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Etiqueta: lavenant

Palco de Prensa: El carpetazo

Uno de los temas más álgidos, a fines del 2014, fue el que el Organo Superior de Fiscalización del Congreso del Estado, haya descubierto que la Universidad Autónoma de Baja California había invertido recursos públicos en la bolsa de valores. Parecía un absurdo, que siendo difícil la situación financiera de la Máxima Casa de Estudios de la entidad, los directivos de la misma, tuvieran la audacia de invertir sus recursos en la Bolsa de Valores, en donde lo mismo se gana, pero también sepierde. La información idicaba que esto no era nuevo. Que desde admistraciones atrás, era una costumbre que la UABC invirtiera sus recursos disponibles, en la Bolsa de Valores. Incluso, que había sufrido pérdidas. El entonces Rector, Felipe Cuamea Velázuez, quien llegó a dicho cargo en un accidentado proceso, empezó a sentir que desde la legislatura estatal, le querían pisar los talones. Ya se sentía en el banquillo de los acusados. Pero se defendió “como gato bocarriba”. Al grado de que, alarmado, covocó de manera extraordinaria al Consejo Universitario, haciendo un llamado a defender la autonomía universitaria. Haciendo valer aquello de que “el león cree que todos son de su condición” y obviamnte sabiendo como se la gastan los políticos, advirtió que la UABC era un excelente botín y que muchos quisieran meterse hasta la cocina. En ningún momento reconoció, que en realidad estaba tratando de “salvar su pellejo”. Que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa, para evitar que le fincaran resposabilidades. Era la primera vez, que se daba un enfrentamiento tan abierto, entre el poder legislativo y la autoridad de la UABC. Y parecía que era inevitable que el Rector llegara a parar tras las rejas. Además, estaba en proceso la designación del nuevo Rector, Juan Manuel Ocegueda. Parecía que Cuamea, saldría por la puerta posterior de la UABC. En tanto que el Rector rehuía a los medios, el Presidente de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público, el diputado Rodofo Olimpo Hernández, confirmaba y ampliaba el hallazgo. Como quien dice, le echaba más leña a la hoguera. Aparentemente, la situación era irreconciliable. Sobre todo, porque los diputados trataban de dejar bien claro, que ellos estaban facultados para meter las manos a las finanzas universitarias y urgar en la administración de Cuamea. Por eso, trataron de acorralarlo. Lo citaban para que compareciera al recinto legislativo, este les contestaba afirmativamente, pero a la hora de la hora los dejaba plantados. Las evidencias indicaban que esto subiría de tono, pues era solo el principio. Había mucho que rascarle. Cada día, se hacía mayor el escándalo. Era la “commidilla” de todos los días. Lo único que le faltaba a la UABC. Unos 60 mil alumnos, una planta laboral de 5 mil personas y un presupuesto anual de aproximadamente 5 mil millones de pesos. Este tipo de situaciones, definitivamente generarían desconfianza entre los bajacalifornianos. La verdad es que nunca estuvo a discusión la autonomía universitaria. La libertad de catedra. Lo único que se discutía era el turbio o frívolo manejo de los recursos universitarios. Dicen que el que nada debe, nada teme. En este asunto, muchos temían, porque sabían que habían hecho mal. El Patronato unversitario tuvo que salir al quite y asumir la responsabilidad por el destino de los recursos de la UABC. Nadie les creyó, cuando señalaron que tenían facultades para invertir en la Casa de Bolsa. Lo cierto es que lo podían hacer, pero en instrumentos sin riesgo, no en aquellos que implicaban especulación. Total, pasó el tiempo y el asunto se fue enfriando. Los legisladores entendieron que icluso para ellos tendría un alto costo político, seguir enfrentando a la autoridad universitaria. Que tarde que temprano tendrían que proceder en contra de Cuamea. Al fin se calmaron los ánimos, Cuamea acudió como visitante a la legislatura estatal. Y no pasó nada. Los legisladores, por su parte, hicieron a un lado el tema. Ambas partes se olvidaron de andar “midiendo fuerzas”. Un año después, al asunto de los irregulares manejos de recursos universitarios, ya le dieron carpetazo. Este es un método utilizado comunmente en el sistema político mexicano, para guardar o mantener en reserva, un asunto escabroso. Cuamea concluyó su gestión en la rectoría universitaria y se retiró, dejando atrás la bronca que generó su cuestionada actuación. Al final, salió más político, que los políticos. Para su fortuna, el método del carpetazo, le salvó la situación. Pudo haber pasado varios años tras las rejas, pero en México todo es posible. Hasta hacer mal uso de los recursos públicos, sin sufrir las coseuencias de ello. Quizás Cuamea catafixió a los diputados, las posibles sanciones, que podrían aplicarle, por títulos profesionales. Podría ser.

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Palco de Prensa: Denuncian al DIF estatal

Ayer jueves, fue presentada una denuncia, ante el DIF Nacional, sumamente grave, contra el DIF DE Baja California, que encabeza la señora Brenda Ruacho de Vega.

La denuncia fue presentada por la activista Irma Garrido, en la Ciudad de México, en las oficinas de la señora Angélica Rivera de Peña, Presidenta Nacional del Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia, reclamando se abra una investigación sobre 20 casos de niños que el DIF Baja California ha dado en adopción irregularmente.

Esto puede parecer una exageración, pero cabe observar que en octubre pasado, se puso al descubierto, en Sonora, que funcionarios del DIF, encabezado por la señora Iveth Dagnino de Padrés, esposa del Gobernador Guillermo Padrés, hacían negocios con la adopción irregular de adopciones.

Dos de los principales funcionarios del DIF sonorense se dieron a la fuga, pero cuando menos 16 personas, relacionadas con tales hechos, fueron consignadas y se le abrió proceso penal.

La denuncia ante el DIF nacional, presentada por Garrido, fue en representación de la activista Claudia Martínez Villa, quien el día de la inauguración del CRIT Baja California, realizó una protesta en la zona, ante todos los asistentes al evento.

Irma explicó que Martínez Villa, fue víctima de las irregularidades del DIF, denunciadas.

Resulta que Claudia tenía dos años gestionando la adopción de una menor. Ya había sido declarada apta para adoptar y respecto de la menor, había logrado la custodia provisional, durante aproximadamente 2 años.

Sin embargo, apenas iniciada la gestión del Gobernador Francisco Vega de la Madrid, súbitamente la niña desapareció del DIF y al cuestionarles su paradero, simplemente le indicaron que ya la habían dado en adopción a otra familia.

A partir de entonces, Claudia Martínez Villa, encabeza la Asociación Pro Defensa de Niños y Víctimas del DIF y en vano ha estado reclamando la menor que estaba en proceso de adoptar. Ante los nulos resultados, es que ahora acude al DIF Nacional.

Durante el proceso de búsqueda de la menor que intentaba adoptar, Claudia detectó 20 casos similares, los cuales fueron debidamente documentados y en vías de ser denunciados legalmente.

Así mismo, la denuncia fue hecha personalmente a la Lic. Nelly Montealegre Díaz, Procuradora General del Sistema Nacional de Defensa Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes, creado recientemente por el Presidente Enrique Peña Nieto.

Irma Garrido aclaró que no acusaba por tales irregularidades, directamente a la señora Brenda Ruacho de Vega o al Gobernador Kiko Vega, pero sí reclaman que se proceda en contra de quien resulte responsables, por la negligencia, abandono, abuso y corrupción, trata, explotación sexual o cualquier tipo de trata y tráfico de niños.

Dijo que las autoridades de todos los ámbitos y niveles, están obligadas a tomar las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar estos casos, en los que se han visto afectados, niños, niñas y adolescentes.

Manifestó que consideran sumamente grave, que las autoridades del DIF estén dando en adopción a los niños bajo su custodia, en forma irregular e incluso ilegal. Que temen que estén siendo vendidos, con fines sexuales o tráfico de órganos.

Que por eso, decidieron acudir a la Presidenta del DIF nacional, Angélica Rivera de Peña, para que se abra una investigación seria y detallada sobre tales irregularidades.

Este asunto es más serio de lo que parece y si la señora Ruacho es ajena a esto, pues debe ser la más interesada de que esto se aclare. Total, dicen que “el que nada debe, nada teme”.

Lo cierto es que cuando se presentan este tipo de denuncias, tan graves, se pretende descalificarlas mediáticamente, pese a que se advierte que “no es posible tapar el sol con un dedo”.

Este tipo de cosas se supo que ocurrieron en Sonora, durante el gobierno del panista Guillermo Padrés, pero se procedió hasta que inició la gestión de la priísta Claudia Pavlovich. De lo contrario, hubieran seguido bajo la protección del entonces gobernador.

Baja California no es una isla, forma parte de una República y sus gobernantes deben actuar apegados a derecho. Si alguien piensa que pueden operar al margen de la ley, y sobre todo participar libremente en el tráfico de niños, está muy equivocado.

Mientras tanto, la denuncia ya está en manos de la Primera Dama del país y de instituciones creadas precisamente para cuidar a los niños, niñas y adolescentes. Ojalá que pronto se tengan resultados y se proceda contra quien corresponda.

Lo ideal sería que todo se aclarara. Sobre todo, que se precise lo que realmente ocurrió con los 20 casos documentados de menores. Esto, además de lo relativo a los cuerpos de dos menores desaparecidos y que pretenden considera como simple descuido o negligencia, cuando se sabe que los menores, son sumamente codiciados, para muchas actividades ilícitas y deleznables.

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Palco de Prensa: ¡Huy, ya está aquí Aponte!

A los niños inquietos o traviesos, se suele “invitarles” a ponerse en paz, con la advertencia : ¡Huy, ahí viene el Cu Cuy! Aunque hoy en día, el que se asusta es el Cu Cuy.

A los políticos ratas y socios o empleados del narco, valdría la pena advertirles : ¡Ya está aquí Aponte Polito! Aunque solo está de visita.

Esta no es leyenda. A principios del 2008, el entonces Comandante de la Segunda Zona Militar, en retiro, General Sergio Aponte Polito, dió una zarandeada a políticos panistas, al señalar que estaban involucrados con el narco.

Fue un escándalo, cuando la onda delictiva llegó al máximo. Curiosa e incongruentemente, de los funcionarios señalados, unos continúan en sus cargos, otros ascendieron a puestos de mayor importancia. “Gracias a sus “meritos”. O quizás por sus “cartas de recomendación”.

El denunciante, Aponte Polito, fue presionado hasta obligar su salida, no solamente del cargo, sino de Baja California, cuando gobernaba José Guadalupe Osuna Millán. Era obvio que su presencia incomodaba a muchos.

Hoy, cuando las cosas, en materia de inseguridad están igual que entonces, y que gobierna el panista Francisco Vega de la Madrid, Aponte Polito regresa a la entidad. Lamentablemente, solo viene de visita, invitado por el priísta aspirante a la Alcaldía de Tijuana, David Saúl Guakil.

No se explica la invitación, relacionada con fines partidistas. A menos que sea el anuncio de que se pretende invitarlo a hacerse cargo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, pues “El camillero” nada más no puede. Es más que evidente.

Aún se recuerda aquella carta, que Aponte Polito dirigió al entonces Procurador de Justicia, Rommel Moreño Manjarrez, para señalarle las irregularidades que había detectado y que eran la causa principal del grado de violencia que existía en la entidad.

El entonces Comandante de la Segunda Región Militar, tronó contra la corrupción existente en las corporaciones encargadas de la persecución de los delincuentes y la procuración de justicia en la entidad.

Según lo señalado por el militar, en condición de retiro, esto no era nuevo. A principios de 2007, cuando Eugenio Elorduy, aún era Gobernador, el ejército se distanció de la autoridad civil, por presumir corrupción y nexos con la delincuencia organizada.

En el 2008, ya siendo Gobernador el también panista José Guadalupe Osuna Millán, Aponte Polito volvió a reiterar su postura al respecto. El entonces Procurador Rommel Moreño Monjarrez, pensó que iba a exhibir al militar, al pedirle que aportara pruebas respecto de lo que señalaba.

No le tuvo que decir dos veces. En una extensa carta, fechada el 22 de abril del 2008, en Mexicali, el general Aponte Polito le describió todas las “chuladas” que hacían los encargados de la procuración de justicia en la entidad.

Después de señalar aspectos concretos de corrupción, dirigiéndose al entonces Procurador de Justicia, haría el cuestionamiento siguiente : ¿Qué decepción causa saber que quienes tienen la encomienda de procurar hacer cumplir la ley, sean los que la vulneren por tener vínculos con la delincuencia organizada ?

Más adelante, haría otro cuestionamiento : ¿En manos de quién está la seguridad de Baja California?

Curiosamente, no toleraron mucho tiempo las denuncias del militar. Y, respecto a lo denunciado, el Procurador dijo que Asuntos Internos se encargaría de hacer las investigaciones correspondientes y el Gobernador Osuna Millán se concretó a anunciar que se investigaría a fondo. Lo cierto es que lograron que Aponte Polito se retirara de Baja California y nunca hubo resultados de las supuestas investigaciones, no obstante que el jefe militar hizo señalamientos precisos. Hoy ha vuelto la violencia a la entidad. Que cada quien haga sus conjeturas.

El General Sergio Aponte Polito, se encargó de escribir aquellas páginas negras del panismo en Baja California. Y no se pueden borrar, además de que se recuerdan simplemente como “Las cartas de Aponte Polito”, google las conserva y se pueden consultar en cualquier momento.

Sobre todo, hoy que la violencia priva en Baja California. Hoy que prácticamente priva la inseguridad que entonces.

La presencia de Aponte Polito, en estos momentos, solamente refrescarán la memoria de los bajacalifornianos y la vergüenza de los gobiernos panistas, cuya historia, además de que ha estado plagada de corrupción, ha mostrado una estrecha relación con el crimen organizado.

El militar, en condición de retiro, tal vez se anime a escribir más cartas sobre la corrupción en Baja California. Tal vez debería escribir un libro completo. Da para eso y más.

Las condiciones actuales indican que las cosas no han cambiado. O que simplemente se les han salido de “control”.

La inseguridad pública, es otra evidencia de la corrupción.

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Palco de Prensa: Salida en Falso

 

Cuando en una carrera, alguno de los corredores, sale antes de que se dé la voz de arranque, se dice que no vale. Se dice que es salida en falso.

Suele ocurrir que, el nerviosismo o la desesperación porque inicie la competencia, uno de los competidores, salga antes de tiempo.

Todo se tiene que volver a iniciar. No se vale que uno, aunque sea con unos segundos de diferencia, salga antes que los demás.

Lo mismo pasa en política, en lo que respecta a “destapes” o pronunciamientos a favor de alguno de los aspirantes. No se valen, cuando ocurren antes de que sea el momento para ello.

Aunque esta misma semana lo comentaba, que los “destape” políticos, aquellos pronunciamientos súbitos, a favor de alguno de los aspirantes, a determinado puesto de elección popular, ya casi son cosas del pasado.

Antes, en breve tiempo, el rumor se esparcía por todo el país, si se trataba del candidato a la Presidencia de la República, hasta que surgía cierto personaje y hacía, lo que sería el primero de los pronunciamientos.

En Tijjuana, hay varios priístas que han manifestado su interés por lograr la Alcaldía. Entre ellos, René Adrián Mendívil, coordinador de la fracción parlamentaria priísta en la Legislatura Estatal, David Saúl Guakil, exSecretario de Desarrollo Social del XX Ayuntamiento, que encabezó Carlos Bustamante Anchondo, Carlos Barboza Castillo, exregidor y exdiputado local y Carlos Jiménez, exdiputado local y exConsejero de la Judicatura del Poder Judicial del Estado.

Aunque encubiertos, todos ellos están realizando labores de proselitismo -o de calentamiento previo- en espera de que den la voz de arranque.

El calendario electoral, dado a conocer en días pasados por el Instituto Electoral Estatal, indica que el período de precampañas electorales, en los casos en que los partidos políticos tengan varios precandidatos a un mismo puesto, será del 2 al 27 de marzo.

Así mismo, que quienes aspiran a competir por determinado puesto de elección popular y actualmente desempeñan u ocupan algún cargo administrativo o de elección popular, tienen hasta el 7 de marzo para solicitar licencia o renunciar al mismo.

Seguramente ya han de estar desesperados los pretensos y sus seguidores, por arrancar, primero la contienda interna, en los casos de partidos políticos que así eligen a sus candidatos, y la campaña formal, hacia los comicios del primer domingo de junio del 2016.

Esta semana, publicaron seis pronunciamientos a favor del exDelegado de la Secretaría de Economía, David Saúl Guakil, quien anda en precampaña, amparado en la fundación creada con el nombre de su madre.

Todos ellos, estaban dirigidos a Manlio Favio Beltrones, dirigente nacional del PRI. Tres pronunciamientos fueron de sindicatos cetemistas. Los firmantes deben saber que, conforme a los “usos y costumbres” priístas, cuando se es parte de un sector, en este caso el obrero, representado por la CTM, para que tenga cierto valor, el primer pronunciamiento o “destape”, debe hacerlo el máximo dirigente de la CTM en la entidad. En este caso Eligio Valencia Roque, Secretario General de la CTM estatal.

Tan solo por el hecho de no respetar las jerarquías, los pronunciamientos no tienen ningún efecto. No valen, pues. A menos que se quieran “brincar las trancas”.

Algunos hacen esto, para el caso de que su “gallo”, resulte ser el candidato y además gane las elecciones, poderle decir que fueron los primeros y “cobrarle” la audacia de haber hecho los primeros pronunciamientos, bajo su cuenta y riesgo.

Otro pronunciamiento fue de una organización de pequeños empresarios, seguramente en agradecimiento por el apoyo recibido por Guakil cuando fue delegado de la Secretaría de Economía. Son una asociación civil y no se sabe que tengan alguna influencia partidista.

Lo mismo ocurre con los otros dos pronunciamientos, también de supuestas asociaciones civiles. Una de ellos, de mixtecos y la otra de Centros de Rehabilitación y Reintegración de Adicciones. Habría que decirles, que más que meterse en cuestiones políticas, deberían atender los asuntos propios de su objeto social.

Lo interesante es, como había advertido esta misma semana. Cuando el “destape” no es el oficial, no se da la suma de pronunciamientos. Cuatro o seis, no bastan, para “irse con la finta”. Por eso se evidencia que es una salida en falso.

Todo indica que será hasta el mes de febrero, cuando los priístas definan quienes serán sus candidatos. Y probablemente no se den los “destapes”, sino que la designación será en las tradicionales reuniones de Consejo.

No pueden dejar, en manos de unos cuantos supuestos “destapadores”, la designación de sus candidatos. La costumbre ahora, es que hasta unas horas antes de las reuniones de Consejo, se den a conocer los nombres de los elegidos. No antes.

Cualquier cosa, que se haga fuera de lo acostumbrado, no será “destapes”, sino meras “calenturas” políticas de acelerados o novatos de la política, sin ningún efecto. Conste.

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Palco de Prensa: La maldita codicia

La codicia, descrita como el deseo vehemente de poseer muchas cosas, especialmente riquezas o bienes, es uno de los males más arraigado en los políticos.

 Para los políticos, no hay moral, ni intención alguna de servir a la comunidad que gobiernan. Su meta básica, es aprovechar los cargos públicos, para acumular riqueza. Como exprimir una fruta, sacarle todo el jugo, hasta saciarse. Aunque para los políticos, no hay límite.

 Por ello, desde antes de que concluyan la gestión del cargo que ostentan, ya están haciendo planes para ver a donde brincan. Como los changos, que de una liana brincan a otra, y de ahí a otra más.

 Cabe hacer referencia a esto, a propósito de que se acaban de presentar los proyectos de leyes de ingresos de ayuntamientos y gobierno estatal. Las cifras millonarias, explican y justifican, porque la política es tan atractiva para muchos.

 Sin duda alguna, la política es la actividad humana más rentable. Una industria sin chimeneas, que produce ricos a montones.

 Veamos números, para entender esto.

 Entre los 5 ayuntamientos de Baja California y el gobierno estatal, en el 2016, pretenden registrar ingresos por unos 56 mil millones de pesos. Un fuerte porcentaje, será desviado e irá a parar a los bolsillos de los políticos, incrustrados en las administraciones públicas.

 El que más ingresos pretende lograr en el 2016, es el Ayuntamiento de Tijuana. La cifra estimada es de 5 mil 781 millones de pesos.

 Le sigue el de Mexicali, con 3 mil 333 millones 349 mil pesos.

 En tercer lugar, el gobierno municipal de Ensenada, 1 mil 381 millones 845 mil pesos.

 Luego, el municipio de Tecate, el llamado “Pueblo Mágico”, con 619 millones 167 mil pesos.

 Y el más modesto, Playas de Rosarito, con 428 millones 737 mil pesos.

 En total, los cinco ayuntamientos, pretenden lograr ingresos por 11 mil 544 millones 99 mil 313 pesos. Estas cifras, despiertan la codicia de cualquiera.

 Esto explica, porque hay tantos aspirantes a una alcaldía. Y ahora no solamente quienes militan en algún partido político, sino también los llamados independientes.

 Pero eso no es todo. Esas cantidades, son las que los gobiernos municipales pretenden recaudar, vía impuestos, derechos y multas, a través de las máquinas registradoras. Por “debajo de la mesa” los ingresos que se captan, son mucho mayores.

 Dicen, que “en arca abierta, hasta el más santo peca”. Los políticos no son santos. Por el contrario, son unos malditos pecadores, movidos por el único interés de acumular dinero, fácil. Entre más sea, mejor. Sin importar los medios o formas. Lo que importa son las cifras.

 En el gobierno estatal, la codicia puede ser mayor. En el 2016, el gobierno estatal, encabezado por Kiko Vega, pretende recaudar 44 mil 402 millones de pesos. Nadie puede garantizar que esos recursos, llegarán a su destino. Ni cortándoles las manos a los políticos.

 Y aunque los actos de corrupción son constantes, los políticos no tienen intención alguna de combatirlos.

 Prueba de ello, es que los órganos de fiscalización, como el Orfis, Organo Superior de Fiscalización, que depende de la Legislatura Estatal, la Contraloría General del Gobierno del Estado y las Sindicaturas Procuradora, de los Ayuntamientos, son ineficientes y perezosos.

 Dicho con todo respeto, son como perros que ladran, pero que no muerden. Deliberadamente, los políticos han tenido el cuidado de no dotarlos de dientes. De tontos, pues saben que los podrían morder a ellos.

 También pueden ser considerados como simples “espantapájaros”, que están ahí, pero no espantan a nadie. Precisamente, porque los políticos saben que son inofensivos. Sobre todo, lentos.

 Dichos órganos de fiscalización, implican un enorme costo. Cuando logran cierto grado de eficiencia, en un asunto concreto, las cúpulas partidistas, negocian, para “blindar” a los involucrados.

 Si las presiones les obligan a turnar un asunto a la Procuraduría de Justicia, ahí se atora, pues las averiguaciones previas nunca terminan de integrarse. Hasta que prescribe la acción penal del caso. Ejemplos hay muchos.

 Esto es parte del sistema político. Las cosas son iguales siempre. No importa cuál es el partido gobernante. Son círculos viciosos, que no tienen fin.

 Así, mientras los políticos se enriquecen en los cargos públicos, los ciudadanos, se empobrecen, al tener que aportar, para mantener a esos lacras. Lamentable.

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Palco de Prensa: El populismo

El populismo electorero, echó abajo el llamado Programa de Emergencia Para la Prestación Sustentable y Efectiva del Alumbrado Público, propuesto por el Alcalde Jorge Astiazarán Orcí.

Los integrantes de la Legislatura Estatal, levantaron un muro, dizque en defensa de los ciudadanos tijuanenses, para que no se les aumente el Impuesto al Alumbrado Púbico, con el que se pretende financiar dicho proyecto.

A cada usuario doméstico de energía eléctrica, se le cobran 8.00 pesos mensuales de Impuesto al Alumbrado Público. La propuesta, para financiar la reposición de 67 mil luminarias, sería incrementar 6.58 pesos, lo que sumaría un total de 14.58 pesos mensuales. El costo de un kilo de tortillas.

Los señores legisladores, de todos los partidos políticos, ostentándose como defensores de los tijuanenses, se pronunciaron en contra de ese incremento, equivalente a 2 centavos diarios.

Dicho en otras palabras, la defensa fue en contra de la palabra “incremento”, aunque irónica y lamentablemente, los condenaron a enfrentar el incremento de la inseguridad pública, que implica asesinatos, asaltos, robos a casa habitación, robos de vehículos y mayor delincuencia en general.

De 67 mil luminarias, existentes en toda la ciudad, el 20% están apagadas; un 46.6 % proporcionan una pobre iluminancia y serios problemas de mantenimiento; un 30% están en regular estado, pero con tecnología de aditivos metálicos, lo que provoca que con los cambios de voltaje, la vida útil de las mismas se reduzca considerablemente, con el consecuente problema de mantenimiento. Solamente un 3.4 %, o sea, 2,300 son de tecnología LED, que si tiene la capacidad de soportar cambios bruscos de voltaje.
El problema es complejo y su mantenimiento es costoso. El costo de reparaciones, en un período de 10 años, será de 532 millones de pesos. Costo que cubre la ciudadanía, a través de impuestos y derechos.

La reparación del 20 % de las luminarias, que están apagadas, tiene un costo de 13.6 millones de pesos, que también deben pagar los tijuanenses, vía impuestos y derechos.

El consumo de energía eléctrica, que paga el gobierno municipal, respecto al sistema de alumbrado público, es de más de 113 millones de pesos anuales. A 10 años, 1 mil 130 millones de pesos, que también habrán de pagar los tijuanenses.

Nada es gratis. Todo cuesta. Pero el sistema de alumbrado público, por pésimo y obsoleto, es mucho más caro. Modernizarlo, permitiría al Ayuntamiento ahorrar unos mil millones de pesos en 10 años. Información esta que se puede verificar, por los profesionales de la materia.

Pero eso quedó en una mera expectativa. Implicaba, para cada usuario de servicio eléctrico doméstico, pagar mensualmente 6 pesos más, agregados a los 8 pesos que paga actualmente.

“Felicidades” a los diputados, que salvaron a los tijuanenses de pagar esos 6 pesos adicionales, hecho este que implica una traición a la ciudadanía, porque se perpetuará y acentuará la oscuridad, lo que se traducirá en más asesinatos y mayor delincuencia.

¿Qué actitud asumirán, los candidatos en campaña, para los comicios del 2016, cuando reciban reclamos por la inseguridad pública, debido a la falta de iluminación? ¿Tendrán la honestidad de confesar, que eso fue “gracias” a la férrea “defensa” de sus legisladores, que se opusieron al programa de mejoramiento del sistema de alumbrado público, porque implicaba un incremento de 6 pesos mensuales en el Impuesto al Alumbrado Público ?

La mayoría de los compañeros de partido, de esos políticos, en el Congreso de la Unión, votaron a favor de la homologación del IVA, que implicó elevar la tasa del 11% al 16%, en prácticamente todos los productos y servicios. No solamente 6 pesos mensuales.

¿Acaso, con oponerse al incremento de 6 pesos mensuales, pretenden hacer constar que están arrepentidos, por la actitud asumida ante la propuesta de aumentar el IVA y ahora tratan de reivindicarse? Mero populismo electorero.

Tengan por seguro, que en campaña, hacia los comicios del 2016, van a presumir que “gracias” a ellos, no tuvieron que pagar 6 pesos más en el Impuesto al Alumbrado Público.

Pero, entonces, alguien les deberá observar, y restregar en la cara, que “gracias” a ellos, se acentuó la oscuridad y se incrementó la delincuencia. Con esos “amigos”, para que quieren enemigos.

Seguramente, el gobierno de Tijuana, tratará de mejorar, con sus recursos directos, el sistema de alumbrado público. Pero será insuficiente. Casi como querer aliviar o curar un mal crónico, a base de mejoralitos y curitas.

Al menos en el 2016, el tercero y último año de gestión del XX Ayuntamiento, encabezado por el Dr. Jorge Astiazarán Orcí, será poco lo que se haga al respecto.

Quien le suceda en el cargo, difícilmente se arriesgará a intentar revivir este proyecto. Cuando menos, no en el primer año, o sea en el 2017. Se la pasará meditando : “lo haré, no lo haré; lo haré, no lo haré”.

Tan malos son los populistas y demagogos, como los corruptos.

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Palco de Prensa: El Resbalón

 

Tremendo “resbalón” se dió el dirigente estatal del PRI, Chris López Alvarado. Tratando de parecer consciente y solidario con las clases populares, advirtió que el partido tricolor no permitirá ningún tipo de incremento en los impuestos locales o que los gobiernos de Baja california pretendan aumentar sus deudas.

El populismo no se le dá. Definitivamente. Con su postura, se lleva “entre las patas” –así se dice, cuando se opina o hace algo, atropelladamente- el Programa de Emergencia para la Prestación Sustentable y Efectiva del Alumbrado Público del XXI Ayuntamiento de Tijuana, que se pretende financiar con incrementos al Impuesto al Alumbrado Público.

Tijuana se está convirtiendo en una de las ciudades más inseguras del país. Básicamente, por la explosión demográfica, debido a la constante corriente migratoria, proveniente de las demás entidades federativas, reflejándose en aumento de desempleo, asentamientos irregulares en la periferia, mayor problemática social.

La insuficiente e ineficiente vigilancia policiaca y un sistema de alumbrado público deficiente. De un universo de 67,000 luminarias en toda la ciudad, el 20% están apagadas, un 46.6% proporcionan una pobre iluminancia y serios problemas de mantenimiento, el 30% están en regular estado, pero con tecnología de aditivos metálicos. Solamente un 3.4 %, o sea 2,300, son de tecnología LED.

El mantenimiento del alumbrado, es sumamente costoso, y dado lo obsoleto del equipo, cada día crece el número de las luminarias fuera de servicio.

Se dice que el 40% de los delitos que se registran, se localizan en zonas donde el sistema de alumbrado público es deficiente o inexistente.

Como la opción más viable, para atender esta problemática, el XXI Ayuntamiento de Tijuana, encabezado por el Dr. Jorge Astiazarán Orcí, propuso un programa especial, ya aprobado por el cabildo.

Se pretende instalar 73 mil luminarias con tecnología LED, para cuyo financiamiento se plantea incrementar 6 pesos mensuales, a cada usuario de energía eléctrica, en el Impuesto al Alumbrado Público.

El incremento está contemplado en la Ley de Ingresos 2016, ya enviada a la Legislatura Estatal para su análisis y aprobación.

Aunque el incremento es mínimo, casi simbólico, varios actores políticos, aprovechando el proceso electoral, se han pronunciado en contra.

Se niegan a reconocer que la oscuridad tiene un costo mayor. Cuesta, vidas humanas, agresiones, asaltos, robos a casas habitación.

Eso se entiende, por parte de los políticos que pretenden apuntalar su pobre trayectoria política, asumiendo el papel de defensores de las clases populares.

No se sabe qué responderán, cuando en campaña reciban reclamos y denuncias de los electores, por la creciente ola de violencia, por la nula iluminación y la deficiente vigilancia policiaca.

El alcalde de Tijuana, Jorge Astiazarán, es priísta. Se supone que recibiría apoyo unánime de parte de las dirigencias del PRI, lo mismo que de los legisladores locales, para realizar su proyecto emergente para renovar el sistema de alumbrado público.

Sobre todo, porque la vía de financiamiento, es el incremento de tan solo 6 pesos mensuales en el Impuesto al Alumbrado Público.

Pero Chris López, sin conocer el tema, sino simplemente para aparecer como solidario con las clases populares, advierte que el PRI no permitirá ninguna clase de incremento a impuestos. Con todo respeto “como el burro que tocó la flauta”.

Prácticamente, con tales declaraciones, está dando la consigna a los legisladores priístas y a sus aliados, para que rechacen la propuesta de Astiazarán, que implica aumentar 6 pesos mensuales en el Impuesto al Alumbrado Público.

Esto se llevaría a cabo en el 2016. Por eso el incremento en la Ley de Ingresos de dicho período fiscal.

De rechazarse el incremento, se tendría que intentar en el 2017 o quizás hasta el 2018. Mientras tanto, se reducirá aún más la capacidad de iluminación del sistema de alumbrado público. Y el índice delictivo se incrementará.

“Gracias” a Chris López. Quien adopta posturas populistas y demagógicas, que en este tema concreto resultarán contraproducentes.

Se trata de un incremento de 6 pesos mensuales, en el Impuesto al Alumbrado Público.

Esa misma postura “defensora de las clases populares”, debió adoptar, cuando se propuso la homologación del IVA, que implicó elevar del 11% al 16% la tasa del IVA en las ciudades fronterizas.

Antes de abrir la boca, debió interesarse en conocer el tema. Preguntar cuales son las condiciones en que se encuentra el sistema de alumbrado público y cuáles son los niveles delictivos, precisamente por falta de iluminación. Como dicen, “ya enseñó el cobre”.

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Palco de Prensa: En Caída Libre

Este martes, inicia el último mes del 2015 y el tercero y último año de los gobiernos municipales de Baja California. Se acaban los recursos, las expectativas, los proyectos, las esperanzas. Simplemente un final de caída libre.

Tanto como lanzarse de un avión en pleno vuelo, esperando el momento de tocar tierra. Sin nada que amortígue el golpe.

Cada vez es más deprimente el final de un ciclo gubernamental municipal. La problemática social aumenta, se agudiza y las administraciones municipales, cada vez son más incapaces de superar las expectativas.

Los que concluyen, llegan a su final, casi al límite del fracaso. Sus fallas, errores o excesos, trascienden más allá del punto de partida de la nueva gestión administrativa.

Aunque se opera en base a presupuestos anuales. El inicio del proceso electoral para la elección de los nuevos gobernantes, eleva las necesidades y por lo tanto el gasto. Los recursos se terminan antes de tiempo.

El año del cierre, es un período de promesas inconclusas. De tratar de terminar obras, proyectos y programas. No hay tiempo para empezar nuevas acciones. Los recursos ya no alcanzan.

Es un año de “vacas flacas”. Bueno, en sentido negativo, hay quienes le llaman “El año de Hidalgo”, por aquello de pen…itente el que deje algo.

Son muchos los factores que se conjugan y complican las cosas. El modelo tradicional de los gobiernos municipales, de tres años, ya resulta ineficiente. El primer año, de aprendizaje. El segundo, apenas se empieza a madurar las cosas, cuando inicia el tercero, el del cierre.

La falta de oficio político, de inexperiencia administrativa. La falta de capacidad profesional en materia de administración pública y en especial, la falta de honestidad, de los servidores públicos, se reflejan en pobres resultados.

Aquello que no se hizo en los dos primeros años, es difícil que se logre en el tercero.

Financieramente, los Ayuntamientos son entidades administrativas, prácticamente fracasadas. Las deudas heredades, son un pesado lastre que dificulta su operación.

Los pocos recursos disponibles, apenas alcanzan, para cubrir sus costos de operación y los intereses de los adeudos heredados y generados.

La única opción para realizar obras magnas, acordes al tamaño de la problemática social, es recurrir a empréstitos. Simples ilusiones ópticas, pues los montos iniciales, son bajos, frente a los montos que habrán de alcanzar 20 o 25 años después, según las fechas límites de pago, que tendrán que cubrir los futuros gobiernos.

A ese paso, llegará el día, en que los gobernantes, serán simples empleados administrativos. Administradores de deudas. Los ingresos públicos, serán notoria o marcadamente insuficientes, para cubrir los gastos básicos.

En la siguiente etapa, de este proceso decadente, los reclamos y necesidades sociales, cada día serán mayores. Incongruente e irónicamente, ante la insuficiencia de recursos, cada día será menor la prestación de servicios públicos.

Cada día, menos recolectores de basura. Cada día, menor número de policías vigilando la ciudad.

Los incrementos periódicos de impuestos y derechos, serán inevitables. El deterioro urbano y social en general, será más notorio.

Ya ningún político podrá prometer, que podrá hacer mejores cosas que los que están en turno y que aspiran a suceder en el cargo.

Salvo los hechos de corrupción, que lamentablemente parece que nunca terminarán, los funcionarios públicos, serán simples administradores de deudas.

Lo peor, que siendo año electoral el 2016, los políticos en campaña, aprovechan cualquier error o deficiencia, para hacer señalamientos con fines electoreros. Al final, de ganar los comicios, serán iguales, o peores.

La única alternativa, es reestructurar las administraciones públicas, transparentar su funcionamiento, eliminar gastos innecesarios o desviaciones, y verdaderamente combatir la corrupción. Mínimo, cárcel para los corruptos.

Ya no se puede, ni se debe, tolerar el saqueo de las arcas públicas. Es asqueroso que los políticos, pese a su solvencia económica, personal, hacen mal uso de los recursos públicos. La impunidad, genera más corrupción.

Así mismo, cabe subrayar que la corrupción existe, por las múltiples lagunas legales y por la poca voluntad política de los legisladores y gobernantes en general, para suplirlas y para dotar de “dientes” a las instituciones fiscalizadoras.

No obstante el deprimente panorama de la administración pública, es excesiva la temeridad de los políticos que en campaña aseguran que serán mejores gobernantes que los que están en turno. Al final de cuentas, actúan igual, o peor.

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Comentarios
Karvel Arq Carmen Velarde V
Karvel Arq Carmen Velarde V Con todo respeto no debemos generalizar..habemos servidores públicos honestos y preocupados por las causas sociales…por atender en forma justa y transparente a nuestros ciudadanos contribuyentes habemos servidores públicos que estamos luchando por uVer más

Karvel Arq Carmen Velarde V ha respondido · 5 respuestas
Hector Haros
Hector Haros Gobiernos vienen,gobiernos se van,y el pueblo siempre con la esperanza de que el que sigue salga bueno y se repite la historia una y otra vez.
Creó. Que si juzgáramos a nuestra gobernantes no perdonándoles sus pilladas,latrocinios e incapacidad de gobernar.
Creó que más de cuatro lo pensarían antes de lanzarse como candidatos

Juanjo Corher
Juanjo Corher Vergüenza les debería de dar muchas promesas y nada por aquí por delicias y sus alrededores el munícipe cuando candidato prometió mucho y nada a cumplido alumbrado publico recolección de basura reubicación de un sobre ruedas más vigilancia y más y hasta la fecha nada con el pretexto que no esta entregado al ayuntamiento y me pregunto para que tantas promesas

Lic Imelda Almanza
Lic Imelda Almanza Lamentablemente la evaluación es general. La evaluación no puede ni debe medirse por secciones. Las metas y propósitos al inicio de un gobierno son generales, es un programa público, es el reto que se trazó quien gobierna, si no lo logra, la medición yVer más

Roberto Quijano
Roberto Quijano Triste realidad ..ojalá y pudiéramos decir otra cosa….decepción total!

Yahaira Garcia Hernandez
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Palco de Prensa: Los partiditos

 

El dirigente estatal del Partido Encuentro Social, Luis Moreno Hernández, remitió un escrito a los integrantes del cabildo del XXI Ayuntamiento de Tijuana, para hacerles saber que la regidora Martha Leticia Castañeda Rojas, ya no representará a dicha organización política ante el órgano de gobierno municipal.

La condición de regidores, integrantes de un cabildo, se adquiere, como representantes de los partidos que participan en un proceso electoral. En su mayoría, formando parte de la planilla ganadora. Los demás, representando a cada uno de los partidos perdedores.

¿Qué pecado cometió la regidora Castañeda ?

Pues algo “gravísimo”. El haber votado a favor del dictamen de la Comisión de Hacienda del cabildo, que proponía incrementar en 6 pesos bimestrales, el impuesto sobre Alumbrado Público, mediante el cual se pretende financiar la renovación del alumbrado público de la ciudad.

Bueno, también le agregan otros “pecadillos”, como el ostentarse como independiente, después de que llegó a dicha posición, representando al PES.

¿Esta determinación, afecta en algo las facultades o funciones de la regidora Castañeda?

No, en ninguna forma. Ella seguirá fungiendo como tal, durante todo el tiempo de la gestión de la presente administración municipal.

Entonces, ¿cuál es el efecto de dicho desconocimiento?

Simple y sencillamente, que la regidora Castañeda, ya no representará al PES, Partido Encuentro Social, en el cabildo del XXI Ayuntamiento de Tijuana, y se hace constar que el organismo político, no está de acuerdo en el incremento de 6 pesos bimestrales, el impuesto al alumbrado público.

Aunque afirmen lo contrario, para los dirigentes del PES, la regidora Castañeda no tenía la libertad para decidir votar a favor de dicha propuesta. Dicho en otras palabras, debió acatar, incluso contra su voluntad, las consignas partidistas.

Este es el sentido de la partidocracia. Quienes realmente gobiernan, son los que ostentan las dirigencias partidistas. Quienes les representan, en los órganos de gobierno, son simples monigotes, sin voluntad, ni criterio propio. Al menos eso dan a entender.

Pero no solo eso. Por simples posturas electoreras, los dirigentes partidistas se pronuncian en contra, o a favor, de actos o programas, que supuestamente pretenden solucionar o aliviar la problemática social.

Quienes se han manifestado en contra del incremento de 6 pesos bimestrales, en el impuesto al alumbrado público, para el financiamiento de la renovación de las luminarias de Tijuana, no han mostrado interés, por conocer la gravedad del problema de falta de iluminación, ni plantean propuesta alguna sobre opciones distintas al incremento aprobado.

La última palabra, sobre este tema, se dirá, cuando la legislatura estatal apruebe la ley de ingresos 2016, para el ayuntamiento de Tijuana. O bien, si se dicta alguna resolución judicial en contra.

Si tal incremento, queda sin efecto, al menos durante 2016, el gobierno municipal no tendrá recursos, para aliviar las deficiencias del sistema de alumbrado público de la ciudad y, por el contrario, se agudizarán.

Tarde que temprano, Tijuana quedará en tinieblas. Gracias a sus “defensores”, que se oponen al incremento de 6 pesos bimestrales, al impuesto del alumbrado público.

Aquellos que no entienden, que si se les hace caro iluminar a Tijuana, se niegan a reconocer que es mucho más cara la oscuridad. Si a media luz, e incluso a plena luz del día, el índice delictivo es sumamente elevado, al amparo de la oscuridad, este será un pueblo sin ley.

Ni siquiera encendiendo una veladora en cada casa, diariamente, ocurrirá el milagro de que la ciudad se ilumine. Y esto sería más caro, que el pretendido incremento de los 6 pesos bimestrales.

Tal vez, una opción válida, sería suprimir a los partidos chiquitos, que implican un altísimo derroche de recursos, que atienden solamente los caprichos e intereses de sus dirigentes y que no aportan nada para aliviar o solucionar la problemática social.

Una verdadera reforma electoral, debería “subir la canasta”, para que ningún grupúsculo de políticos oportunistas y vividores, integren nuevos partiditos, que cuestan mucho más que las soluciones a los problemas sociales.

Si los dirigentes del Partido Encuentro Social, realmente se preocupan por los tijuanenses, y quieren ayudar a solucionar los problemas sociales, que renuncien a la posibilidad de seguir siendo organización política o cedan a favor del programa de renovación de luminarias, las cantidades de dinero que reciben como prerrogativas y que, al final de cuentas, directa o indirectamente cubre la ciudadanía, pues son recursos públicos.

Cualquier otra cosa que digan o hagan, son meras hipocresías, falsedades, simulaciones. Ni les queda, que se anden rasgando vestiduras. Nadie les cree.

Los partiditos, son un mal, no una solución.

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Palco de Prensa: Las especulaciones

 

Las especulaciones, que se convierten, la mayoría de las veces, en satanización o linchamiento social, surgen, principalmente, por la falta de transparencia e información, respecto de los actos de administración. Básicamente.

También surgen, debido al conocimiento que se tiene, respecto a las prácticas, usos y costumbres del sistema político mexicano, que hace suponer, que en todos los actos de gobierno, e incluso políticos, hay un trasfondo.

La clausura del casino del exalcalde priísta, Carlos Bustamante Anchondo, es uno de los temas que más especulaciones ha generado. Ya se había anticipado algo al respecto, pues desde el inicio de la presente administración municipal, se advirtió de la pretensión de poner a funcionar esa casa de juegos, en base a autorizaciones o trámites realizados en los últimos días de la administración de Bustamante.

Ya entonces se observaba, que la apertura sería, en base a concesión otorgada a una empresa, por la Secretaría de Gobernación, para operar en varios puntos del país, menos en Baja California, como al parecer fue la razón de la clausura.

Se dice que incluso se actuó a petición de la Secretaría de Gobernación, para que se procediera a verificar el uso adecuado de la concesión o permiso, pues al parecer no coincidía el nombre de la concesionaría, con el de la explotadora u operadora del casino.

Lo que no se explica, es la razón por la cual, tratándose de una actividad que es competencia del gobierno federal, no intervino directamente la Secretaría de Gobernación, auxiliada por la Policía Judicial Federal y las autoridades municipales sirviendo solamente como auxiliares.

Luego surge la versión, de que ese tipo de irregularidades, también existen en los casinos del grupo Caliente, propiedad de Jorge Hank Rhon, como reclamando aquello de “todos coludos, o todos rabones”.

En la mayoría de las especulaciones, en torno a este asunto, aparecen tres actores políticos involucrados. Coincidentemente los tres de filiación priísta. Dos de ellos exalcaldes de Tijuana, Carlos Bustamante y Jorge Hank Rhon, y el actual alcalde, Jorge Astiazarán Orcí.

Estando en marcha el proceso electoral hacia los comicios del 2016, este es un asunto complicado para el priísmo. Pero las dirigencias partidistas, no parecen interesadas en poner orden. La proclamada unidad partidista, en la práctica se desdibuja, con una batalla de intereses políticos y económicos.

Y no solo eso. Queda en entredicho, la autoridad municipal. Muchos dicen y piensan, que el Ayuntamiento de Tijuana está al servicio de los intereses de Hank Rhon. Pero el solapar las irregularidades del casino de Bustamante, tampoco sería lo correcto.

Dicen que “cuentas claras, amistades largas”. Si el Alcalde Astiazarán, quiere evitar que continúen este tipo de especulaciones, debe manejar este asunto con toda claridad y transparencia.

No es difícil. Citar a conferencia de prensa y mostrar a los periodistas el expediente relativo al casino de Bustamante. De paso, las constancias que acrediten que las casas de juego de Hank Rhon, operan, conforme a la ley. Los simples boletínes o comunicados de prensa, no bastan.

Tijuana requiere de autoridades firmes y contundentes. Sin tolerancias, ni encubrimientos o solapamientos. Sin excesos, pero a la vez sin simulaciones.

Lo mismo se puede decir, respecto al proyecto del Zócalo 11 de Julio, cuyas obras se realizaban al margen de la ley y de manera arbitraria. Por eso se le identifica como “La Plaza del capricho”.

Lo promovían particulares, pero en predios de dominio público. Sin contar con las autorizaciones correspondientes, del gobierno municipal de Tijuana. Y sin embargo, no se les frenaba, hasta que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, decreta la clausura.

Ahora resulta, que la obra la realiza el gobierno estatal y que, ante la falta de recursos, se dice que se buscará continuar el proyecto, mediante asociación con particulares. Para que capitales privados inviertan en el “Zócalo, resulta evidente que se trata de un negocio. Lo que tanto se empeñaron en negar.

Las especulaciones en torno a este proyecto, pintaron pésimamente a las autoridades estatales y municipales. No menos peor le fue a la promotora, la empresaria de medios, Carolina Aubanel Riedel, que aspira a la Alcaldía de Tijuana, por la vía de los independientes. Que lo intente y comprobará el cúmulo de “simpatías” que ha generado en su contra.

Las especulaciones al respecto, se hubiesen evitado, si el asunto fuera manejado con claridad y tansparencia. El no hacerlo así, evidencia las aberraciones e irregularidades en que se incurrió.

La opacidad, no solamente genera especulaciones, sino también desconfianza y sospechas, en los actos de autoridad. Con tales actitudes, valga la redundancia, la autoridad, pierde autoridad.

Se habla de cambio. De la necesidad de reivindicar a los políticos. Pero eso, no debe ser un proceso a futuro. Las autoridades actuales deben cambiar, deben ser claras y transparentes, ahora, no en el futuro.

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