Aprueba XXV Legislatura participación ciudadana en contrataciones públicas mediante testigo social
- El diputado Ramón Vázquez destacó que la participación ciudadana es clave para garantizar transparencia, legalidad y confianza en el uso de recursos públicos
- La función principal será vigilar y evaluar que las decisiones se tomen con transparencia, legalidad e imparcialidad
Con el objetivo de transparentar el uso de los recursos públicos en la contratación de obras y servicios relacionados, la XXV Legislatura del Congreso del Estado aprobó por unanimidad la incorporación de la figura del testigo social como mecanismo de participación ciudadana, a propuesta del diputado Ramón Vázquez Valadez.
La iniciativa dictaminada por la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Conurbación, Infraestructura, Movilidad, Comunicaciones y Transportes, reforma el artículo 4 y adiciona los artículos 33 Bis y 33 Ter de la Ley de Obras Públicas del Estado.
“En los últimos 20 años, gobiernos de distintas partes del mundo han adoptado medidas para fortalecer la rendición de cuentas. Esta reforma coloca a Baja California en sintonía con ese esfuerzo global”, expresó el legislador.
Gracias a este cambio legislativo, se reconoce al testigo social como una persona física o moral registrada en el padrón público que estará a cargo de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Para participar, deberá contar con acreditación técnica en materia de obras públicas.
Durante los procesos de contratación, se solicitará la presencia de un testigo social con derecho a voz, cuya función principal será vigilar y evaluar que las decisiones se tomen con transparencia, legalidad e imparcialidad.
“La ciudadanía debe tener un asiento en la mesa cuando se trata del uso de recursos públicos. Esta figura permite que las contrataciones se realicen bajo escrutinio ético y técnico”, subrayó Ramón Vázquez.
Además, se establecen funciones específicas para los testigos sociales, entre ellas: observar y vigilar los procedimientos, proponer mejoras, reportar irregularidades, dar seguimiento a recomendaciones y elaborar un informe final con sus observaciones.
De esta manera la reforma armoniza la legislación estatal con los compromisos internacionales asumidos por México, como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Alianza para el Gobierno Abierto.
