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Etiqueta: carcel

Hasta 6 años de cárcel a policías que simulen enfermedades en BC: Diputado Jorge Ramos

  • En su iniciativa plantea prisión de seis meses a seis años a elementos que finjan incapacidades médicas
  • Las falsas enfermedades afectan la seguridad ciudadana y agravan el déficit de agentes

El diputado Jorge Ramos Hernández, presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Protección Civil del Congreso del Estado, presentó una iniciativa de reforma al Código Penal de Baja California para sancionar penalmente a los elementos de instituciones policiales que simulen enfermedades con el objetivo de evadir sus responsabilidades laborales.

Ramos Hernández señaló que la seguridad pública, en los tres niveles de gobierno, ha sido uno de los servicios más cuestionados por la ciudadanía bajacaliforniana en los últimos años, y que no ha cumplido con las expectativas, lo que ha generado una exigencia social cada vez más fuerte y justificada.

Destacó que la simulación de incapacidades físicas o mentales por parte de agentes de seguridad representa una grave forma de corrupción administrativa, que tiene un impacto directo en la operatividad y eficacia de las corporaciones de seguridad.

“Creemos que estas incapacidades médicas que surgen de una enfermedad simulada deben tratarse de manera distinta, ya que el hecho de que un agente de seguridad pública finja estar enfermo para no presentarse a laborar tiene un gran impacto negativo en el servicio de seguridad ciudadana”, expresó el legislador.

La propuesta plantea adicionar los artículos 221 Bis y 273 Ter al Código Penal del Estado, para establecer penas de 6 meses a 6 años de prisión y hasta 200 días multaa quienes deliberadamente finjan una enfermedad para evitar cumplir con su deber en materia de seguridad.

Asimismo, se contempla sancionar a personal médico que, de forma consciente, expida certificados de incapacidad sin justificación médica real, colaborando en la simulación.

El diputado reveló que, tan solo en 2024, el gobierno municipal de Tijuana reportó más de 300 elementos incapacitados, algunos de los cuales presuntamente utilizan este recurso para realizar actividades ajenas o incluso contrarias a la seguridad pública, lo que merma la capacidad de respuesta institucional ante hechos delictivos.

“Si a la baja tasa de policías por cada mil habitantes que ya tiene nuestro estado, se le suma el probable uso indebido de incapacidades médicas, resulta urgente detener esta práctica y sancionar a quien abuse del sistema”, concluyó Jorge Ramos.

Cárcel y multas a funcionarios públicos que retengan pago de finiquitos en BC: diputada Alejandrina Corral

  • Se impondrán de seis meses a doce años de prisión y una multa de treinta a ciento cincuenta veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización

Con el propósito de garantizar los derechos laborales de las y los trabajadores al servicio del Estado y los municipios, la diputada Alejandrina Corral Quintero presentó una iniciativa de reforma al Código Penal de Baja California para sancionar penalmente a los servidores públicos de las Autoridades Públicas Patronales que omitan el pago de finiquitos laborales o incumplan laudos, sentencias o convenios firmes emitidos por las autoridades laborales.

La propuesta establece que incurre en el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades el servidor público que, estando obligado al pago de prestaciones laborales, no las cubra dentro de los 15 días posteriores a la terminación de la relación laboral, o bien, que incumpla sin causa justificada con resoluciones laborales firmes en perjuicio de los trabajadores.

A quien cometa este delito, se le impondrán de seis meses a doce años de prisión, así como una multa de 30 a 150 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente al momento de la comisión del ilícito.

En su argumentación, la legisladora señaló que, aunque tanto la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California como la Ley Federal del Trabajo contemplan mecanismos de defensa para exigir estos pagos, los procedimientos resultan frecuentemente tediosos y prolongados, afectando el acceso efectivo a la justicia laboral.

“Con esta propuesta buscamos inhibir las malas prácticas arraigadas en algunas administraciones estatales y municipales que, con el fin de evadir su responsabilidad, utilizan artimañas para no cumplir con sus obligaciones, vulnerando así los derechos fundamentales de las y los trabajadores”, subrayó Corral Quintero.

Añadió que el pago íntegro y oportuno de las prestaciones laborales constituye un derecho humano esencial, ya que tiene un impacto directo en la calidad de vida de los trabajadores y sus familias. “El incumplimiento afecta no solo la estabilidad económica, sino también la salud emocional y las relaciones familiares de quienes han dedicado su servicio al Estado”, concluyó.

Un abrazo que esperó años: Reencuentros de mamás a hijo en la Centro Penitenciario

  • Para cerrar el mes de mayo en el que se conmemora a las madres, la Fundación Rebeca Lan y la CESISPE reúnen a una parte de la población femenil con sus vástagos, tras años de no verse.

En el sector femenil del Centro Penitenciario de Tijuana se vivió un evento profundamente humano y lleno de esperanza: “Reencuentros Familiares”, organizado por la Fundación Rebeca Lan en coordinación con la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario (CESISPE).

La emotiva jornada permitió que mujeres privadas de la libertad se reencontraran con sus hijos e hijas, en algunos casos después de hasta nueve años de separación. En la iglesia cristiana del centro, reinaron las lágrimas, los abrazos y las palabras llenas de amor entre madres e infantes.

Desde hace varios años, la CESISPE trabaja junto a la Fundación Rebeca Lan para fortalecer los procesos de reinserción social de las mujeres privadas de la libertad, buscando en todo momento potenciar el lado humano de quienes atraviesan o atravesaron procesos penales.

En representación del Comisionado Estatal, José Gabriel Gálvez Beltrán, acudió el Subdirector General Normativo, Marcos Álvaro Elver Silva Preciado, quien destacó que para la presente administración, la familia es el pilar fundamental en los procesos de transformación personal. Reencontrar a madres con sus hijos no solo representa un momento de felicidad, sino una oportunidad concreta para sembrar esperanza, reflexión y compromiso hacia un futuro diferente.

Durante el evento, la orquesta sinfónica femenil del propio centro penitenciario realizó una presentación al entonar algunas melodías, demostrando que el proyecto iniciado hace unos meses e impulsado por la misma Fundación Rebeca Lan, marcha con éxito.

Por su parte, Rashel Cohen, Presidenta de la Fundación Rebeca Lan, agradeció el apoyo incondicional recibido por el titular del Sistema Penitenciario de Baja California, Gabriel Gálvez, y anunció que en diciembre de este año se llevará a cabo nuevamente el evento, con la misión de triplicar el número de reencuentros familiares entre las privadas de la libertad y sus parientes.

Derecho a la lactancia, incluso tras las rejas: iniciativa en BC por la infancia

  • La iniciativa reforma la Ley de Protección a los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de Baja California.

En centros penitenciarios, garantizar que la lactancia materna sea posible en condiciones adecuadas y equivalentes a las existentes fuera de ellos, es un acto de justicia social y de reconocimiento del interés superior de la niñez, indicó la diputada Gloria Arcelia Miramontes Plantillas.

Así lo expresó la congresista de Morena, al presentar su iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo a la Ley de Protección a los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de Baja California, turnada para su estudio a la comisión del ramo.

En Baja California existen centros penitenciarios donde se encuentran mujeres privadas de su libertad, algunas de ellas en situación de maternidad, por lo que requieren condiciones adecuadas para la crianza de sus hijas e hijos en la primera infancia. Y no contar con espacios apropiados para la lactancia, limita el ejercicio de este derecho y vulnera la protección a la salud infantil.

Por ello, la presente reforma tiene como objetivo garantizar el derecho a la salud y a un desarrollo saludable para niñas y niños que se encuentran en situación de vulnerabilidad por su circunstancia de vida en dichos centros.

Según dijo, en otras entidades de la República se han implementado salas de lactancia en centros penitenciarios, como parte de sus políticas de respeto a los derechos humanos y de protección a la salud de las infancias.

La disposición encuentra su fundamento en la Ley Nacional de Ejecución Penal, la cual establece en su Artículo 10 que se deberán garantizar los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, incluidos los derechos relacionados con la maternidad y la infancia.

Finalmente, puntualizó que la lactancia materna tiene múltiples beneficios, reconocidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Entre estos se encuentra la provisión de nutrientes esenciales que aseguran un crecimiento saludable.

Proponen sancionar con cárcel el robo de catalizadores en Baja California

  • Además de afectar a los propietarios de vehículos, el robo de catalizadores incrementa los niveles de contaminación ambiental, señala el diputado, Juan Manuel Molina García.

El diputado, Juan Manuel Molina García presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de Baja California, con el objetivo de sancionar con mayor severidad el robo de catalizadores de vehículos automotrices, una problemática creciente que afecta tanto la seguridad de la población como el medio ambiente.

“El robo de catalizadores no solo impacta a los propietarios de los vehículos, sino que también tiene repercusiones en la calidad del aire, ya que los vehículos sin estos dispositivos emiten niveles de gases contaminantes superiores a los establecidos por la ley. Además, la eliminación de los catalizadores contribuye a la contaminación auditiva, lo que agrava aún más el problema ambiental”, expuso Molina García.

Explicó que los catalizadores de vehículos automotrices son dispositivos esenciales para el control de emisiones, ya que están compuestos por metales preciosos como platino, paladio y rodio. Debido al incremento en el valor de estos metales en el mercado, ha aumentado la venta ilegal de catalizadores usados, lo que a su vez ha generado un auge en el robo de esta pieza vital de los vehículos.

Ante esta situación, la propuesta busca no solo sancionar con más rigor el robo de catalizadores, sino también regular el manejo y comercialización. Se propone la adición de un nuevo artículo al Código Penal del Estado de Baja California que castigue con penas de prisión, así como multas que van de 50 a 1,500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, a aquellos que gestionen estos residuos sin la debida autorización ambiental.

Juan Manuel Molina sostuvo que lo que se persigue con esta reforma es la protección, el medio ambiente y garantizar la seguridad de la población al castigar a aquellos que causan daños ambientales al no contar con las autorizaciones estipuladas para el manejo integral de estos residuos, así como disuadir a quienes sustraen de forma ilegal esta pieza con intenciones de venderla, derivado del valor de los metales que contiene.

Investigan a dos reclusos del Hongo II por vender droga dentro del penal

  • Héctor Alonso “N” y José Ángel “N” fueron descubiertos en diferentes ocasiones en posesión de drogas dentro del centro penitenciario.

Dos internos del Centro de Readaptación Social El Hongo II fueron vinculados a proceso por la Fiscalía Regional de Tecate, a través de la Unidad de Investigación con Detenidos, tras presentar elementos de prueba que los implican en delitos contra la salud, específicamente narcomenudeo.

Héctor Alonso “N” y José Ángel “N” fueron descubiertos en diferentes ocasiones en posesión de drogas dentro del centro penitenciario, lo cual llevó a su remisión a la Fiscalía por parte de agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad y Custodia Penitenciaria.

En el primer caso, el 30 de enero de 2025, Héctor Alonso “N”, quien ya cumplía condena por delitos relacionados con armas de fuego, fue encontrado con una cantidad de metanfetamina escondida en un envoltorio dentro de su calcetín durante una revisión de rutina.

En una audiencia celebrada el 2 de febrero de 2025, se ratificó la legalidad de la detención y el juez de control lo vinculó a proceso, imponiendo la medida cautelar de prisión preventiva justificada por dos meses para permitir la investigación complementaria.

En el segundo caso, el 31 de enero de 2025, José Ángel “N” fue detenido después de que se encontraran 36 envoltorios de heroína durante una revisión realizada por agentes de custodia penitenciaria. En su audiencia correspondiente, se ratificó la legalidad de la detención y la jueza lo vinculó a proceso. Se determinó la suspensión condicional del proceso por un año, con condiciones que incluyen participación en programas de Narcóticos Anónimos y prestación de servicio social en favor del Centro de Reinserción Social El Hongo II.

Multas y hasta cárcel; Diputado Cantón buscan castigos por basureros clandestinos en BC

  • “Estos espacios, muchas veces abandonados o sin mantenimiento, se han convertido en focos de contaminación y generan inseguridad”.

Con el objetivo de establecer sanciones penales para responsabilizar a los propietarios, poseedores o encargados de predios que permitan la acumulación masiva de basura o residuos, el diputado Jaime Cantón Rocha presentó iniciativa de reforma al Código Penal para el Estado de Baja California.

En su exposición de motivos, el diputado refirió que la entidad enfrenta múltiples retos ambientales derivados del crecimiento urbano desordenado y el mal manejo de lotes baldíos. “Estos espacios, muchas veces abandonados o sin mantenimiento, se han convertido en focos de acumulación de basura, desechos y residuos sólidos, generando una problemática que afecta tanto la calidad de vida de sus habitantes como la salud pública y el medio ambiente”.

En ese contexto, indicó que el clima extremo de diversas regiones del estado, caracterizado por altas temperaturasdurante gran parte del año, agrava esta situación, ya que facilitan que los residuos acumulados generen olores nauseabundos, se conviertan en criaderos de fauna nociva como roedores e insectos y sean altamente inflamables, con lo que se incrementa el riesgo de incendios que afectan gravemente la calidad del aire.

Enfatizó que la falta de acciones claras para responsabilizar a las personas encargadas de los terrenos ha generado un vacío normativo que permite la perpetuación de esta problemática; además, la acumulación de más de un metro cúbico de desechos o residuos no debería ser tolerada, ya que suelen convertirse incluso en puntos de reunión para actividades ilícitas, afectando la tranquilidad de las colonias y comunidades circundantes.

“Hace falta una reforma penal que permita sancionar de manera efectiva a quienes, por acción u omisión, permitan la acumulación masiva de residuos en sus predios, ya sea por no aplicar medidas de prevención adecuadas o por facilitar que se realicen tiraderos ilegales”.

Por lo que la intención legislativa es establecer que se impondrá prisión de seis meses a un año y multa de cincuenta a tres mil quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente a quien, siendo propietario, poseedor o encargado de un predio, permita por acción u omisión, de manera ilícita o sin aplicar las medidas de prevención necesarias, la acumulación de un metro cúbico o más de desechos o residuos.

Trabaja en una cárcel federal: ¡Más de 4 mil vacantes disponibles!

  • Además de prestaciones de ley, ofrecen seguro de vida y seguro de gastos médicos mayores,

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) abrió la convocatoria 2025 para su proceso de selección y reclutamiento de personal del Sistema Penitenciario Federal, el cual busca fortalecer la estructura técnica y operativa de los Centros Federales de Reinserción Social en el país.

La convocatoria está dirigida a hombres y mujeres de entre 18 y 55 años, profesionales de las áreas de Derecho, Medicina general y de especialidad, Psicología, Enfermería, Trabajo Social, Criminología, así como auxiliares administrativos y técnicos en áreas de mantenimiento y seguridad penitenciaria, con vocación de servicio y dispuestos a contribuir con su conocimiento.

Se ofrece un total de 4 mil 443 vacantes: 746 administrativas, 233 jurídicas, 277 médicas, 2 mil 607 de seguridad y 580 técnicas, con salario mensual bruto que va desde los 14,992 hasta los 20,129 pesos.

Además de prestaciones de ley y otras adicionales como seguro de vida y seguro de gastos médicos mayores, capacitación constante, así como la oportunidad de estudiar bachillerato y licenciatura en la Academia Nacional de Administración Penitenciaria (ANAP).

Los requisitos para las personas interesadas son: ser ciudadano mexicano, haber concluido la educación secundaria en el caso de los oficiales en prevención penitenciaria, bachillerato para auxiliares administrativos y licenciatura para el personal del área médica y jurídica. También aprobar las evaluaciones de control de confianza y tener disponibilidad para cambiar de residencia a cualquier parte de la República Mexicana.

Las evaluaciones se realizarán conforme a las fechas y lugares que se darán a conocer previamente.

Para más información sobre el proceso de inscripción están disponibles los números telefónicos 55 5128 1115 ext. 17707, 17740, 17742 y 17788 de 9:00 a 19:00 horas, así como el correo electrónico: [email protected].

La SSPC invita a los ciudadanos con vocación de servicio a incorporarse al sistema penitenciario nacional. Esta jornada de reclutamiento es una oportunidad única para formar parte de una institución sólida y contribuir a la seguridad del país.

Diputada propone hasta 8 años de prisión por desviar recursos del ISSSTECALI

  • En el caso de los municipios, será responsabilidad del titular de la tesorería o del área de finanzas.

Con el fin de garantizar que los recursos destinados a la seguridad social sean entregados de manera puntual y sin desvíos, protegiendo los derechos de las y los trabajadores, la diputada Yohana Sarahí Hinojosa Gilvaja propone sancionar con penas de 4 a 8 años de prisión e inhabilitación permanente a los servidores públicos que incumplan con las obligaciones relacionadas con las aportaciones y cuotas al ISSSTECALI.

Para ello, plantea que las aportaciones de las dependencias y entes obligados sean realizadas directamente por la Secretaría de Finanzas, utilizando las partidas del presupuesto de egresos del Estado, al igual que las cuotas retenidas del salario de los trabajadores.

En el caso de los municipios, será responsabilidad del titular de la tesorería o del área de finanzas realizar estas transferencias, asegurando la correcta gestión de los recursos públicos.

Al motivar su proyecto, Yohana Gilvaja refirió que la crítica situación financiera del ISSSTECALI tiene sus raíces en decisiones tomadas durante gobiernos donde los titulares del Instituto eran designados sin apego al perfil requerido, utilizándose como un espacio de compensación para políticos sin cargo, lo que resultó en una gestión deficiente y una falta de interés gubernamental en su funcionamiento.

Detalló que a lo largo del tiempo, la Junta Directiva del ISSSTECALI sufrió cambios que alejaron al Poder Ejecutivo de la supervisión directa del Instituto. La presidencia pasó a ser una designación delegada, lo que facilitó la falta de rendición de cuentas y permitió que directores sin preparación adecuada asumieran el control.

Actualmente, el principal deudor del ISSSTECALI es el Ayuntamiento de Ensenada, responsable de casi el 50% del pasivo total, y otros municipios y dependencias estatales también contribuyen al problema, acumulando deudas que han minado la estabilidad financiera del Instituto y puesto en riesgo los derechos de las y los trabajadores.

“La iniciativa de reforma a la Ley del ISSSTECALI tiene como objetivo que el Instituto recupere el flujo de efectivo necesario para cumplir con las obligaciones en curso, reduciendo el impacto del incumplimiento de los sujetos obligados en sus finanzas y, lo más importante, en los derechos y el bienestar de las y los trabajadores“, enfatizó Yohana Gilvaja en su posicionamiento desde la tribuna del Pleno.

La dan 20 años de cárcel por homicidio

• El delito lo cometió el 24 de enero de 2023.

Derivado de los elementos de prueba presentados por el Ministerio Público, Cipriano Enrique Limón González, alias “El Pano”, fue declarado responsable del delito de homicidio calificado con ventaja, por lo que fue condenado a una pena de 20 años de prisión.

La Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Vida informó que la sentencia fue obtenida tras un procedimiento abreviado.

El día 24 de enero de 2023, aproximadamente a las 22:30 horas, al encontrarse la víctima en la calle Plan de Iguala, de la colonia Granjas Familiares Unidas; el hoy sentenciado en compañía de otro individuo apuntaron y dispararon con arma de fuego en su contra; provocándole heridas que le causaron la muerte.

En audiencia intermedia, Cipriano Enrique Limón González, “El Pano”, decidió celebrar procedimiento abreviado en el cual se le condenó a 20 años de prisión, así como una suma económica en favor de reparación del daño.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado reafirma su compromiso con la persecución de delitos, utilizando métodos de investigación efectivos para garantizar que los responsables enfrenten la justicia, protegiendo así la integridad de los ciudadanos de Baja California.