Emite Congreso entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en BC
- Con la declaratoria se establece la aplicación gradual del Código entre marzo de 2026 y marzo del 2027
- La implementación fortalece la oralidad en los procesos civiles y familiares, garantizando un acceso a la justicia más rápido y con perspectiva de género e infancia
En sesión ordinaria, el Congreso del Estado declaró la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en la entidad; con esta decisión se asegura que las personas que acudan a los tribunales civiles y familiares contarán con un marco procesal homologado, más ágil y transparente, que fortalece el acceso a la justicia y la protección de sus derechos.
La declaratoria responde a la solicitud presentada por el Tribunal Superior de Justicia del Estado, encabezado por el Magistrado Presidente Alejandro Isaac Fragozo López, quien remitió al Congreso el escrito correspondiente, en cumplimiento con lo dispuesto en la Constitución local y en los artículos transitorios del decreto federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2023.
El acuerdo, leído por la legisladora Montserrat Murrillo, establece un calendario progresivo de implementación en los partidos judiciales de Baja California.
La aplicación iniciará en Playas de Rosarito el 1 de marzo de 2026, continuará en Tecate el 17 de agosto, Mexicali en Ciudad Guadalupe Victoria el 22 de septiembre y Ensenada el 1 de diciembre.
Posteriormente se incorporarán San Quintín el 12 de febrero de 2027, Mexicali en Ciudad Morelos el 23 de marzo, San Felipe el 31 de marzo, Mexicali sede central el mismo día y finalmente Tijuana también el 31 de marzo de 2027.
La entrada en vigor dependerá de la viabilidad presupuestal, correspondiendo al Poder Judicial del Estado adoptar las medidas necesarias, con especial énfasis en la justicia digital y oral.
La finalidad de este Código Único es unificar y modernizar los procedimientos judiciales para ofrecer una justicia eficiente y accesible, eliminando diferencias normativas entre entidades federativas y garantizando procesos homogéneos que impulsen la oralidad, la digitalización y el respeto a los derechos humanos.
Gracias a lo anterior, se asegura un acceso más rápido, con perspectiva de género e infancia, consolidando un sistema de justicia civil y familiar que responde a las necesidades sociales actuales.