Como resultado de una reunión de trabajo que sostuvo este martes el Gobernador Francisco “Kiko” Vega de Lamadrid con legisladores federales, dio a conocer un posicionamiento en relación a la aprobación del mando único mixto, ampliación de catálogo de delitos y la Ley de Seguridad Interior, propuestas que serán presentadas ante el Congreso de la Unión a fin de que a la brevedad posible se cuente con el marco jurídico con viabilidad para crear las mejores condiciones que permitan el combate a la inseguridad.
Sobre la base de estos temas acordados en la mesa de trabajo realizada con los diputados federales, el Mandatario estatal explicó que en relación al Mando Único Mixto, es inminente para Baja California contar con el marco jurídico que haga viable la unificación de las fuerzas policiales del estado, a fin de crear las condiciones necesarias para avanzar en la prevención, procuración, administración de justicia y reinserción social.
Mencionó que lo que se busca es hacer más eficiente la gestión de la seguridad bajo un esquema de corresponsabilidad y participación ciudadana, reconociéndose que los factores que pueden ser detonantes de conductas violentas y delictivas, son de diferente naturaleza y pueden incidir en todos los sectores de la sociedad.
Vega de Lamadrid manifestó que en cuanto al tema de la ampliación del catálogo de delitos, ante el compromiso de Baja California de brindar mayor seguridad a sus habitantes y dotar de mayores herramientas a los Operadores del Nuevo Sistema de Justicia Penal, se proponen reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales ampliando el catálogo de delitos con prisión preventiva oficiosa, así como los requisitos para el otorgamiento de medidas cautelares privativas de la libertad a efecto de que los imputados, sujetos a procesos penales, permanezcan en prisión preventiva durante su proceso y evitar la reincidencia en la comisión de otros delitos que lesionan a la sociedad.
Refirió que para efecto de la anterior, es preciso aplicar la prisión preventiva oficiosa en los delitos previstos en la Ley Federal de Armas y Explosivos y en la Ley General de Salud, tales como comercio y posesión de droga con fines de venta, toda vez que contribuyen al incremento de delitos de alto impacto en la entidad, como lo han sido los homicidios, secuestros, robos violentos y extorsiones vinculados a la compra-venta de narcóticos, así como a la portación de armas de fuego.
El Jefe del Ejecutivo expresó que es importante para Baja California que los delitos de robo de vehículos y de robo a casa habitación, que actualmente aquejan a la sociedad bajacaliforniana, estén previstos en la legislación nacional a efecto de que cuenten con prisión preventiva oficiosa.
Sobre la Ley de Seguridad Interior, dijo que Baja California, dentro del marco del Estado de Derecho, se ha distinguido por el arduo trabajo de coordinación de los tres órdenes de gobierno en la búsqueda de la seguridad pública, a través del combate de la delincuencia; el Ejército, la Marina y la autoridades estatales han participado y logrado avances históricos en la entidad, por eso se considera que la Ley de Seguridad Interior debe ser revisada, analizada y consensuada de manera responsable bajo el principio de respeto a los estándares más alto de derechos humanos fundamentales, soberanía y el debido proceso, así como la revisión del caso particular en cada entidad federativa.
Durante la reunión de trabajo, los legisladores coincidieron en la urgencia de realizar las modificaciones necesarias que permitan contar con un esquema de seguridad que impida que delincuentes peligrosos enfrenten sus delitos en libertad.
En la reunión, el Gobernador Francisco Vega de Lamadrid estuvo acompañado por el Secretario General de Gobierno, Francisco Rueda Gómez; la Procuradora General de Justicia del Estado, Perla del Socorro Ibarra Leyva; el Secretario de Seguridad Pública del Estado, Daniel de la Rosa Anaya; así como los diputados federales Teodoro Barraza López, Exaltación González Ceseña, Jorge Ramos Hernández, José Máximo García López, Wenceslao Martínez Santos, María Luisa Sánchez Meza, María del Rosario Rodríguez Rubio, María Eloísa Talavera Hernández, Gina Andrea Cruz Blackledge y Nancy Sánchez Arredondo.
