Diputada busca multas de hasta 821 mil pesos a universidades en BC por frenar títulos
- La iniciativa contempla sanciones de hasta 821 mil pesos a instituciones privadas que omitan tramitar documentos o condicionen su entrega a pagos no autorizados.
La diputada de Morena Maythé Méndez Vélez presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Educación estatal para sancionar a las instituciones educativas privadas que obstaculicen la obtención de títulos profesionales o condicionen su trámite a pagos no autorizados.
La legisladora señaló que en Baja California existen alrededor de 60 instituciones privadas de educación superior con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE), y advirtió que hay casos de egresados que han tenido que recurrir a instancias judiciales para obtener sus títulos.
“Quienes concluyen una carrera y cumplen con los requisitos académicos deben contar con la posibilidad de obtener su título profesional, sin enfrentar obstáculos injustificados por parte de la institución educativa”, expresó Méndez Vélez.
La propuesta contempla modificar la fracción XXVI del artículo 126 de la Ley de Educación estatal para sancionar la omisión en el trámite de certificados, constancias, diplomas y títulos, así como el condicionamiento de estos documentos al pago de contraprestaciones que no estén autorizadas en los planes y programas correspondientes.
Como sustento jurídico, la diputada retomó un criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que reconoce que las universidades privadas pueden equipararse a una autoridad para efectos del juicio de amparo cuando omiten tramitar o entregar un título profesional a una persona egresada que cumple con los requisitos aplicables.
Las sanciones económicas previstas en la legislación van de mil a siete mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale aproximadamente a multas de 117 mil a 821 mil pesos, conforme al valor vigente en 2026.
Finalmente, la iniciativa fue turnada a la Comisión de Educación, Humanidades, Ciencia y Tecnología para su análisis y trámite legislativo.










