• La diputada Alejandra Ang solicita informe de las medidas emitidas para fortalecer la búsqueda e investigación de personas desaparecidas.

Con el objetivo de dar seguimiento a las acciones institucionales en materia de desaparición forzada, la diputada Alejandra María Ang Hernández presentó ante el Congreso del Estado una proposición de acuerdo económico para solicitar a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) un informe actualizado sobre el cumplimiento de la Recomendación General No. 1/2021.

Desde tribuna, la legisladora planteó que el informe detalle el avance en la adopción de 20 medidas dirigidas a diversas autoridades estatales, relacionadas con la prevención, investigación y erradicación de la desaparición forzada en la entidad.

Subrayó que este delito constituye una violación grave a los derechos humanos y un crimen de lesa humanidad. Citó datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que reporta más de 132 mil personas desaparecidas en el país de 1964 a enero de 2026, una proporción significativa correspondiente a mujeres jóvenes.

Añadió que México ha impulsado avances normativos tras la ratificación de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, incluida la expedición de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas en 2017 y la armonización legislativa en las entidades.

En el caso de Baja California, destacó que en abril de 2024 el Congreso local expidió la Ley sobre Desaparición y Búsqueda de Personas para el Estado, además de aprobar presupuestos para el fortalecimiento institucional, la creación de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada, la inversión en nuevas instalaciones, el fortalecimiento del Centro Estatal de Ciencias Forenses, así como la ampliación de capacidades de la Comisión Local de Búsqueda y del Servicio Médico Forense.

No obstante, advirtió que el contexto continúa siendo complejo, con reportes de hasta ocho desapariciones diarias en 2024 y un incremento de casos en Tijuana, lo que obliga a reforzar la coordinación y la evaluación permanente de las políticas públicas implementadas.

Con base en ello, se exhorta al titular de la CEDHBC, Jorge Álvaro Ochoa Orduño, a remitir a la Presidencia de la Mesa Directiva un informe escrito, en un plazo no mayor a 30 días hábiles, sobre el grado de cumplimiento de la Recomendación General No. 1/2021, con el fin de fortalecer la rendición de cuentas y garantizar una atención integral a víctimas y sus familias.