• Montserrat Murillo exhorta a CNA, CONAGUA y CESPE a informar su cumplimiento.
• Señala que busca alinearse a las acciones de justicia hídrica y social impulsadas por la Presidenta Sheimbaum.

La diputada Montserrat Murillo López presentó un exhorto para que autoridades federales y estatales informen y agilicen el cumplimiento de los acuerdos establecidos en el Plan de Justicia para los pueblos y comunidades indígenas de San Quintín, particularmente en materia de infraestructura y regularización.

La legisladora dirigió su solicitud al titular de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales; al director del Organismo de Cuenca Península de Baja California de Conagua, Manuel Guerrero; así como al director general de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada, Alonso Centeno, con el objetivo de conocer los avances y acelerar la ejecución de las acciones contempladas en este plan.

Murillo López explicó que la petición busca alinearse a las acciones de justicia hídrica y social impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en beneficio de los pueblos yumano, cochimí y de las comunidades indígenas residentes en el municipio de San Quintín.

Durante la exposición de motivos, la diputada señaló que la paz social y el desarrollo de Baja California deben construirse sobre la base de la justicia para los pueblos originarios y las comunidades indígenas que habitan la región.

Asimismo, indicó que la reciente visita de la presidenta de México a San Quintín representa un acto de justicia histórica y una reafirmación del compromiso institucional con las comunidades que por décadas han demandado atención en temas de infraestructura, vivienda, educación y salud.

La legisladora subrayó que es necesario que las dependencias responsables agilicen los procesos técnicos y administrativos para concretar las acciones comprometidas, con el fin de que los acuerdos del plan se traduzcan en obras y servicios tangibles para la población.

Finalmente, destacó que el Plan de Justicia para los pueblos yumano y cochimí busca atender rezagos históricos y resarcir las deudas acumuladas por años de marginación, mediante políticas públicas orientadas a mejorar las condiciones de vida de las comunidades indígenas en Baja California.