el Ayuntamiento, representado por Bustamante Anchondo, convinieron que el monto de las 25 mensualidades rentísticas, un total de 141 millones, 187 mil 578 pesos, se pagaran a una tercer empresa, ajena por completo a la operación, denominada Corporativo Inter & Rama, S.A. de C.V.

Lo peor. El pago a una tercera empresa, lo establecen, con el deliberado propósito de evadir el pago de impuestos, lo que implica fraude al fisco, que implica cárcel, para todos los involucrados. Independientemente del delito de peculado y desviación de recursos púlicos.

Así lo señalan en la adenda del 29 de noviembre de 2011, identificando la disposición como un “beneficio Fiscal”. “Esto –indican- con el fin de aplicar en beneficio del Ayuntamiento el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a la tasa del 11% (once por ciento), correspondiente a las ciudades fronterizas”.

La “negociación” al respecto, o sea para evadir impuestos, la basaron en que la arrendadora, Industrias Sola Básic, S.A. de C.V., al tener su domicilio en el Distrito Federal, el Ayuntamiento tendría que pagar el IVA a la tasa del 16%. Por ello señalaron a una tercera empresa, domiciliada en Tijuana, para recibir el pago de las mensualidades rentísticas, a la tasa del 11%. A la que no se le debía ni un centavo.

Lo grave es que no hubo factura formal, con los requisitos fiscales correspondientes, sino un simple recibo de pago. La adenda, para convenir este fraude al fisco, la suscriben Carlos Walterio Bustamante Anchondo, Presidente Municipal; Alcide Roberto Beltrones Rivera, Secretario de Gobierno; Yolanda Enríquez de la Fuente, Síndico Procuradora; Armando Eduardo Franco Bustos, Oficial Mayor; David Navarro Herrera, Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología; Ruffo Ibarra Batista, Secretario de Administración y Finanzas y Enrique Alvarez Hernández, apoderado legal de Industrias Sola Básic, S.A. de C.V.

Legalmente hablando, todos ellos deben ser considerados como presuntos responsables del delito de fraude al fisco, más el peculado, que es materia federal y que el Síndico Procurador, Arturo Ledesma Romo, está obligado a denunciar formalmente. Una simple “vista” no basta. A la mejor los “investigadores” aún no descubren esto.
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