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La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) emitió una serie de recomendaciones a la Asociación Mexicana de Empresas de Nómina (AMDEN), referente a los créditos otorgados por Sociedades Financieras de Objeto Múltiple a trabajadores y pensionados.

Lo anterior debido a que la CONDUSEF ha recibido diversas reclamaciones de dicho sector de la población, en las que se ha identificado que para ofrecer los créditos, las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple contactan a los trabajadores y pensionados por medio de “gestores”, “promotores” o “representantes gremiales”.

Asimismo, para garantizar la recuperación del crédito, los trabajadores y pensionados deben suscribir un mandato para que se realicen descuentos periódicos con cargo a su salario o pensión y por su parte, las entidades financieras firman un convenio con la dependencia o entidad de la administración pública federal, estatal o municipal respectiva.

Sin embargo, este mecanismo de operación ha traído como consecuencia algunos problemas como son:

• Que los gestores o promotores no acrediten de manera fehaciente su relación con la Sociedad Financiera respectiva, lo que ha facilitado que mediante engaños despojen a los trabajadores y pensionados de documentación personal, obteniendo créditos en su nombre.
• Debido a que la recuperación de este tipo de créditos está garantizada con la nómina, las SOFOM se abstienen de revisar el historial crediticio de los trabajadores o pensionados en el Buró de Crédito, situación que genera la posibilidad de que los trabajadores o pensionados obtengan más de un crédito y en muchos casos, que la suma de los descuentos importen casi la totalidad de su salario o pensión.
• Los trabajadores y pensionados sólo cuentan con los recibos de pago en los que se reflejan los descuentos realizados por las dependencias y entidades gubernamentales, pero no así con el Contrato de Adhesión y su respectiva carátula, la tabla de amortización, los estados de cuenta, en su caso los comprobantes de operación y demás documentación que las SOFOM están obligadas a entregar.

Por lo anterior, la CONDUSEF emitió las siguientes recomendaciones:

1. Que se proporcione a los trabajadores y pensionados toda la información previa relacionada con la apertura de su crédito y una vez suscrito el mismo, se haga entrega del Contrato de Adhesión, carátula, tabla de amortización y todos los demás documentos relativos, así como de los estados de cuenta y en su caso comprobantes de operación, en estricto cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, a las Disposiciones de Carácter General en materia de Transparencia aplicables a las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple y demás normatividad aplicable.
2. Que establezcan mecanismos de coordinación con las dependencias y entidades públicas, con el propósito de garantizar a los trabajadores y pensionados que quienes les ofrecen los créditos en efecto son gestores o promotores autorizados por la respectiva SOFOM.
3. Que para determinar la viabilidad y monto de los créditos, adopten como una buena práctica la consulta al Buró de Crédito, a fin de analizar la capacidad crediticia de los trabajadores y pensionados, así como evitar el sobrendeudamiento y la insolvencia.
4. Que los expedientes de los créditos cuenten invariablemente con el mandato debidamente suscrito por los trabajadores o pensionados para que les descuenten de su salario o pensión, las parcialidades para amortizar el crédito hasta su conclusión.
5. Que toda vez que la recuperación de este tipo de créditos está garantizada y que cuentan con una ventaja en la prelación, revisen las tasas de interés, pues en opinión de esta Comisión Nacional son muy altas; más aún si se comparan con las que ofrecen otros sectores para los créditos cuya fuente de pago es el salario o la pensión.

La CONDUSEF reitera su compromiso de promover y proteger los derechos de los usuarios y aplicar las medidas necesarias para propiciar la seguridad jurídica en las relaciones entre las instituciones financieras y los usuarios.

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