Aprueban castigos más duros por robo, violencia familiar y daños a autos en Baja California
- Las reformas clave al Código Penal y Ley de Violencia Familiar en BC fueron votadas por la Comisión de Justicia aprueba.
En sesión de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, presidida por la diputada Norma Angélica Peñaloza, se aprobaron diversos proyectos de dictamen de reformas legislativas orientadas a fortalecer el Código Penal y la Ley de Atención y Prevención de la Violencia Familiar en Baja California.
En primer lugar, por cuatro votos a favor, se avaló el Dictamen No. 6, correspondiente a la iniciativa de reforma al artículo 201 del Código Penal, presentada por la diputada Peñaloza, cuyo propósito es clarificar el rango en el monto de lo robado para establecer sanciones más precisas. El artículo reformado establece penas de seis meses a tres años de prisión, y multas de hasta 100 UMAs, cuando lo robado no exceda 80 veces el valor diario de esta unidad.
Posteriormente, se aprobó por cinco votos a favor el Dictamen No. 7, derivado de la propuesta del diputado Adrián Humberto Valle Ballesteros, para reformar el artículo 245 del Código Penal. La iniciativa busca tipificar como delito el uso de objetos punzocortantes (como abrojos, cuchillas o púas) colocados en la vía pública para dañar neumáticos con la finalidad de cometer otros delitos.
También fue aprobado el Dictamen No. 8, promovido por la diputada Montse Murillo López, que reforma los artículos 1 y 2 de la Ley de Atención y Prevención de la Violencia Familiar Estatal, con el objetivo de adicionar la modalidad de violencia patrimonial al marco legal. El nuevo texto reconoce como violencia familiar toda conducta que cause daño, incluyendo violencia económica o patrimonial, dentro o fuera del domicilio.
Finalmente, el Dictamen No. 9, impulsado por la diputada Gloria Arcelia Miramontes, también recibió aprobación. Esta iniciativa adiciona el artículo 229 Bis al Código Penal para incrementar la pena de 5 a 10 años a quienes provoquen incendios, explosiones o inundaciones que afecten viviendas, edificios públicos, escuelas o archivos, y establece un aumento adicional de hasta una tercera parte de la pena si el delito ocurre en un área natural protegida.
La sesión se llevó a cabo en las instalaciones de la Auditoría Superior del Estado de Tijuana, donde también se presentó un informe de iniciativas turnadas a la comisión y se aprobó el acta de una sesión anterior.
Además de las diputaciones ya mencionadas, participaron los legisladores Araceli Geraldo, Ramón Vázquez y Juan Manuel Molina, así como el director de Consultoría Legislativa, Israel Ceseña. También estuvieron presentes representantes del Poder Judicial, Estefany Díaz Guzmán y Paola Martínez López; del Poder Ejecutivo, Luis Alonso López; y de la Consejería Jurídica.
