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El Senado aprobó por unanimidad reformas a la Constitución que acotan el fuero a los funcionarios de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial cuando sean acusados de algún delito.

De acuerdo al dictamen avalado con 81 votos, los servidores públicos con fuero podrán ser sujetos a proceso penal sin ser privados de su libertad ni separados de su cargo, y en caso de ser declarados culpables, serán removidos y sometidos a la condena que el juez determine.

Las reformas modificarían el fuero del presidente de la República, los secretarios de Estado, diputados federales, senadores, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Además, a consejeros de la Judicatura Federal, consejeros del IFE, jefe de Gobierno del Distrito Federal, asambleístas, procuradores General de la República y estatales, entre otros.

También será extensiva a gobernadores, diputados locales, magistrados de los tribunales superiores de justicia de los estados, miembros de los consejos de las judicaturas locales y magistrados electorales de las entidades federativas.

Al hablar a favor de las reformas a los artículos 6, 11 y 112 de la Constitución, el senador Pedro Joaquín Coldwell afirmó que con ellas se ataca de fondo “la impunidad que más lastima a los mexicanos: la impunidad de los políticos”.

El legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), afirmó que actualmente mientras la Suprema Corte de Justicia no emita una declaración de procedencia para quitar el fuero, no hay proceso judicial.

“Sin embargo, con las modificaciones se iniciará el proceso penal preservando la inmunidad del servidor público que se trate, y será juzgado, y ya con una sentencia el Congreso decidirá si le quita o no la inmunidad”, añadió

El legislador priista advirtió que si el Congreso de la Unión no elimina la inmunidad a pesar de que haya una sentencia penal, esta seguirá firme y se aplicará cuando el funcionario público termine su encargo.

De acuerdo a las reformas, los servidores públicos señalados podrán ser sujetos de proceso penal “cuando exista presunta responsabilidad penal”, y mientras se lleva a cabo podrán seguir en su cargo, y no podrán ser privados de su libertad.

Sin embargo, cuando el juez de la causa dicte sentencia condenatoria de primera instancia, solicitará a la Cámara de Diputados retirar la inmunidad para que el sentenciado cese en sus funciones y quede a disposición de la autoridad correspondiente.

De igual manera, se aplicará el mismo procedimiento al presidente de la República, para lo cual la colegisladora será cámara de origen para resolver el pedido judicial, y el Senado fungirá como el órgano revisor que adoptará su decisión dentro de Diez días hábiles.

También hablaron a favor de las reformas, que fueron enviadas a la Cámara de Diputados, los senadores del PAN, Alejandro Zapata Perogordo; del PRD, Pablo Gómez, y el priista Jesús Murillo Karam.

Con información de Razón.mx