“Extranjeros violentadores, fuera del país”; así lo propone diputada Tere Ruiz
- La diputada Tere Ruiz presentó una iniciativa para que personas extranjeras sentenciadas por violencia contra las mujeres puedan ser expulsadas de México como una medida adicional de protección a las víctimas.
Con el propósito de fortalecer la protección de las mujeres en México, la diputada Tere Ruiz Mendoza presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa de reforma al artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para facultar al Ejecutivo Federal a expulsar del país a personas extranjeras sentenciadas por delitos de violencia de género.
La propuesta establece que, cuando una persona extranjera sea sentenciada por delitos de violencia contra las mujeres, el Ejecutivo de la Unión pueda ordenar su expulsión del territorio nacional, garantizando en todo momento el respeto al debido proceso y a los derechos humanos.
La legisladora señaló que la violencia contra las mujeres constituye una de las violaciones más graves a los derechos humanos y representa un problema estructural que afecta la seguridad, la dignidad y la integridad de millones de mujeres.
Asimismo, explicó que la iniciativa se fundamenta en los compromisos constitucionales e internacionales asumidos por México para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género, entre ellos la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención de Belém do Pará.
“Frente a conductas particularmente graves como la violencia contra las mujeres, resulta necesario fortalecer los mecanismos jurídicos que permitan proteger de manera inmediata a las víctimas”, expresó la representante del Distrito VI.
Tere Ruiz destacó que diversos países contemplan en su legislación migratoria la deportación de extranjeros que cometen delitos graves, especialmente aquellos relacionados con violencia familiar o de género.
Finalmente, sostuvo que quienes sean sentenciados por agredir a mujeres no deberían permanecer en el país, al considerar que estas conductas atentan contra la seguridad y los derechos fundamentales de las víctimas.
