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La Junta de Supervisores del condado de San Diego, California, aprobó hoy el uso de una propiedad abandonada para abrir un albergue temporal para familias migrantes que han llegado a la frontera en búsqueda de asilo político.

La medida responde a la preocupación de autoridades locales luego de que a finales del año pasado se detectara que miles de personas eran dejadas a su suerte una vez que eran procesadas por oficiales migratorias, lo que consideran, las expone a la indigencia o a ser presas de tráfico humano.

Si bien voluntarios de la denominada Red de Respuesta Rápida de San Diego (SDRRN) paliaron esta situación al abrir un albergue la alta demanda ocasionó que en pocas semanas el sitio se llenase por lo que se habilitaron otros espacios temporales para dar techo, comida y otros servicios a los migrantes más vulnerables.

Desde noviembre y hasta la fecha, la coalición dice haber recibido a cerca de 5.000 inmigrantes, incluyendo algunos que arribaron a la frontera como parte de la caravana centroamericana.

Sin embargo, la situación se agudizó dado que el permiso de operación del albergue actual concluirá a mediados de febrero, por lo que autoridades tanto municipales como estatales se apresuraron a buscar una nueva ubicación.

Esta aprobación coincide con la visita de la secretaria de Seguridad Nacional (DHS), Kirstjen Nielsen, al puerto fronterizo de San Ysidro para evaluar la implementación de la nueva política del Gobierno de Estados Unidos sobre peticionarios de asilo, denominada Protocolos de Protección al Migrante (MPP).

El DHS informó la pasada semana de que bajo estas nuevas directrices ya no dejará en libertad condicional en el país a ciertos solicitantes de asilo como se había hecho hasta ahora, sino que serán devueltos a México y se les permitirá reingresar a Estados Unidos para comparecer ante un juez de inmigración.

La creación del nuevo albergue, aprobada con cuatro votos a favor y uno en contra, recibió el respaldo de funcionarios públicos tanto republicanos como demócratas, incluyendo el alcalde de San Diego, Kevin Faulconer, la alcaldesa de National City, Alejandra Sotelo-Solís y la fiscal de distrito Summer Stephan, entre otros.

“La población que solicita asilo, muchos de ellos, mujeres y niños que no hablan inglés y desconocen sus derechos y responsabilidades en Estados Unidos, está en alto riesgo de ser víctimas del crimen, y ya nos hemos enterado de casos de posibles abusos”, advirtió la fiscal Stephan en una carta enviada a los supervisores del condado.

“Estamos aquí hablando de una solución temporal, pero no nos equivoquemos, este no es un problema temporal”, refirió la supervisora Kristin Gaspar, quien adjudicó la situación a la falta de acción tanto del Gobierno federal como estatal.

“La práctica de dejar familias en un McDonalds o una estación de autobuses en el centro de la ciudad es totalmente inaceptable”, subrayó la funcionaria republicana, que votó en favor de la medida bajo la cual organizaciones de la SDRRN operarán el albergue hasta el 31 de diciembre.

Dianne Jacob, presidenta de la Junta, hizo notar al votar a favor que los solicitantes de asilo que requieren estos servicios están en el país de forma legítima.

Decenas de personas acudieron a la sesión pública para mostrar su apoyo a la medida, mientras que la única voz en contra fue de un residente de San Diego, que expresó su preocupación de que este tipo de acciones propicien a que miles de inmigrantes más lleguen a la frontera.

Fuente: EFE