• Los sentenciados eran elementos activos de la Policía Municipal de Tijuana cuando privaron de la libertad a un hombre en 2022. Un juez les impuso la pena máxima por el delito de desaparición forzada.

Dos exelementos de la Policía Municipal de Tijuana fueron sentenciados a la pena máxima de 60 años de prisión por el delito de desaparición forzada de personas, luego de que se acreditara su responsabilidad en la privación ilegal de la libertad de un hombre cuyo paradero fue ocultado desde 2022.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que la sentencia fue obtenida por la Unidad de Investigación Especializada para la Investigación y Persecución de Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, Zona Tijuana, bajo las directrices de la fiscal general, Ma. Elena Andrade Ramírez.

De acuerdo con la investigación, alrededor de las 20:26 horas del 1 de septiembre de 2022, Martín “N” y Esteban Heriberto “N”, quienes en ese momento eran oficiales activos de la corporación municipal, interceptaron a José Alberto “N” cuando circulaba a bordo de una camioneta Grand Cherokee Summit, color negro, modelo 2021.

Los entonces policías solicitaron a la víctima detener la marcha y descender del vehículo para realizar una inspección. Posteriormente, la aseguraron y la subieron a una unidad patrulla. Mientras uno de ellos condujo el vehículo particular de la víctima, el otro trasladó a José Alberto “N” en la unidad oficial, llevándoselo con rumbo desconocido.

Desde ese momento, la víctima fue privada de la libertad con el propósito de consumar su desaparición forzada y ocultar su paradero, estableció la investigación ministerial.

El pasado 2 de junio de 2026, un Juez de Control dictó sentencia condenatoria en contra de ambos responsables, imponiéndoles 60 años de prisión, además de una multa. Asimismo, quedaron a salvo los derechos relacionados con la reparación del daño para que sean reclamados mediante la vía incidental correspondiente.

La Fiscalía General del Estado reiteró que continuará llevando ante la justicia a quienes resulten responsables de delitos que atenten contra la integridad y los derechos de las personas en Baja California, sin importar el cargo o función que hayan desempeñado.