Congreso de BC lleva a la Corte el caso de indemnizaciones millonarias a magistrados
- Se presentó controversia constitucional contra acuerdos del TJEBC que comprometen recursos públicos.
El Congreso del Estado de Baja California presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de los acuerdos emitidos por el Tribunal de Justicia Electoral de Baja California (TJEBC) que pretenden otorgar indemnizaciones millonarias a sus magistrados.
La acción legal se da luego de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desechara la impugnación inicial, al determinar que el tema no es materia electoral. Para el diputado Juan Manuel Molina García, presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), este fallo no representa un revés, sino una vía abierta para llevar el tema a la Corte, al reconocer que se trata de un asunto constitucional y no electoral.
“El Congreso del Estado ya presentó la controversia constitucional, porque esta decisión toca una esfera de atribuciones exclusiva del Poder Legislativo, como es la autorización del ejercicio de recursos públicos”, señaló el legislador en conferencia de prensa.
Molina explicó que, aunque aún no se cuenta con la notificación formal ni con la publicación del proyecto completo del TEPJF, la resolución escuchada en sesión indica que “precluyó el derecho” pero no por extemporaneidad, lo cual distingue este caso de otros y mantiene abierta la discusión legal.
En su exposición, recordó que existe jurisprudencia del propio TEPJF, emitida en 2023, donde se establece que puede analizarse si un funcionario electoral es considerado trabajador con derecho a indemnización. Bajo esa óptica, interpretó que el reciente fallo podría indicar que los magistrados no son trabajadores formales, sino parte patronal, y por lo tanto no tendrían derecho a ese pago.
La demanda fue elaborada por el Departamento Jurídico y la Consultoría Legislativa del Congreso, amparándose en el artículo 105 constitucional, que faculta a los órganos del Estado para impugnar actos que invadan sus competencias o comprometan la legalidad del presupuesto.
El legislador también destacó el rechazo ciudadano a estos pagos. “Se trata de más de 4 o 5 millones de pesos que se pretendían entregar sin viabilidad presupuestal y sin autorización del Congreso”, subrayó, cuestionando además el silencio de sectores que usualmente critican el manejo de recursos públicos, pero que “ahora no han dicho nada”.
Molina concluyó que este proceso no ha terminado, y que el Congreso mantendrá su postura en defensa de la legalidad y el uso responsable del dinero público.
