Con 60 años de edad y dos hijos, Reyna Gómez Solórzano está presa en una cárcel de Chetumal, capital de Quintana Roo, desde hace ocho meses por haber herido a su pareja sentimental, quien posteriormente falleció debido a la lesión.
La semana pasada un juez la condenó a purgar 25 años de cárcel por el homicidio del hombre, quien era su pareja y su principal agresor, pues la sometió durante años a distintos tipos de violencia.
El cinco de julio el sujeto comenzó a agredirla de nuevo. A golpearla otra vez. Reyna tomó un cuchillo para defenderse y lo encajó en el cuerpo de su agresor. Llamó a una ambulancia para que recibiera atención médica, pero los paramédicos tardaron media hora en llegar. El sujeto falleció y ella fue encarcelada.
Activistas denunciaron hoy en Cancún, que elementos de la Procuraduría de Justicia de Quintana Roo, presuntamente torturaron a Reyna para que se declararse culpable.
El tema mereció la intervención de la Comisión de Derechos Humanos y una recomendación girada por el organismo, a la Procuraduría de Justicia de Quintana Roo, “por trato cruel y degradante, detención arbitraria e incomunicación”.
Existen testimonios de vecinos e incluso de sus empleadores, ofrecidos por su defensa, que dan cuenta del ciclo de violencia sistemática al que esta mujer era sometida por su compañero, quien era adicto al alcohol y a las drogas.
Ni el ministerio público, ni el juez, contemplaron como atenuante que Reyna actuó en defensa propia, ni los antecedentes de violencia a los que fue sometida por su agresor.
La semana pasada fue sentenciada a purgar 25 años de cárcel.
La abogada que lleva su caso interpuso hoy un recurso de apelación, en Chetumal, en un intento por reducir la condena. Se evalúa promover un amparo.
Paralelamente un grupo de mujeres acudió el pasado miércoles a los juzgados ubicados en Cancún, para dar a conocer el caso de Reyna, con la intención de visibilizarlo y exigir que éste sea revisado, pues aseguran que se violó el debido proceso.
“Esta mujer se defendió de su agresor, con un cuchillo y sucede la tragedia que sucedió. Ella llama a la policía y a una ambulancia, que se tardó media hora en llegar; está presa desde hace ocho meses”, expresó Virginia Betanzos, de la Red Peninsular de Mujeres.
Betanzos subrayó que en un país y en un estado, en los que la vida e integridad de las mujeres no es prioridad, el caso de Reyna, es uno más.
“Reyna es una más de las cientos de mujeres que están en el país sufriendo la misma situación”, manifestó, al tiempo en que cuestionó si la mujer de 60 años debería ser la que hubiera sido asesinada, para considerarla una víctima.
“Es víctima de violencia y es víctima del sistema, porque no le dan la asistencia legal adecuada, ni en su caso se aplica el Protocolo de Investigación con Perspectiva de Género, que mandata la Suprema Corte de Justicia”, señaló Betanzos, quien agregó que por su edad, Reyna podría haber purgado una condena domiciliaria.
Además de estar recluida en la cárcel, Reyna debe reunir semanalmente 800 pesos para evitar ser golpeada por otras internas, añadió la entrevistada.
“Es un caso terrible e inconcebible que, cuando una mujer se defiende para evitar que la maten, le caiga todo el peso de la ley. Es absurdo, incongruente e inhumano”, sostuvo.
Con información de la policíaca
