• Personas privadas de su libertad con procesos abiertos deben tener derecho al voto para preservar el principio de presunción de inocencia

Diputado Diego Alejandro Lara Arregui presentó iniciativa de reforma turnada a comisiones para análisis y dictaminación, proponiendo permitir el derecho al voto a personas privadas de la libertad con procesos judiciales abiertos, pero manteniendo la prohibición a quienes tengan sentencia firme.

La reforma modificaría el Artículo 12 de la Ley Electoral del Estado, estableciendo que no podrán votar quienes estén en Centros de Reinserción Social o Centros de Internamiento para Adolescentes con sentencia condenatoria firme, pero sí quienes tengan prisión preventiva o estén vinculados a proceso, bajo el Principio de Presunción de Inocencia.

En Baja California, existen Centros de Reinserción Social en Mexicali, Tijuana, Ensenada, El Hongo I y II, con aproximadamente 13,363 personas privadas de la libertad, ya sea por sentencia, vinculación a proceso o medida cautelar.

El Código Nacional de Procedimientos Penales (Artículo 13) establece que toda persona es inocente hasta que se dicte sentencia firme. Por ello, el diputado enfatiza que no debe confundirse a una persona sujeta a proceso con una sentenciada (Artículo 112).

En 2019, la Sala Superior del Tribunal Electoral reconoció el derecho al voto de personas en prisión sin sentencia. Por primera vez en Baja California, 727 personas en prisión preventiva votaron en las elecciones presidenciales de 2024, gracias a esta determinación.