Exige diputado Diego Echevarría emitir el reglamento de la Ley de Movilidad en Baja California
- El Congreso del Estado aprobó un exhorto para que el Ejecutivo estatal emita el reglamento de la Ley de Movilidad Sustentable y Transporte y se establezca un sistema uniforme de sanciones.
El Pleno del Congreso del Estado de Baja California respaldó un exhorto presentado por el diputado Diego Echevarría Ibarra, mediante el cual se solicita al Ejecutivo estatal expedir y publicar el reglamento de la Ley de Movilidad Sustentable y Transporte de Baja California, con el fin de establecer un régimen uniforme de sanciones y evitar la aplicación discrecional de reglamentos municipales.
Durante su intervención, el legislador explicó que el artículo décimo séptimo transitorio de la ley establece que las disposiciones municipales continuarían vigentes hasta que se emitiera el reglamento estatal, lo cual debió ocurrir en un plazo de 180 días a partir de marzo de 2020.
Sin embargo, Diego Echevarría señaló que mantener este esquema por casi seis años constituye una omisión reglamentaria que vulnera los principios de seguridad jurídica y legalidad.
El diputado advirtió que la falta de reglamentación ha provocado prácticas discrecionales por parte del Instituto de Movilidad Sustentable de Baja California (IMOS), cuyos inspectores aplican de manera indistinta reglamentos de distintos municipios.
“Los transportistas viven en un estado de indefensión total, porque desconocen la regla exacta que les es aplicable”, afirmó.
Asimismo, señaló que esta situación ha generado un quebranto financiero para el Estado, debido a que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California ha anulado diversas multas por falta de competencia y fundamentación legal.
“Es una irresponsabilidad administrativa facturar multas que se saben, de antemano, legalmente endebles”, puntualizó Echevarría Ibarra.
El exhorto también solicita al IMOS entregar un informe detallado sobre las infracciones aplicadas desde 2020, los montos recaudados, los juicios de nulidad interpuestos y el impacto económico derivado de las devoluciones de pagos indebidos.
Finalmente, se pide a la Auditoría Superior del Estado de Baja California realizar una revisión especial sobre la legalidad del ejercicio recaudatorio del instituto en materia de infracciones y sanciones, a fin de determinar posibles responsabilidades administrativas derivadas de la falta de emisión del reglamento y el eventual daño financiero causado por multas que posteriormente han sido declaradas nulas.
